TLAXCALA, Tlx. (apro).- Hace más de nueve años, Keren Ordoñez fue detenida y torturada para que aceptara su participación en un secuestro cometido en Tlaxcala, aunque ella en ese momento vivía en Xalapa, Veracruz, y estaba convaleciente de un embarazo y parto de alto riesgo, apunta su defensa, encabezada por el Centro ProDH. 

Este miércoles 26 de febrero es la última audiencia en el Poder Judicial de Tlaxcala para que la Sala Penal elabore la sentencia que otorgue la libertad a Keren o, en caso contrario, ratifique la sentencia de 50 años de prisión por el delito de secuestro. 

Si más adelante se confirma la sentencia, el Centro ProDH buscará un amparo directo para revertir la decisión del Tribunal, sin embargo, esto significaría que Keren pase por lo menos otro año más detenida en Apizaco, Tlaxcala, lejos de su familia y de su hija, con quien no ha podido convivir. 

De acuerdo con Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, casos como el de Keren demuestran el incumplimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de prevención de la tortura y violencia de género en contra de las mujeres. 

Detenida y torturada 

Keren tenía 19 años, acababa de terminar la preparatoria, cuando quedó embarazada de su novio, un chico aún menor de edad. Desde los primeros meses de gestación tuvo complicaciones que la llevaron a estar en cama en varios momentos, su parto fue una cesárea de emergencia y tuvo que permanecer en reposo semanas después. 

Debido a que su entonces pareja no participó ni en los cuidados de la bebé ni económicamente con su manutención, Keren decidió buscarlo y él la citó en un domicilio de la ciudad de Xalapa. Era diciembre de 2015 cuando ella salió con la bebé en los brazos y caminó unas cuantas calles hasta el lugar indicado, mientras esperaba a que él saliera unos hombres armados arribaron, eran agentes de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala. 

Los policías detuvieron a su expareja, a otro sujeto y a la propia Keren, aunque nunca le dijeron cuál era el delito del que se le acusaba. Desde ese momento la joven fue objeto de tortura, como la separación de su bebé, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia y amenazas de hacerle daño o desaparecerle a su hija. Durante 11 horas la interrogaron por el secuestro de una mujer y, sin informar a sus familiares o algún defensor de oficio, fue trasladada a Tlaxcala. 

Bajo amenaza de hacerle daño a su hija, Keren fue obligada a firmar una declaración donde se incrimina por el delito. Mientras tanto su bebé permaneció “detenida” todo ese tiempo, hasta que el juez pidió la intervención del DIF estatal para llevarla a sus instalaciones. La familia de Keren empezó a buscarlas y 14 días después pudieron recuperar a la bebé, quien tenía lesiones en la piel por posible sarna. 

Sentenciada sin pruebas 

A pesar de que las pruebas que inculpan a Keren fueron obtenidas de forma ilegal por la tortura, según apuntó Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro ProDH, en 2019 Keren fue sentenciada a 50 años de prisión. En tanto que su expareja, quien estaba a meses de cumplir la mayoría de edad, recibió una pena de 4 años y a la fecha ya recuperó su libertad. 

Pérez Rodríguez explicó durante una entrevista que si bien a Keren se le concedió un amparo en 2021 para reponer el proceso, no se estudió el fondo, sino que sólo se hicieron algunos careos y por ello se le volvió a sentenciar en septiembre de 2024. Es por ello que en esta nueva apelación se tiene prevista una audiencia para mañana, donde la magistrada que hará el proyecto de sentencia podrá valorar sus alegatos de fondo. 

Los argumentos que el Centro ProDH quiere que se tomen en consideración son que: 

• 1. A Keren no se le juzgó con perspectiva de género según los estándares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana, pues el juez que la condenó no tomó en cuenta su situación de vulnerabilidad como mujer joven precarizada y con fuerte dependencia económica de su entonces pareja. 
• 2. A pesar de que el juez desechó la declaración de Keren Ordoñez debido a su puesta en disposición 7 horas después de su arresto y actos de tortura, hay pruebas obtenidas de forma ilegal que no han sido descartadas, como es el informe de los propios policías ministeriales. 
• 3. El proceso se sostiene por declaración de la víctima, que no está firmada ni tiene huellas dactilares, lo que hace dudar de su certeza jurídica, y que en los careos no ha señalado a Keren como su victimaria.

Con esto “ya no hay pruebas en contra de Keren, y no se puede tener a una mujer en prisión sin pruebas y por un delito que cometieron otras personas”, expresó el abogado. 

Tras la audiencia de mañana se tiene aproximadamente un mes para que la magistrada de la Sala Penal haga su proyecto, aunque dependerá de si la funcionaria toma en cuenta la complejidad del caso e incluye perspectiva de derechos humanos y género. 

En caso de que Keren sea condenada, el Centro ProDH interpondría un amparo directo para que un Tribunal colegiado revise el caso. Sin embargo, desde la perspectiva de Pérez, “no hay necesidad de alargar más el proceso” y en esta instancia evitar que la joven pase más tiempo privada de la libertad, sobre todo tomando en cuenta los posibles atrasos que conlleve la elección del poder judicial. 

Tortura es habitual 

Melissa Zamora Vieyra, también abogada del Centro ProDH, señaló en un foro en la Universidad Iberoamericana de Puebla, que la tortura de mujeres para que se autoincriminen de delitos, como ocurrió con Keren, es una práctica común por parte de las autoridades mexicanas de todos los niveles, desde municipal hasta federal. 

Ejemplo de ello es que el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de su Libertad en México, elaborado por la Secretaría de Gobernación federal en 2022, evidenció que el 25.6% de las entrevistadas consideró ser víctima de tortura sexual; 12.5% sufrió violencia sexual, sin haberla reconocido como tal; el 22.26% fue sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el 12.10% a tortura sin violencia sexual. 

Amnistía Internacional reportó, a su vez, en 2016 que de 100 mujeres detenidas que entrevistaron 73 reconocieron haber sido objeto de abuso sexual durante su arresto o en las horas posteriores y 33 habían sido violadas, esto con el fin de obtener confesiones. A pesar de ellas 66 denunciaron los abusos ante un juez u otra autoridad, sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. 

La académica Rosario Arrambide sostuvo, en el mismo evento, que en los casos de mujeres de mujeres detenidas de forma arbitraria y torturadas hay impactos fuertes también para sus familias y para sus comunidades, por ello sería importante que no haya impunidad.