CANCÚN (apro).- Un juez federal decidirá el lunes la situación legal de socios y directivos de Aguakán, empresa que controla el suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, quienes, tras ser denunciados penalmente por lavado de dinero, señalan al gobierno de Quintana Roo de orquestar un hostigamiento jurídico. 

Se trata de la concesionaria que suministra el recurso hídrico a más de un millón y medio de habitantes en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde se ubican los destinos turísticos más grandes del país, con alrededor de 124 mil cuartos de hotel. 

El próximo lunes, los socios y directivos de la concesionaria se presentarán ante un juez de control del Centro de Justicia Penal de Quintana Roo que los requirió para una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). 

Llegarán a la audiencia protegidos con suspensiones de amparo contra cualquier tipo de detención, en caso de que el juez federal determine imponerles prisión preventiva como medida cautelar. 

A finales de 2024 y principios de este año, los integrantes de la plana mayor de Aguakán tuvieron conocimiento de órdenes de aprehensión venidas de la FGR y emisión de fichas rojas de la Interpol. 

Tras estos actos, Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil propietaria de Aguakán, anunció el presunto hostigamiento jurídico implementado por el gobierno quintanarroense y confirmó denuncias penales por lavado de dinero. 

Según Aguakan, esto se debió a la entrega de mil 55 millones de pesos en 2014 a favor del gobierno estatal, cuando se autorizó la ampliación de la concesión del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053. 

La empresa alega que la firma del contrato se hizo con toda la legalidad, aunque el actual gobierno, emanado de Morena, señala que los servidores públicos que participaron en la operación no estaban autorizados para ejecutar la entrega de la concesión. 

Los funcionarios de aquel tiempo, incluido los integrantes del Congreso de Quintana Roo, estaban controlados por el exgobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso en el estado de Morelos; sin embargo, muchos de ellos que firmaron la entrega de la concesión, actualmente militan en Morena, instituto político que los ha colocado en diversos puestos públicos. 

Aguakán ha sostenido que la gobernadora Mara Lezama Espinosa ha sido mal informada sobre los hechos por los que es investigada la empresa. 

En respuesta, la gobernadora quintanarroense confirmó que existe la disputa por la vía penal para el retiro de la concesión de Aguakan, pero se negó a dar más detalles por el sigilo del proceso legal. 

Origen de la disputa 

En diciembre de 2023, los integrantes del Congreso de Quintana Roo aprobaron concluir la concesión del suministro de agua potable en cuatro municipios de este estado, pactado su término originalmente hasta el 2053. 

Los legisladores señalaron incumplimientos del contrato de concesión y dieron a conocer la intención de regresar el control del suministro del agua al gobierno estatal. 

Inmediatamente Aguakan tramitó una demanda de amparo y logró que un juez federal detuviera definitivamente la cancelación de la concesión. Días después, el gobierno sostuvo que la medida la obtuvo con la presentación de presuntas pruebas falsas. 

El gobierno buscó ingresar a sus cuentas para fiscalizar los recursos monetarios entrantes por la prestación del servicio; no obstante, Aguakan, mediante amparos, se ha negado a abrir sus archivos, según expedientes consultados.