SOTO LA MARINA, Tamps. (apro).- La alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, se encuentra en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en redes sociales donde defiende el cobro “voluntario” para ingresar a la playa La Pesca, mientras aparece sosteniendo un cuchillo durante su intervención. 

En la grabación, la edil explica que la cuota de 70 pesos por vehículo, así como la entrega de un juguete, no son obligatorias, reiterando en varias ocasiones que se trata de una aportación opcional para quienes visitan el destino turístico. “Es voluntario. Si no lo quieren dar, no pasa nada”, señala, al tiempo que asegura que los visitantes podrán acceder sin restricciones. 

El aspecto que más llamó la atención fue la forma en que transmitió el mensaje, ya que se encontraba en una cocina preparando alimentos y utilizando un cuchillo para enfatizar sus palabras. En algunos momentos, incluso golpea una tabla mientras deletrea la palabra “voluntario”, lo que generó diversas interpretaciones entre los usuarios. 

?? #México | La alcaldesa morenista de #SotoLaMarina #Tamaulipas Glynnis Jiménez Vázquez, no solo abre polémica por defender un cobro de 350 pesos por vehículo para entrar a Playa La Pesca; la agravó con una puesta en escena grotesca: cuchillo en mano, golpes a la mesa y discurso… pic.twitter.com/f5uK3j0BVg

— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) March 20, 2026

El video rápidamente se viralizó, provocando reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos defendieron la intención de obtener recursos para el mantenimiento del área, otros cuestionaron tanto la forma como el fondo del mensaje, al considerar que podría interpretarse como una presión indirecta hacia los visitantes. 

Horas después de la controversia, el material fue eliminado de las cuentas oficiales de la alcaldesa sin que, hasta el momento, se haya emitido una postura pública más amplia que aclare la situación o justifique su retiro. 

Cabe recordar que el cobro por acceso a la playa La Pesca había sido suspendido desde hace aproximadamente nueve años, por lo que su reactivación ha generado inconformidad entre turistas y habitantes de la región, quienes consideran que se trata de un espacio público. 

El caso ha reabierto el debate sobre la legalidad y transparencia en este tipo de cuotas, así como sobre la forma en que las autoridades comunican decisiones que impactan directamente en la ciudadanía y en la actividad turística local.