HIDALGO (apro) .- Tras el fallo de una licitación pública que otorga un contrato por 662.4 millones de pesos para el arrendamiento, por dos años, de 80 unidades del sistema de transporte Tuzobús –un promedio de 8.2 millones de pesos por cada vehículo–, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dijo que “dentro de los análisis financieros” de este procedimiento que llevó a cabo la Oficialía Mayor “fue lo que convino más” al estado, en lugar de invertir en parque vehicular propio. 

“Participaron empresas nacionales: una que tenía buenas condiciones está multada por el gobierno federal; está inhabilitada y no pudo participar. Fue una licitación abierta en la que están las mejores condiciones”, expuso el mandatario, al asegurar que la empresa ganadora fue la que presentó la mejor oferta. 

De acuerdo con el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, la firma ganadora, Rommify Capital S.A. de C.V., ofertó el servicio por 662 millones 421 mil 775.25 pesos. Con ello, superó las propuestas económicas de 625 millones 914 mil 760.91 pesos, presentada por Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles S. de R.L. de C.V., y la de 431 millones 976 mil 805.17 pesos, a cargo de Jet Van Car Rental S.A. de C.V., la cual, sin mencionar su nombre, es posiblemente a la que se refirió el gobernador respecto a un proceso sancionador. 

Ambas fueron descartadas por “no cumplir con las especificaciones técnicas”, en tanto que el dictamen a favor de Rommify dice que presentó “precio conveniente de acuerdo con el techo presupuestal asignado (por el gobierno) para dicho concepto”. 

Jet Van Car Rental fue inhabilitada por un año a partir de enero de 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal; no obstante, ha sido recontratada en gobiernos como el de Nuevo León y el de Texcoco, Estado de México. 

Con los sectores federales de los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación (4T) había acumulado pedidos, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también la refirió en un posible daño económico a la hacienda pública a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex): 8 millones 935 mil 828 pesos por no acreditar la ubicación y custodia de 15 vehículos bajo su responsabilidad. 

Menchaca Salazar fue cuestionado sobre un posible conflicto de interés en el contrato asignado a Rommify Capital S.A. de C.V., debido a que versiones periodísticas sugieren una posible participación del empresario Juan Carlos Martínez Domínguez, secretario general del patronato del sistema DIF Hidalgo. 

—¿Pertenece esta empresa a Juan Carlos Martínez? 

—No lo sé, es una situación en la que el punto de decisión lo tienen el Comité de Compras y la Oficialía Mayor, y si fuera, y si alguien siente que hay algún conflicto o alguna irregularidad, y tiene los elementos… se consideró que fue la mejor oferta.   

En Hidalgo, Rommify Capital, representada por Luis Ricardo Guinea Prado, ha recibido contratos del propio sistema DIF Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado (ASEH), la Oficialía Mayor y ayuntamientos como Pachuca, Tula y Mineral de la Reforma –los tres, con gobiernos emanados de Morena–. 

Asimismo, Guinea también ha sido representante legal de Green Movi SAPI de C.V., otra firma que ha recibido contratos gubernamentales desde el sexenio del hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses. 

El gobernador Menchaca planteó que el pago de 662.4 millones incluye mantenimiento, refacciones y servicios relacionados con la operación de los autobuses modelo Euro VI, 38 con capacidad para 50 pasajeros y 42 con asientos para 80; en ambos casos, modelo 2026. Anticipó un cambio de identidad gráfica y otras modificaciones en el sistema de transporte capitalino. 

El primer lote de unidades, arrendadas del primero de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2028 será para rutas alimentadoras, en tanto que las 42 restantes, cuyo plazo corre del primero de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028, se emplearán para la ruta troncal del Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah). 

Aunque la licitación no lo establece, el jefe del Ejecutivo estatal planteó que, al término del contrato, podrían adquirirlas, sin especificar pagos adicionales y cómo realizarían la transacción. 

“Lo que mencioné es que la idea es que al terminar la administración sean propiedad del estado”, indicó. 

—¿Se haría otro pago? 

—Es un sistema de financiamiento que se revisó con tasa interna de retorno; es como cualquier arrendamiento, con las mejores ventajas para el estado— reiteró el exsenador, sin precisar el mecanismo mediante el cual las unidades podrían ser parte del patrimonio estatal u otros posibles costos.