HIDALGO (apro).- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que la complicidad municipal y estatal ha permitido el crecimiento del crimen organizado en Hidalgo. 

Sin embargo, no mencionó autoridades concretas, como miembros de corporaciones de seguridad y mandos administrativos, en ayuntamientos y a nivel entidad, que estuvieron, o estarían, posiblemente implicados. 

Asimismo, no confirmó carpetas de investigación iniciadas contra autoridades anteriores o actuales por supuesta colusión con organizaciones dedicadas a actividades delictivas como el robo de hidrocarburos a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), delito en el que Hidalgo ascendió al primer lugar nacional desde 2018. 

“Nunca se combatieron, hubo complicidades, por eso las cosas no trascendían a una situación tan complicada como el enfrentamiento de grupos”, sostuvo el mandatario al hablar sobre la violencia en el municipio de Tula, donde la madrugada del sábado 29 de noviembre un comando armado atacó el bar “La Resaka”, con un saldo de, al menos, seis muertos –cuatro en el sitio y dos en hospitales– y el mismo número de heridos.  

Cuestionado sobre las complicidades que referió, Menchaca Salazar afirmó que han sido “por acción y por omisión; cuando no se combate eficientemente, cuando se deja, digamos, por apatía o por miedo de estar combatiendo, pues va creciendo; entonces, eso es lo que se ha venido dando en el transcurso del tiempo, y de muchos años”. 

“¿De los gobiernos, municipal, estatal?”, se le preguntó. “De los dos”, dijo el gobernador, quien después fue cuestionado sobre si, dada la afirmación, hay o habría algún procedimiento contra servidores públicos por algún tipo de delito relacionado con la protección al crimen organizado.  

“Siempre que se tengan los elementos para integrar una carpeta, se hace”, añadió. 

—¿Hasta ahora se tienen elementos? 

—Debemos de ser muy serio en la integración de las carpetas… —respondió, sin más pormenores en ese momento, durante una entrevista posterior a la entrega de tabletas a estudiantes del nivel medio superior, en un evento realizado en la Plaza Juárez de Pachuca.  

Inquirido después, nuevamente, sobre complicidades de mandos de seguridad o autoridades de los ayuntamientos y el estado, el gobernador añadió: “cuando yo tenga los elementos, cuando particularmente la procuraduría tenga los elementos, en cualquier caso, es obligación no convertirlo en discurso, sino convertirlo en carpeta y además darle toda la seriedad para que sea judicializado”. 

Sobre la complicidad que refería, agregó: “no hay otra forma de explicarse cómo creció la organización criminal; eso es también parte de la lógica. O sea, no vienen de repente en un instante, en una semana, vienen y se organizan los grupos, saben en dónde se conectan (de los ductos para drenarlos), saben en dónde roban el combustible, cómo se establecen; cómo hacen, además, en esa organización una extensión al cobro de piso, al robo y otro tipo de actividades. No se da de la noche a la mañana. 

“Es una consecuencia de un tiempo, y después se da otro elemento que es el conflicto entre grupos, por eso le puedo afirmar que no es una situación que surgió ayer; ni siquiera en una, dos o tres administraciones anteriores, es una situación yo creo desde que está la refinería (Miguel Hidalgo, en Tula de Allende)”, aseveró. 

Aunque reconoció fallecimientos y que “hay algunas personas que están gravemente lesionadas” por la agresión armada en el bar “La Resaka”, el jefe del Ejecutivo estatal no dio más información sobre el ataque en Tula, porque, comprometió, el Gabinete de Seguridad proporcionará los datos pormenorizados del acontecimiento, que, al menos, ha dejado seis víctimas mortales, aunque las autoridades no han emitido oficialmente un saldo de las acciones del comando, que también roció gasolina en el centro nocturno en el que adentro había heridos y sobrevivientes, pero, finalmente, no lo incendió. 

El exsenador también mencionó que ningún otro alcalde ha solicitado protección personal, “sólo los que hemos mencionado”, en referencia a dos que hicieron la petición previa, por la incidencia delictiva en sus municipios y tras el asesinato a tiros de Miguel Bahena Solórzano, edil de Pisaflores, el pasado 20 de octubre. 

Una de ellas, la alcaldesa de Tepeji –municipio aledaño a Tula–, Tania Valdez Cuellar, después de señalamientos en mantas colgadas en diferentes puntos de su ciudad el pasado 6 de octubre, las cuales referían un supuesto incumplimiento de acuerdos y nexo con un grupo delictivo, lo cual ella negó. 

A partir de entonces contó con resguardo de elementos de la Guardia Nacional; no obstante, tras amenazas vía telefónica y luego del homicidio de Bahena, pidió también la protección estatal. 

Sobre el atentado en Tula, Menchaca anticipó que “hay otros elementos” a considerar en las investigaciones y que, con su Gabinete de Seguridad, antes de la conferencia anunciada, checaría datos que le proporcionaron ayer, sin profundizar más sobre los móviles del comando, la identificación de las víctimas y de los agresores. 

De igual forma, reconoció que es necesario el “fortalecimiento” de las acciones de seguridad, luego de que, en agosto, tras asesinatos violentos registrados en la región de Tula, entre ésos el del 6 de agosto al interior de un domicilio en la colonia San Lorenzo, que dejó cuatro muertos a manos de otro comando, ya se había replanteado la estrategia de seguridad. 

“Vamos, esto no es de ahora, desafortunadamente; tampoco es una excusa. Son situaciones en donde la integridad de las personas está en riesgo y ahí debe de desplegarse toda la fuerza del Estado, pero desafortunadamente no solamente en la región de Tula, se da en un corredor en donde pasan los ductos, particularmente, y se han generado a través del robo de combustible otras actividades criminales”, expuso.   

Menchaca Salazar consideró “focos amarillos”, por hechos delictivos de alto impacto, la región de Tula y el municipio de Cuautepec, “donde más tomas clandestinas se han localizado en el transcurso del tiempo”, además de insistir en la disputa criminal por el territorio como el origen de los acontecimientos violentos registrados en la entidad.