SALTILLO, Caoh., (apro) .- Juan Carlos Guzmán Escobedo, nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila, señaló que es muy lamentable que irregularidades, consideradas como actos de corrupción en distintas administraciones y niveles de gobierno en Coahuila, lleguen a 14 mil 588 millones de pesos. 

Con cifras de la Auditoría Superior del Estado (ASEC) en las cuentas públicas del 2013 al 2022 y en su informe de seguimiento del 2024, el órgano fiscalizador ha interpuesto denuncias por una afectación hacia el erario público que equivale a poco menos de la mitad de la deuda pública de la entidad, que actualmente asciende a 37 mil millones de pesos. 

Refirió también la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2023 que publicó el INEGI y en la cual el 77.6 por ciento de la población mayor de 18 años percibió que son muy frecuentes o frecuentes los actos de corrupción en Coahuila. Él consideró que estos hechos privan a la sociedad de tener un estado de bienestar.  

“Si a pesar de todo las cosas no cambian, llegará el momento en que la sociedad no podrá tolerar que la corrupción siga paseándose en los puestos públicos cobijada por la impunidad o, peor aún, por el fuero. La sociedad requiere coordinación para que, de existir actos de corrupción se han investigados y en su caso haya sanciones y recuperación de activos Y por supuesto que la sociedad reclama coordinación en la implementación de acciones para fortalecer las instituciones”, fue su mensaje al tomar las riendas del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Sostuvo que hay casos de más de una década que no están resueltos, a pesar del gran desvío de recursos que se considera por la Auditoría Superior del Estado. 

Señaló que las autoridades deberían de dar a conocer si hubo mal manejo del erario público, pero también las sanciones que se han aplicado y si se recuperaron recursos económicos y a cuánto ascendió la reintegración de los activos. 

Guzmán Escobedo reconoció que no todas las acciones emprendidas por el órgano fiscalizador están relacionadas con actos de corrupción y muchas de ellas son faltas administrativas. 

“Yo creo que con capacitación fomentando la ética pública y tratando de que los funcionarios públicos actúen de manera correcta y apegados a la ley se puede lograr. Ellos, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa son los responsables de sancionar los actos de corrupción y nosotros estaremos muy al pendiente de que estas instituciones cumplan con sus obligaciones de ley; o sea no se les pide otra cosa más que cumplan con sus obligaciones”, señaló. 

En eso coincidió la presidenta saliente del Consejo de Participación Ciudadana, Yolanda Montes Martínez, quien reconoció que la estructura anticorrupción en Coahuila no está completa, a siete años de iniciada, y cada dependencia actúa por su cuenta sin considerar la participación de la sociedad. 

“Es importante reconocer que aún existen retos para que sus instituciones se consoliden plenamente como parte de una misma estructura y para que logren identificar la participación ciudadana efectiva, una herramienta clave para fortalecer la confianza y la gobernanza. Todavía se observan prácticas de trabajo independiente y una falta de plena alineación con las agendas aprobadas por el mismo Comité Coordinador”, dijo. 

Montes Martínez señaló que para evitar duplicidades se deben fomentar la capacitación la comunicación y la labor preventiva de manera conjunta para que las instituciones con atribuciones específicas “concentren sus esfuerzos en tareas sustantivas e impostergables como son la investigación la sanción y la recuperación de activos".