QUINTANA ROO (apro).- Una impugnación fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo que beneficiaron a Heyden Cebada Rivas, presidente del Poder Judicial local, quien a pesar de que no participó en la pasada elección judicial continúa en el cargo.  

Se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la que se suma otra impugnación contra otros artículos de la misma ley orgánica, que fue presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.  

Los diputados del Congreso de Quintana Roo elaboraron en agosto pasado una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial local que benefició en dos artículos a Cebada Rivas, quien debió haber sido electo como presidente del órgano judicial por ciudadanos quintanarroenses y no por magistrados como quedó establecido, de acuerdo con la demanda de acción de inconstitucionalidad 100/2025 radicada ya en la Corte.  

La CNDH señaló que la reforma judicial en Quintana Roo, específicamente en los artículos 27 y 153 de la citada ley orgánica, fue creada por legisladores locales contraria a la Constitución que establece que todos los juzgadores en el país, desde los ministros de la Corte, hasta los jueces locales de primera instancia, tienen que ser electos en comicios populares.  

Heyden Cebada es cercano a la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa, pues fue su síndico de 2018 a 2021 cuando ella fue alcaldesa en Cancún.  

En 2021, sin demostrar carrera judicial, fue elegido magistrado local. Al año siguiente asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Quintana Roo, que estaba propuesto para su conclusión hasta el 2027, pero con las reformas prolongó su puesto hasta el 2029.  

A la par de esta impugnación, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República reclamó la invalidez de otros artículos relacionados con la elección del magistrado para adolescentes, pues en vez de ser electo mediante el voto de los ciudadanos, queda en manos de diputados y el ejecutivo estatal.  

Este lunes, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, minimizó el tema y sostuvo que no se trata de ningún rompimiento entre los Poderes estatales con los federales por estas contradicciones legales.