GUANAJUATO, Gto., (apro).- El fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, quien ha estado al frente de la procuración de justicia por casi 16 años, presentó su renuncia a la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Sin embargo, esta dimisión se hará efectiva hasta el 1 de enero del 2025, según lo dio a conocer la propia gobernadora en un mensaje en sus redes sociales, donde dio cuenta de la renuncia y publicó la misiva que envió al Congreso del Estado para este efecto.

García Muñoz Ledo hizo desde el arranque de su campaña el compromiso de que Zamarripa no continuaría al frente de la Fiscalía, como tampoco permanecería en su cargo el secretario de Seguridad Pública (ahora Secretaría de Seguridad y Paz) Alvar Cabeza de Vaca.

Incluso, la ahora gobernadora planteó la posibilidad de que el nuevo fiscal sea una persona originaria de otro país, y para ello se hicieron modificaciones a la Constitución del estado a mediados de septiembre.

Este había sido uno de los principales reclamos de diversos sectores sociales y de cientos de víctimas que en protestas y manifestaciones habían criticado la tarea de ambos funcionarios, en medio de una crisis de seguridad que colocó al estado en el primer lugar en asesinatos durante prácticamente todo el sexenio del panista Diego Sinhue Rodríguez, quien apenas dejó el cargo el miércoles 25 de septiembre.

Ya desde el proceso de designación del Fiscal (cuando la procuraduría de justicia cambió a fiscalía) el perfil de Zamarripa y la violencia detonada en el estado provocaron que organizaciones ciudadanas buscaran que quedara fuera de la postulación, pero a pesar de ello recibió el respaldo del PAN en el gobierno.

Zamarripa no se va con las manos vacías. Después de que la ahora gobernadora Libia Dennise García anunció que no se quedaría en el cargo, el Fiscal hizo cambios al reglamento interior del organismo para crear un “sistema complementario de seguridad” que le permitirá disponer, una vez que se vaya, de una pensión superior a los 100 mil pesos mensuales. 

Renuncia exigida

El funcionario más polémico y cuestionado, particularmente en los dos últimos sexenios, escaló desde puestos menores en la antes Procuraduría de Justicia hasta llegar como encargado del despacho de esta a principios del 2009. Desde entonces afianzó su permanencia y poder en esta institución.

En una publicación en redes sociales, la gobernadora Libia Dennise García publicó la notificación que ella misma remitió al presidente de la mesa directiva del Congreso, recibido este lunes 30 de septiembre, en el cual le informa que Zamarripa le hizo llegar su renuncia el 27 de septiembre.

Pero la dimisión no será inmediata, sino con efectos al 1 de enero del 2025. Es decir, hasta dentro de tres meses.

El mismo día del inicio de su campaña, el 1 de marzo, Libia Dennise dijo:

“Quiero ser muy contundente porque además sé que será una pregunta recurrente en este ejercicio de campaña. Yo les digo el día de hoy y también de cara a las y los guanajuatenses que Alvar y Zamarripa no continuarán en mi gobierno”.

 

Y es que, durante todo el sexenio de su antecesor Diego Sinhue, este rubro fue uno de los mayores fracasos y hasta motivo de discrepancia con el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: la violencia desatada en la entidad, el incremento de delitos y de la impunidad y la necesidad de hacer cambios en las áreas de procuración de justicia y seguridad.

El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez defendió la permanencia y el desempeño de Zamarripa cada vez que fue cuestionado o que llegaron las críticas desde el Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador le pidió expresamente que destituyera al fiscal en varias ocasiones, pues lo responsabilizó de la situación de inseguridad en el estado.

Pero aunque el presidente mencionó que el Fiscal era investigado por la FGR, nunca se dieron a conocer los resultados de esas pesquisas o si éstas avanzaron. 

Alvar Cabeza de Vaca duró 12 años (dos sexenios) al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Carlos Zamarripa 15 años como titular primero de la Procuraduría y después designado Fiscal, fue respaldado por cuatro gobernadores.

A partir de esta renuncia, el Congreso del Estado deberá elaborar una lista de candidatas o candidatos al cargo, que enviarán a la gobernadora. De esa lista, ella elegirá una terna que devolverá al Congreso, para que éste vote y con dos terceras partes de los 36 diputados se designe al próximo Fiscal.

Esta vez, la conformación de la lista de candidatos (que deberá de contar también con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso) estará a cargo de una Legislatura que ya no tiene la predominancia panista, sino que muestra un equilibrio en la conformación, entre PAN, Morena como los grupos más grandes, así como legisladores del PRI, PVEM, MC, PRD y PT.