AGUASCALIENTES, Ags. (apro).– En una sesión custodiada por policías estatales y antimotines, el Congreso de Aguascalientes aprobó por mayoría un paquete de reformas anti aborto que incluyen modificaciones al Código Penal y la creación de la Ley para la Protección a la Vida y la Prevención del Embarazo No Deseado, enviada por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel.

Aunque sin especificaciones, el paquete de reformas fue anunciado por la mandataria y la bancada legislativa de Acción Nacional desde finales de 2023, poco después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligara al Congreso local a aprobar la despenalización del aborto tras un proceso de amparo promovido por colectivas feministas locales y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Durante esos días, grupos conservadores y de ultra derecha, bastión electoral del PAN, amagaron con la pérdida de su voto si la administración blanquiazul no revertía la despenalización y los cambios legales que ésta produjo. Por eso, organizaciones feministas acusan que se trata de una reforma con intenciones político-electorales.

Organizaciones civiles locales y nacionales en defensa de los derechos reproductivos alistan una acción de inconstitucionalidad que presentarán ante la Corte. También solicitarán a la Secretaría de Gobernación la aplicación de una Alerta de Género.

Las reformas al Código fueron aprobadas con el voto de la alianza PAN-PRI-PRD, así como integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), además de Juan Luis Jasso y Arturo Piña, dos de los cinco integrantes de la bancada de Morena.

Los cambios incluyen la eliminación del lenguaje inclusivo y del concepto de “personas gestantes”, así como la disminución de 12 a 6 semanas de gestación para poder acceder al aborto seguro y la inclusión de los abortos espontáneos como un delito sancionado con cárcel.

“Es especialmente alarmante que esta reforma introduce un cambio regresivo en el tratamiento del aborto espontáneo al requerir la evaluación de dos personas del servicio de salud para su reconocimiento, lo que añade un obstáculo más para quienes enfrentan esta difícil situación. En respuesta a este grave retroceso (solicitaremos) a la Secretaría de Gobernación la activación de una Alerta de Género por Agravio Comparado, para proteger los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad”, señala un posicionamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en conjunto con el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), una organización local.

A partir de su entrada en vigor, toda mujer o persona gestante que decida concluir con su embarazo después de las seis semanas será castigada con cárcel de entre 3 y 6 meses y al pago de 500 a mil días de multa. La sanción para el personal médico que lo practique es mayor: de 6 meses a 1 año de prisión y de mil 500 a dos mil días de multa.

Los mismos grupos políticos avalaron la nueva Ley para la Protección de la Vida y la Prevención del Embarazo No Deseado, enviada por la gobernadora a finales del año pasado.

En los primeros párrafos de la propuesta puede leerse uno de los argumentos de la mandataria para crear el Sistema Estatal de Protección a la Vida y “fomentar el matrimonio”.

“Se dice lo anterior ya que una mujer sola es más vulnerable que una mujer casada, es decir, una relación sexual furtiva y/o sin compromiso que resulte fecunda y traiga un nuevo ser, es más probable que termine en aborto que una relación estable matrimonial donde el cónyuge pueda proteger a la mujer y a su hijo”, dice el documento.

Durante la sesión, los diputados que defendieron las propuestas –la mayoría panistas– dieron argumentos como que las mujeres que abortan tienen problemas psiquiátricos, o que “frente a los valores de entrega, caridad y amor, los partidarios del aborto transmiten conceptos puramente egoístas”.

“La que nos obligó a despenalizar el aborto fue la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que hoy tanto defienden y se desgarran las vestiduras, pero que aparentemente no les interesa en la práctica, cuando estamos hablando de legislar. Esta propuesta, independientemente de que tengan mayoría aquí y la aprueben, no va a impedir que las mujeres puedan acceder a ese derecho, lo que sí hará es criminalizarlas”, dijo Leslie Figueroa Ortega, una diputada de Morena que, junto con sus compañeros de bancada, Ana Laura Gómez y Juan Carlos Regalado, votó en contra de los cambios de ley.

“El Congreso de Aguascalientes ha decidido limitar la autonomía reproductiva de mujeres y personas gestantes. Ayer, diversas organizaciones y colectivas salimos a las calles para denunciar esta iniciativa. Este 28 de agosto, al aprobarse esta iniciativa, se atentó en contra de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, pero la historia no termina aquí”, publicó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que acompañaron el proceso legal para la despenalización del aborto en este estado.