AGUASCALIENTES (apro).- El gobierno de la panista Teresa Jiménez y el Legislativo local, con mayoría de integrantes de Acción Nacional, concretarán este miércoles un plan de reformas antiaborto que se venía gestando desde diciembre de 2023. En agosto de ese año, y tras un proceso de amparo impulsado por organizaciones civiles y nacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó al Congreso a aprobar la despenalización, que se obtuvo con ocho votos emitidos en secreto por legisladores locales.

Presionada por grupos conservadores y de ultraderecha –el bastión electoral del PAN en ese estado– la mandataria se posicionó en contra de la despenalización y semanas después apareció en un video junto con integrantes de la bancada panista para anunciar una reforma al Código Penal y la presentación de una nueva ley, ambas con el fin de “proteger la vida”.

“El Gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”, dijo entonces pese a que la ley no obliga a personal médico a realizar abortos, pero sí a que el Estado cuente con especialistas no objetores de conciencia.

Esas reformas fueron avaladas este lunes en sesión permanente del Congreso y serán votadas en una sesión extraordinaria el miércoles. La reforma al Código Penal, presentada por 20 de los 27 integrantes del Pleno, entre ellos representantes del PRI, PRD, Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), disminuye de 12 a 6 las semanas de gestación permitidas para acceder al aborto seguro, sanciona con cárcel los abortos involuntarios y aumenta las penas para el personal médico que los practique. Para su aprobación, necesita solamente de 14 votos del Pleno.

Los cambios en los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código señalan que toda mujer o persona gestante que decida concluir con su embarazo antes de las seis semanas será castigada con cárcel de entre 3 y 6 meses y al pago de 500 a 1000 días de multa. La sanción para el personal médico que lo practique será de 6 a 1 año de prisión y de 1,500 a 2,000 días de multa.

En el caso de los abortos invuntarios o culposos, la reforma extiende la sanción penal y propone que dos médicos especialistas diagnostiquen si existe “razón suficiente para determinar que el aborto fue espontáneo o que el producto presenta alteraciones genéticas”.

La propuesta de esa reforma llegó al Congreso apenas el 23 de agosto pasado, el mismo día fue turnada para su aprobación a la Comisión de Justicia, presidida por el también panista Luis Enrique García López, que hasta febrero de este año fue el titular de la Subsecretaría de Gobierno.

El Pleno también votará para la aprobación de la nueva Ley para la Protección de la Vida y la Prevención del Embarazo Adolescente, enviada por la gobernadora el 29 de diciembre del año pasado, que incluye la creación de un grupo especial para monitorear el embarazo adolescente y medidas para evitar que las mujeres y personas gestantes accedan al aborto seguro.

Tras conocerse el hecho, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que junto con organizaciones locales como Cultivando Género impulsaron el amparo en la Corte, se posicionó sobre la propuesta y sus integrantes se manifestaron en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En Aguascalientes, las protestas comenzarán este miércoles por la mañana.

“Esta amenaza de retroceso contraviene a la Constitución, así como a lo establecido por la SCJN y la Organización Mundial de la Salud. Tratar de reducir a la mitad el período en el cual una persona puede decidir si continúa, o no, con su embarazo no es razonable, ni responde a evidencia científica o consideración médica válida, aunque así lo asegure falsamente el dictamen de la Comisión de Justicia que mañana se pretende aprobar. La propuesta no persigue otro objetivo sino el de criminalizar e impedir —prácticamente imposibilitar— el que las personas puedan decidir libremente sobre su maternidad, sobre su salud y sobre sus vidas, lo cual es completamente inadmisible”, dice un posicionamiento de GIRE dado a conocer este martes.

El dictamen de la reforma al Código Penal incluye argumentos con poca validez científica, como que las mujeres que deciden abortar sufren de “trastornos psiquiátricos como respuesta a una desregulación emocional”. Y añade que Aguascalientes es “el primer estado familiarmente sostenible en el país”, aunque la entidad ha ocupado los primeros lugares en el país en casos relacionados con violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

“Es un retroceso hacia los derechos ya ganados y peleados por nosotras, esta iniciativa de hecho es peor que lo que teníamos antes en la Ley. Se buscarán las medidas legales ya que el Congreso no entiende de diálogos, nuevamente iremos a la Corte ”, dice Angélica Contreras, integrante de la organización civil Cultivando Género.

Contreras, que afirma que se trata de una reforma político-electoral, explicó que tras la despenalización al menos 70 mujeres y personas no gestantes accedieron al aborto seguro en clínicas del estado. La organización a la que pertenece también percibió menor temor en las mujeres para pedir informes, sin embargo, el sistema de salud local siguió obstaculizando el acceso a la interrupción y con las organizaciones sociales que lo promovieron el gobierno estatal cerró por completo el diálogo.

“Lo que vimos fue un cambio en el ánimo de las personas, el problema fue que eso no se vio reflejado en los servicios de atención, porque si bien hay aliadas dentro de estos sistemas, otras personas buscaron sobre todo obstaculizar a partir de, por ejemplo, decirles que tenía que pasar su caso al Comité de Aborto para que éste evaluara y pudiera decidir si sí o si no podía proceder, esto además de cuestionar la decisión de ellas, retrasa el procedimiento al volverlo un tema burocrático, y entonces luego ya había pasado la temporalidad permitida, que es de 12 semanas. Con la reforma será peor porque criminaliza aún más”.