PUEBLA, Pue. (apro).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá recolocar los sellos de clausura en el relleno intermunicipal de Cholula, luego de que la empresa, que sería propiedad del senador electo por Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, no ha cumplido con medidas correctivas que se le impusieron.

En un comunicado, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua informó que luego de que en junio el juez Segundo de Distrito ordenó a la Profepa volver a cerrar el basurero, la dependencia federal interpuso una queja para retrasar el cumplimiento de la orden.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado confirmó la resolución del juez que va en el sentido de volver a colocar los sellos de clausura si la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza no ha cumplido con las condicionantes que la misma Profepa le impuso en abril o si se confirma que la macrocelda de este relleno ya concluyó su vida útil como lo denuncian los pobladores.

Juan Carlos Solís, abogado de los activistas, indicó que esta última situación ha quedado confirmada luego de que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula detalló en el oficio SDUOTIU/DIUGAJ/1652/2024, que el basurero ha sobrepasado su capacidad en más de 2 hectáreas qué operan sin permisos municipales y sin manifestación de impacto ambiental.

Además, recordó que, desde el 9 de abril, la Profepa clausuró el basurero y dio a la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza un plazo de 15 días hábiles para tomar medidas que corrigieran irregularidades y daños causados al medio ambiente, pero luego la misma dependencia federal retiró los sellos y abrió la posibilidad de que el confinamiento volviera a operar sin cumplir con las condiciones que ésta le indicó.

Entre las observaciones que se han hecho a este basurero, está la inadecuada disposición de lixiviados, gas natural y conducción de agua de lluvia, así como la falta de infraestructura para operar realmente como un relleno sanitario.

Al señalar que está a la vista que la empresa no ha cumplido con ninguna de las dos condiciones expuestas por el juez, por lo que la Profepa tiene tres días para volver a colocar los sellos de clausura.

“Afuera del basurero se están creando lagunas de lixiviados y dentro de un socavón que hizo la empresa se han estado derramando miles de litros de agua de lluvia combinados con lixiviados, mientras las autoridades estatales siguen negando la contaminación provocando mayor riesgo a los mantos acuíferos de los pueblos cholultecas “, agregó el abogado.

Indicó que esta postura de la Profepa además está retrasando la búsqueda y construcción de alternativas en el manejo y depósitos de basura para los municipios que confinaban sus desechos en ese lugar que los activistas tienen bloqueado desde marzo.