PUEBLA, Pue. (apro).- El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, informó que tanto el gobierno estatal como la empresa Pro Faj Hidro Limpieza presentaron denuncias en contra de pobladores que mantienen bloqueado el acceso al relleno sanitario de Cholula.

En tanto que la oficina de Amnistía Internacional (AI) México condenó que el uso de la fuerza contra los manifestantes la noche del martes por parte de la policía, a la vez que pidió al gobierno garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Aquino Limón advirtió que la manifestación de los pobladores ya genera una afectación a la empresa que no ha podido operar pese a que la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) ya retiró los sellos de clausura, por lo cual han procedido a presentar denuncias.

Pero además mencionó que 21 municipios que usan ese tiradero no han podido disponer de la basura de manera adecuada, lo que está ocasionando que la gente use barrancas y terrenos baldíos para tirarla. Incluso, consideró que hay un “trasfondo” en esta postura de los vecinos, sin precisar a qué se refería.

En tanto que el gobernador Salomón Céspedes Peregrina rechazó que el operativo de este martes haya sido violento e hizo un llamado a los opositores a la “civilidad” para que se resuelva el conflicto.

“Ellos aducen que se está contaminando, el problema es que ¿a dónde están tirando los 21 municipios? están contaminando más por estar tirando en otro tipo de sitios que no son los autorizados”, manifestó.

Ambos, insistieron en que existen estudios que sustentan que el relleno sanitario de Cholula cumple con los requisitos y normas para operar por lo que no hay razón técnica para que proceda su cierre.

DISPAROS

Por su parte, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero mostró fotografías de los casquillos percutidos de arma 9 milímetros y R-15, que presuntamente dispararon los granaderos contra los vecinos que cerraron la carretera Cholula-Huejotzingo para evitar la reapertura del relleno sanitario el cual mantienen bloqueado desde hace más de un mes.

Hasta la noche de este miércoles, los habitantes han impedido el operativo que intentó el gobierno estatal y los municipales para escoltar con policías a los camiones de basura y poner en operación de nueva cuenta el basurero.

Los opositores a este relleno afirmaron en un comunicado que la policía realizó al menos 30 detonaciones contra las personas que se encontraban en el plantón, en el que había mujeres, niños y ancianos, además de que los quemaron una motocicleta, destrozaron dos carros y rompieron el parabrisas de una camioneta. Agregaron que anoche la policía realizó detenciones de personas que después dejaron tiradas en la carretera.

También mencionaron que un operativo policíaco cerró el paso de la localidad de Calpan al relleno sanitario para evitar que otros habitantes acudieran a apoyar a los que estaban en el plantón.

Los manifestantes acusaron al gobierno estatal de mentir al señalar que el basurero cumple con todos los requisitos y permisos y que no contamina.

Explicaron que, aunque la Profepa retiro los sellos de clausura provisional que colocó al relleno el 9 de abril, la misma institución emitió un comunicado señalando que el proceso sancionador no ha concluido.

Según la dependencia, la empresa cumplió con las medidas urgentes, pero aún quedan pendientes las correctivas estructurales y luego determinar sobre el posible cierre definitivo de la macro celda donde se deposita la basura.

De la misma forma, los vecinos mostraron solicitudes de información que hicieron ante la Secretaría del Medio Ambiente y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde pidieron los supuestos estudios que el gobierno estatal asegura se realizaron y que demuestran que el relleno no es contaminante.

Tanto la dependencia como la BUAP respondieron que no son competentes para realizar esos estudios y proporcionar información al respecto.

De igual forma, desmintieron que el tiradero tenga sus permisos en regla como sostiene el gobierno estatal pues solicitaron información al Ayuntamiento de San Pedro Cholula sobre la licencia de uso de suelo del basurero y comprobaron que ésta solo cubre el 60% de la macro celda, lo que confirmaría que está sobresaturado.

“Sin embargo, lo más importante es el derecho a la libre determinación de los pueblos sobre su territorio y si los pueblos decidimos ya basta de recibir la basura de 20 municipios, nuestra decisión se debe respetar, tomando una actitud extremadamente racista por parte del Gobierno del Estado y medios televisivos de paga al querernos imponer que sigamos recibiendo su basura en nuestro territorio”, señala la organización.

Consideraron una violación a los derechos de los pueblos indígenas cholultecas el que se les niegue información y la posibilidad de un diálogo público y en lugar de ello se les criminalice, envíen a la policía estatal y municipal para reprimir y a policías ministeriales para allanar casas de participantes en el movimiento.

“Las acciones que este gobierno mal llamado de la cuarta transformación ha hecho este 30 de abril han resultado aún más graves e inhumanas qué el del represor (Rafael) Moreno Valle”, reclaman al tiempo que convocaron a las autoridades estatales y municipales este 14 de mayo a una asamblea y diálogo público en la Plaza de la Concordia de San Pedro.