TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Diócesis de San Cristóbal de las Casas reprochó de manera enérgica que, ante la situación de violencia que impera en el Estado por la total impunidad con que irrumpen los grupos criminales para controlar el territorio, el gobierno “pretende tapar y cerrar los ojos a la sociedad” y negar la realidad de lo que describió como “una guerra sin fin” que está dejando personas asesinadas, pueblos desplazados, desapariciones y hostigamiento de la población chiapaneca.

“Ante tanta injusticia la iglesia no puede ni debe quedarse callada, por ello hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos”, sostuvo.

La Diócesis lanzó un extenso comunicado apenas unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara la entidad, y en su conferencia mañanera desde Tapachula, negó que Chiapas se encuentre en una emergencia por la violencia desatada por el crimen organizado. “Chiapas no está en llamas”, sostuvo.

El presidente afirmó que los conflictos por enfrentamientos entre grupos ocurren en un territorio acotado “y lo vamos a resolver” e insistió en que Chiapas ha tenido los últimos lugares en homicidios durante su sexenio y que lo que se dice sobre la violencia es “mucho sensacionalismo”.

El presidente estuvo acompañado del gabinete de seguridad y del gobernador morenista Rutilio Escandón, quien guardó silencio sobre el tema, y en su reporte del Estado omitió mencionar los asesinatos de la candidata de Chiapas Unido a la alcaldía de La Concordia, Lucero López Maza, y cinco personas más en un evento de campaña, así como la masacre de una familia en Chicomuselo, ocurridos en las horas previas a la visita presidencial.

Pero la Diócesis no pasó por alto las palabras del presidente y el silencio de Escandón, y en su comunicado denunció la impunidad en los asesinatos, el secuestro de pueblos y comunidades por los grupos delincuenciales que reclutan a las personas o las retienen en sus casas; el cobro de piso y de paso; el proceso electoral manipulado por el crimen organizado; los cientos de desaparecidos; el despojo de bienes materiales y naturales a los pueblos, el saqueo y explotación minera que ha derivado en asesinatos, así como “la omisión del Estado de frente a los grupos criminales que han desestabilizado la vida de los pueblos” en Chiapas.

“Es inconcebible la falta de acción de las autoridades habiendo presencia del ejército, guardia nacional y policía estatal en la región”, fue el reclamo hecho por la Diócesis, que pidió a los gobiernos el desarme inmediato de los grupos criminales, el retorno de las personas desplazadas a sus comunidades, el restablecimiento del orden social, la recuperación del territorio para los pobladores, así como el restablecimiento de servicios como la educación, la salud y el libre tránsito, entre otros aspectos vulnerados por los grupos criminales.

Masacre en Nuevo Morelia

En este llamado urgente, la iglesia católica exigió justicia para los 11 pobladores masacrados de la comunidad de Nuevo Morelia municipio de Chicomuselo, quienes aseguró, “se resistían ante la violencia de los grupos criminales que se disputan la zona y fueron asesinados de manera cruel y despiadada en sus hogares”.

Afirmó que “personas del crimen organizado entraron al poblado alrededor de las 5:30 de la tarde del 12 de mayo, y fueron directamente a las casas de las personas que aún se encontraban en la comunidad, asesinando a seis hombres y cinco mujeres”.

Ese el relato que ofrece la Diócesis sobre los hechos que han consternado al estado de Chiapas, y que reflejan la crisis de seguridad que viven las regiones fronteriza y sierra del estado.

De la tragedia responsabiliza a los tres órdenes de gobierno por su omisión “ante la realidad que se ha venido denunciando”.

Las víctimas -dice el comunicado- fueron once, seis hombres y cinco mujeres. De ellos, cuatro fueron ultimados en diferentes casas y los siete restantes son miembros de una familia completa que estaba reunida después de la “celebración dominical”. La Diócesis sostiene que luego de darles muerte le “prendieron fuego a la vivienda y los cuerpos de dos de nuestras hermanas quedaron totalmente calcinadas”.

En la tragedia de Chicomuselo, agrega, fallecieron Alfonso, de 73 años; Teresita, de Jesús de 28; Dolores, que contaba con 56 años; Rosalinda, de 57; Yojari Belén, de 18 años; Ignacio, de 52; Isidra, de 54; Urbano, de 42; Joel, de 49; Azael, de 31, y la menor de edad Brandi, de 15 años.

Detalla también que, a pesar de la violencia, el hostigamiento y las amenazas, las víctimas se resistían a dejar sus hogares y estaban a favor de la paz, la justicia y la vida.

La Diócesis afirma:

“nuestros pueblos siguen sufriendo, estamos en medio de una guerra que no tiene fin, y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana”.

 

Sostiene también que muchas comunidades han quedado vacías por las amenazas, asesinatos y desapariciones. “Nos han infundido el miedo y el terror, apoderándose de nuestra tierra y territorio sin que el Estado haga algo por garantizar la vida y la seguridad de los pueblos”.

La Diócesis hace un llamado a la sociedad civil a no perder la esperanza y a no permitir que la guerra entre los grupos criminales “nos confronte como pueblo”.