TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó que la violencia en el municipio Chicomuselo, en la región de la Sierra, por la disputa que mantienen por el control del territorio la delincuencia organizada, “se extiende a otras comunidades vecinas”.

A una semana de los enfrentamientos entre grupos armados de las organizaciones delictivas, ninguna autoridad estatal ni la Fiscalía General del Estado han informado sobre la situación en las comunidades, cuyos habitantes aseguran que los participantes en los choques tenían vestimentas y vehículos tipo militar.

Pese a la intensidad de los enfrentamientos, que ha provocado el desplazamiento de la población civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el jueves último que existen condiciones en todo el país para la realización de los comicios el próximo 2 de junio.

El ejido Nueva Morelia, donde fueron asesinadas 11 personas de la población civil (cinco mujeres y seis hombres), de las cuales dos eran catequistas de la Iglesia católica, “se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extracción de los recursos minerales. En este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada, de acuerdo con testimonios, por grupos criminales”, señaló el colectivo en un comunicado.

El Frayba, que junto a organizaciones de la sociedad civil ha venido denunciando la situación de violencia que se vive en la entidad, refirió que el último 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de más de 700 personas.

Entraron el 10 de mayo

Señaló que, de acuerdo con testimonios, los recientes enfrentamientos entre bandas del crimen organizado “comenzaron desde el viernes 10 de mayo, en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, lo que habría originado también el corte de la energía eléctrica e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias”.

El organismo, fundado por el obispo Samuel Ruiz, manifestó su preocupación por la situación de violencia que se vive en Chiapas, y en las graves afectaciones e impactos contra la población civil, que es rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la región Frontera y Sierra.

Dijo que el deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, “si no que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, así como asistirles todos los derechos a las víctimas”.

“Ante los hechos, tanto el gobierno federal como el estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región Frontera y Sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional”, declaró.

Testimonios

El viernes 10 de mayo, los habitantes de la comunidad Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la región de la Sierra de Chiapas, se preparaban para la celebración del Día de las Madres cuando oyeron el ruido de camionetas todoterreno que iban de un lado para otro; se trataba de hombres armados que tomaron el poblado de unos mil habitantes.

Luego de cuatro días de haber sostenido enfrentamientos con bandas rivales del narcotráfico, el lunes 13 asesinaron en sus casas a 11 personas, cinco mujeres, un menor de 15 años, y cinco hombres.

De acuerdo con los testimonios, desde la incursión del grupo armado, la mayoría de los mil habitantes de Nueva Morelia, también conocida como La Lucha, huyeron a la Sierra para buscar refugio en comunidades vecinas, y los que se quedaron en su casa fueron asesinados. “Les dieron el tiro de gracia”, denunciaron habitantes que pidieron no ser identificados.

Los habitantes señalan que las víctimas fueron sorprendidas en sus domicilios y que no estaban vinculadas a ningún grupo delictivo, que pertenecían a una de las religiones evangélicas que se oponían a los bloqueos y a las extorsiones.

Los combates entre sicarios de dos organizaciones criminales se registraban día y noche. La población campesina denunció en mensajes de WhatsApp que hombres que vestían uniformes militares y con vehículos Hummer los obligaron a dejar sus hogares.

“Mi familia tuvo que abandonar la colonia y fueron los del Ejército que los corrió (de la comunidad)”, dice uno de los mensajes de WhatsApp que circuló después de que Nueva Morelia se había convertido en un campo de batalla.

Hace un año que comunidades cercanas a Nueva Morelia denunciaron la presencia de integrantes de los dos cárteles de la droga más grandes de México, que amenazaban con reactivar las operaciones en la Mina ampliación La Revancha para extraer barita de la mina que se encuentra a cielo abierto.

Luego de confirmar el homicidio de las 11 personas en la comunidad Nueva Morelia, ni la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra autoridad ha informado de la situación en las comunidades de Chicomuselo.

La Fiscalía sólo dijo que para garantizar la paz en la zona el Grupo Interinstitucional, compuesto por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías, llevan a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades.

Desde hace tres años, cárteles del narcotráfico se disputan las regiones Sierra y Frontera de Chiapas, colindante con Guatemala, provocando ejecuciones, enfrentamientos, desapariciones, desplazamiento forzado, cobro de piso, quema de vehículos, suspensión del transporte público y bloqueos carreteros.