Oaxaca

La libertad de Lizbeth Victoria Huerta es sinónimo de impunidad: hermanas de activista desaparecida

Lizbeth Victoria Huerta fue detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, pero reclasificaron su acusación a un delito menor.
domingo, 15 de diciembre de 2024 · 18:37

OAXACA, Oax. (apro).- La libertad de Lizbeth Victoria Huerta, es sinónimo de impunidad en Oaxaca porque se “privilegian favores al gobernador del estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia, afirmaron Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, hermanas de Claudia Uruchurtu Cruz desaparecida el 26 de marzo de 2021 y por lo cual estuvo detenida la exedil de Asunción Nochixtlán.

Y agregaron que este 13 de diciembre de 2024 fue un viernes negro para la historia de Oaxaca porque se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas y, la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada.

En respuesta a la decisión que tomaron la magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez y los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, Alejandro Encinas, exsubsecretario de derechos humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, calificó “de indignante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que modifica la sentencia en contra de Lizbeth Victoria Huerta , ex presidenta municipal de Nochixtlán por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu en 2021.”

Y agregó que la amiga del gobernador Salomón Jara Cruz “obtiene así su libertad por vínculos políticos en un caso emblemático y doloroso de desaparición forzada en contra de una defensora, otorgándole impunidad”.

En un comunicado, las hermanas Uruchurtu Cruz cuestionaron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, quien “dice defender los derechos de las mujeres, promover las órdenes de protección las 24 horas, los 365 días del año en Oaxaca, cuando no es capaz de garantizar que en el poder judicial se administre justicia correctamente a las mujeres que son víctimas de desaparición forzada”.

“Nuestra voz en este comunicado es de enojo e impotencia, porque sabemos que tenemos la razón… también de dolor, porque queríamos un cambio en nuestro Estado… pero a pesar de ello, queremos también decirles al Gobernador del Estado, a la Presidenta del Tribunal, a la Magistrada y Magistrados, inclusive a la Presidenta de la República, que esto no nos va a detener en nuestra exigencia de verdad, justicia y reparación; seguiremos luchando para acceder a la justicia, ahora desde el ámbito internacional y buscando a nuestra hermana, hasta encontrarla”.

Antes, resaltaron que “después de casi 4 años de luchar por alcanzar la justicia por la desaparición de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz, hoy 13 de diciembre de 2024, al notificarnos la resolución de segunda instancia dentro de la causa penal 203/2021, nos damos cuenta que esto no es posible en un Estado como Oaxaca y en un país como México”.

“Amamos nuestro país de origen, quisimos creer que los Tribunales podían ser imparciales y garantizar su independencia del poder ejecutivo, y hoy nos damos cuenta que sólo fue un ideal y no una realidad”, añadieron.

Destacaron que “hoy, 13 de diciembre del 2024, será una fecha simbólica de cómo en Oaxaca la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, han decidido modificar a modo la sentencia dictada en contra de Lizbeth Victoria Huerta, Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez y Juan Antonio Hernández Martínez, para facilitar su libertad y tender un manto de impunidad por la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”.

Remataron que esta resolución quedará “sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia y pesará esta decisión, que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas”.

Y lanzaron varias preguntas: “Pero, ¿Qué podíamos esperar de una magistrada (Margarita Leonor Gopar Pérez) que llegó después de ser parte de la Consejería Jurídica de Salomón Jara o de un Magistrado (Luis Enrique Cordero Aguilar) que dice contar con una perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios, busca ser premiado con el cargo de ministro después de la reforma al sistema Judicial, y finalmente de alguien (Abrahán Isaac Soriano Reyes) que llegó a este cargo después de un escándalo por desempeñar dos funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género en el poder judicial.

Cabe mencionar que Lizbeth Huerta fue liberada por la magistrada de la Quinta Sala Penal, Margarita Leonor Gopar Pérez, luego que, en diciembre de 2023, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez reclasificó el delito de desaparición forzada a obstrucción de la justicia y la condenó a solo 4 años y dos meses por este último delito, desechando por completo el de desaparición forzada.

De acuerdo con lo asentado en la causa penal 203/2021, Claudia Uruchurtu fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021 en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación y de publicar que la entonces presidenta municipal, Lizbeth Victoria Huerta, tenía en su haber 10 denuncias por presuntos actos de corrupción.

Por este caso fueron detenidos cuatro servidores públicos que serían procesados y sentenciados por el delito de desaparición forzada, entre ellas la presidenta municipal.

Sin embargo, en diciembre de 2022, la jueza penal María Teresa Quevedo Sánchez reclasificó la acusación contra la exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta a un delito menor y la condenó a sólo cuatro años y dos meses de prisión, en el proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana ocurrida en marzo de 2021.

Mientras que, para Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, determinó 60 años de cárcel; a Nelci Yanet Vásquez Jiménez y a Rolando Aquino Barrita les impuso una pena de 40 años a cada uno en su calidad de partícipes de este crimen de lesa humanidad.

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