SALTILLO, Coah. (apro).- Mientras que Federico Fernández Montañez, el secretario de Seguridad de Coahuila y mano derecha del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se registró dentro del proceso para elegir al nuevo fiscal general del estado, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas exigieron al Congreso del Estado que la persona que elijan sea alguien independiente.

El funcionario estatal había dicho días antes que estaba concentrado en las tareas de seguridad, por lo que no estaba interesado en participar, pero este miércoles acudió a la sede del Poder Legislativo a entregar su documentación.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Congreso del Estado la semana pasada, los aspirantes tienen de plazo para registrarse hasta el próximo 2 de noviembre y se presentará una lista de 10 aspirantes, de la cual el gobernador Jiménez Salinas deberá seleccionar una terna y el dictamen final se presentará por la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales antes del 26 de noviembre.

Fernández Montañez fue responsable del área de seguridad en el municipio de Saltillo, cuando Jiménez Salinas fue presidente municipal, y su nombre fue mencionado para ocupar la Fiscalía General del Estado desde el año pasado, antes de llegar a la administración estatal.

Durante el gobierno del hoy diputado federal Rubén Moreira Valdez, del 2012 al 2017, fungió como jefe del despacho en la Procuraduría General Estado que estaba a cargo del finado Homero Ramos Gloria, a quien se le señaló de obstaculizar las investigaciones en el caso de varias desapariciones y dejar inconclusa la relacionada con la llamada Masacre de Allende y del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras desde donde operaron integrantes de los Zetas para desaparecer y asesinar personas. Ramos Gloria fue premiado con una magistratura en el Poder Judicial del Estado en el gobierno del hoy senador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Siendo titular de Seguridad en la capital de Coahuila ocurrió la llamada Masacre de la Loma Linda, una colonia popular al oriente de Saltillo donde fueron abatidas nueve personas por elementos a cargo de Fernández Montañez, entre ellas dos mujeres. Al trascender imágenes - filtradas por policías municipales - de los cuerpos, en la opinión pública se presumió el uso excesivo de la fuerza y la “siembra de armas” de grueso calibre, por lo que se abrió una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado, sin que se supiera de su conclusión.

En la semblanza del aún secretario de Seguridad no aparece que fue accionista de una empresa de seguridad privada, Eagle Pro, la cual fue creada en el año del 2014 cuando estaba dentro de la PGJE y, de acuerdo al Registro Público del Comercio, cedió sus acciones en el 2017.

La citada empresa se dedica desde su creación, entre otras cosas, al blindaje de vehículos, la instalación de equipo de monitoreo a través de cámaras de circuito cerrado.

Exigen Imparcialidad

Defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas entregaron en el Congreso del Estado una petición para que el proceso de selección del próximo fiscal sea independiente.

“Un fiscal independiente es fundamental para combatir la impunidad y la corrupción; investigar y perseguir a los responsables de delitos sin importar su posición social o económica, para fortalecer el Estado de Derecho y restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los derechos de todas niñas, niños, jóvenes, adolescentes, familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, mujeres violentadas, familiares de mujeres víctimas de feminicidio, migrantes, campesinos, campesinas, obreros y obreras, periodistas y defensores sean respetados, garantizados y promovidos”, señala el documento entregado por María Eugenia Arriaga, representante del Centro de Derechos y De Fray Juan de Larios, y Diana Iris García de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

“Nos encontramos ante una crisis de Derechos Humanos que afecta los cimientos de nuestra sociedad: la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la corrupción y la inseguridad se han convertido en una constante en nuestro estado, socavando la confianza en las instituciones y generando un clima de miedo, incertidumbre y frustración por la inacción estatal” agrega el documento que cuenta con más de un centenar de firmas.

Las activistas consideraron que urge en Coahuila alguien que actúe con objetividad y sin presiones políticas, además de “comprometido con la lucha contra la corrupción y con la transparencia en el ejercicio de sus funciones para investigar los crímenes contra la humanidad ocurridos en el estado” y la relación entre funcionarios públicos, empresarios y grupos criminales en anteriores administraciones “para desmantelar la estructura que permite la injusticia, la impunidad y el enriquecimiento ilícito”.

Recordaron que expertos internacionales hicieron recomendaciones para mejorar el desempeño de la Fiscalía General en Coahuila, pero nunca se implementaron.