GUADALAJARA, Jal. (apro).– Debido a que no contó con un traductor, un menor de edad de origen wixárika fue juzgado como adulto por homicidio calificado, sentenciado a más de 30 años de cárcel y trasladado a Puente Grande sin que nadie le pudiera especificar su situación.

El menor, que tenía 16 años cuando fue enviado al Centro de Reinserción para Sentenciados en Puente Grande, permaneció una década preso, hasta que José Cabrera, abogado defensor de personas pertenecientes al pueblo Wixárika, le consiguió un amparo, en noviembre pasado recobró su libertad.

“Pero quedó sumamente dañado, cuenta unas cosas terribles de adentro, entonces le afectaron la vida”, señaló el abogado.

Refirió que la injusticia se repite diariamente en los distritos judiciales I y XI, pertenecientes a Puente Grande y Colotlán, respectivamente, donde por la falta de intérpretes y traductores se suspenden los procesos penales del nuevo sistema y del tradicional.

José Cabrera, quien defiende a más de una decena de personas de la comunidad Wixárika, denunció que el Poder Judicial no cuenta con traductores certificados en lengua indígena, en consecuencia, sus defendidos del nuevo sistema y del tradicional han permanecido presos injustamente, violentando sus derechos humanos.

Ante la carencia de un intérprete, los jueces piden apoyo a la Comisión Estatal Indígena o al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, “pero desgraciadamente también es un conflicto porque son traductores, pero no del mismo pueblo originario del procesado”, mencionó el abogado.

Uno de sus clientes, acusado del delito de lesiones, tenía el 8 de diciembre su audiencia para lograr la libertad tras estar casi tres años recluido, pero el juez la suspendió por falta de traductor.

“Nos suspendieron en dos ocasiones la audiencia, porque primero el Poder Judicial no tiene intérprete (…) Entonces, la Comisión Estatal Indígena contesta que sí tiene intérpretes, pero envió uno de lengua náhuatl”, lamentó.

El abogado también defiende a población indígena en Zacatecas, donde cuentan con dos intérpretes de lengua wixárika; mientras que en Nayarit y San Luis Potosí, con menos población indígena, tienen “muchísimos”, señaló.

Cabrera explicó que el intérprete debe comprender a cabalidad los términos porque, por ejemplo, en Colotlán, cuando al imputado le dicen que si acepta el procedimiento abreviado, para él es aceptar la culpa.

“Entonces lo que hacen los jueces es vámonos a receso, cortan el video. Y ahí entre todos hay que explicarle al procesado”, lo cual es ilegal.

Afirmó que la misma carencia de intérpretes se vive en el juzgado civil de Colotlán, donde los policías wixárikas intentan explicar a las partes los términos que ni ellos comprenden.