COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Familiares de personas desaparecidas en Colima solicitaron el auxilio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atribuir al Estado mexicano la responsabilidad internacional por el fenómeno de las desapariciones cometidas por particulares, a partir de su obligación de adoptar medidas para atender denuncias concretas y garantizar la seguridad pública.

A través de una carta enviada a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y a la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, la Red Desaparecidos en Colima A.C. señaló que el reconocimiento de la Desaparición forzada en México constituyó un gran logro impulsado por la ONU, actores locales y principalmente por el esfuerzo de las familias.

Sin embargo, acotó, “el reconocimiento de la desaparición cometida por particulares ha generado en la realidad espacios ambiguos en los cuales las líneas entre lo estatal y lo no estatal se desdibujan”, por lo que “nos preguntamos si en nuestro contexto de violencia exacerbada y corrupción endémica, es posible atribuir la responsabilidad internacional del Estado que, como garante de la seguridad pública, debe adoptar medidas razonables para atender denuncias por desaparición en casos concretos”.

La organización de buscadoras añadió: “Cuestionamos entonces si esas medidas son razonables, cuando de nuestra asociación han podido ser localizadas únicamente dos personas sin considerar las miles que aún permanecen desaparecidas en Colima. Y cuando en ningún caso existe justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición”.

El documento fue dado a conocer por la historiadora María de Jesús Ramírez Magallón, esposa del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca, quien se encuentra desaparecido desde hace ocho meses, junto con el profesor y líder comunal indígena Antonio Díaz Valencia, cuando ambos viajaban de Aquila, Michoacán hacia la ciudad de Colima.

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de la comunidad indígena de Aquila, desaparecieron el 15 de enero de este año en el contexto de la actividad minera en esa región. El vehículo en el que viajaban fue encontrado en la comunidad de Cerro de Ortega, Colima, con huellas de impacto de bala. Además de ellos, los registros oficiales contabilizan cerca de mil 500 personas desaparecidas que permanecen sin ser localizadas en el estado de Colima.

En su comunicación a la ONU, el colectivo compartió “algunas reflexiones sobre nuestras experiencias en la desaparición de nuestros familiares, en el contexto de Colima, un pequeño estado en la costa pacífico de México, que muchas veces por su extensión y por su número de habitantes es olvidado por nuestros gobiernos”, pero “nosotros enfrentamos el terrible crimen de la desaparición de nuestros seres queridos y trabajamos todos los días con la esperanza de regresarles a casa”.

A partir de su labor, la Red Desaparecidos en Colima A.C. reconoció y agradeció los esfuerzos que se realizan desde la ONU para que los países miembros observen lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, en ese sentido, celebró los avances logrados en México por el Comité contra la Desaparición Forzada a través de los años, así como las recomendaciones efectuadas en su última visita, que consideró decisivas para atender la grave crisis de las desapariciones en el país.

No obstante, la agrupación consideró que los procesos de investigación y jurisdiccionales, así como las políticas implementadas en materia de desaparición, constituyen procesos complejos y plagados de tecnicismos que no son suficientes para explicar por qué sus seres queridos no han sido encontrados y por qué en Colima y en México continúan desapareciendo personas todos los días.

“Nos preguntamos —expuso— por qué la desaparición en nuestro país constituye un problema tan grande, si en apariencia no vivimos en un conflicto armado o un estado de excepción. Consideramos que las irregularidades en los procesos de investigación a los que nos enfrentamos todas las familias, sumado a la falta de voluntad de algunas autoridades y a la falta de recursos para acceder a una representación legal adecuada, resultan en un estado de indefensión en los procesos de acceso a la justicia. La vida comienza a agotarse mientras esperamos el avance en los procesos, que no nos regresan a nuestros hijos e hijas”.

Las familias integrantes de la Red afirmaron que, “pese a las imprecisiones de los registros de víctimas de desaparición, en Colima las familias conocemos por rostro y nombre a todas las personas que se encuentran desaparecidas. Cada persona ausente constituye un infierno para las familias y hemos comprendido que la desaparición de una persona es la desaparición de todas y todos”.

Comentaron: “Todos los días nos enfrentamos al desafío de seguir avanzando en la búsqueda de nuestros familiares y de continuar viviendo una vida destruida completamente por la desaparición. Las consecuencias de la desaparición se reflejan en nuestra salud física y mental, generando afectaciones en lo familiar, en lo laboral y en todas las áreas de nuestra vida”.

Aunque la ley les otorga el derecho a recibir atención médica, abundaron, “lamentablemente persisten obstáculos como la falta de presupuesto del Estado, así como la falta de profesionales de la salud que cuenten con la experiencia necesaria en el trabajo con las víctimas de desaparición. Sumado a lo anterior, la desaparición como una bomba expansiva, deja una estela de dolor y miedo que afecta también a todo nuestro entorno comunitario, aislándonos y generando desconfianza”.

Tras considerar que la legislación en materia de desapariciones y otros mecanismos deben construirse desde las experiencias locales de cada comunidad, refirieron que en Colima no ha tenido lugar la armonización de la Ley general en materia de desapariciones promulgada en 2017.

Sin embargo, estimaron necesario conocer el contexto real de la desaparición en cada comunidad y su impacto en la vida social, a fin de que la Ley local que se promulgue en el futuro sea de utilidad para enfrentar el problema de la desaparición en Colima, ya que es importante reconocer la diversidad de las formas de vida para que la construcción de los mecanismos se realice desde lo local y pueda reflejar la realidad cotidiana.

Advirtieron que la legislación, los programas y los registros, no están funcionando para detener las desapariciones y “los mecanismos resultan inocuos cuando el problema de la desaparición no se detiene, cuando nuestros hijos e hijas continúan siendo masacrados e inhumados en fosas a lo largo y ancho de nuestro país. Con desesperación las familias preguntamos en dónde están las garantías de no repetición”.

En su mensaje al Alto Comisionado de la ONU, las familias en Colima señalaron que “nos rehusamos a normalizar la desaparición y le solicitamos atentamente que tenga presente el crimen de las desapariciones en México como un tema prioritario en sus comunicaciones y planes de trabajo, a efectos de hacer posible una mayor cooperacio´n internacional en el territorio para la prevención de las desapariciones, así como para la proteccio´n de las víctimas”.