ACAPULCO, Gro. (proceso.com.mx).- La Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a abrir archivos para conocer el destino de 515 personas desaparecidas durante el periodo de la Guerra Sucia en Guerrero, denunciaron sobrevivientes y víctimas.

Es triste ver frustradas las expectativas que generó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, dijo Ana, hermana de Teresa y Domingo Estrada Ramírez, víctimas de desaparición forzada.

La mañana del jueves 7 en la Facultad de Derecho en Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero, María del Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes García, exintegrantes de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), presentaron el  Anexo 3, “Personas participantes en desapariciones forzadas”, de su informe final de actividades presentado en 2014.

Los acompañó Jésica Chantal Alcázar, coordinadora del área  Derecho a la Verdad de Artículo 19, organización que editó el libro y que organizó la presentación.

Vienen plasmados los nombres y cargos de más de 320 mandos militares y policiacos, y autoridades que organizaron y ejecutaron la persecución de presuntos integrantes, familiares, vecinos, estudiantes o simpatizantes de la guerrilla en Atoyac, Acapulco, Tierra Colorada, Chilpancingo, Arcelia, Iguala, Zihuatanejo, Villa Unión, Petatlán Papanoa, El Papayo, San Marcos y Cruz Grande.

El impreso indica que de 1974 a 1981 se detuvieron a unas mil 500 personas, sometidas a interrogatorios en la Dirección de Policía y Tránsito de Acapulco.

Nicomedes Fuentes dijo que el ahora Equipo de Seguimiento de la Comisión de la Verdad cuenta con 409 testimonios de 515 casos de desaparición forzada en Guerrero.

Entre los desaparecidos hay más de 30 universitarios, aseguró.

Añadió que se identificaron nombres y planes de mandos militares asesorados o formados en Estados Unidos.

“Esperamos que el gobierno federal resuelva las demandas de verdad, justicia, reparación del daño, no repetición y rescate de la memoria histórica. Es un proceso difícil y lento, pero hay esperanza de que las cosas se resuelvan, dijo Nicomedes.

“El problema es que la Sedena no entrega archivos, se presume que hay archivos que no están o que fueron movidos. Hay interés que no se conozca la verdad”, denunció el también sobreviviente de la Guerra Sucia.

Y agregó que también el gobierno federal retiró un fondo de dinero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con lo que se podría cumplir como parte de la reparación del daño.

Abel Barrera Hernández, comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (uno de los cinco que conforma la Comisión de la Verdad, creada en 2021), hizo una participación remota desde sus oficinas en Tlapa.

Consideró que el informe y sus tres anexos son una luz en la oscuridad e impunidad del Estado.

Son indispensables para saber qué pasó en esos años cruentos en Guerrero, un estado que sigue siendo gobernado por caciques, dijo el defensor de derechos humanos.

Y acusó que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo estatales, representados por Evelyn Salgado, Raymundo Casarrubias y Yolotzin Domínguez, han guardado silencio ante el informe de la Guerra Sucia y que, al contrario, se vanaglorian del Ejército, principal perpetrador.

Abel Barrera lo hizo en referencia al acto solemne realizado el lunes 4 de septiembre en el Congreso local para colocar en el muro de honor una leyenda con letras doradas del Bicentenario del Colegio Militar. Ahí la gobernadora llenó de elogios a la Sedena y a la Marina.

María del Pilar Noriega informó que para el informe se revisaron 310 mil documentos, sobre todo en el Archivo General de la Nación, pero que hay archivos de la Sedena que están restringidos o desaparecieron.

Las operaciones de contrainsurgencia, dijo, arrasaron con comunidades. Los sobrevivientes o familiares de desaparecidos siguen exigiendo justicia y quieren saber el paradero de las víctimas de desaparición forzada.

Jéssica Chantal, de Artículo 19, dijo que hay una deuda del Estado mexicano con las víctimas de la Guerra Sucia.

“Guerrero fue laboratorio y sigue siendo laboratorio de la violencia.

“En este estado ninguna calle o escuela debería llevar los nombres de los responsables de esa guerra. Esas calles deberían tener los nombres de las personas desaparecidas y que fueron violentadas por el Estado.

“Es una exigencia vigente que se abran los archivos, porque quienes los tienen son las personas que lo hicieron, quienes los ocultan son ellos”, agregó.

Rodrigo Vladimir Rodríguez Wences, hijo del universitario Rodrigo Rodríguez desaparecido en 1979, pidió romper el pacto de silencio, olvido e impunidad.

“No hay cantidad de dinero para reparar un delito de lesa humanidad”, dijo.

Ana Estrada Ramírez, hermana de los desaparecidos Teresa y Domingo Estrada, dijo ver frustradas las expectativas en el presente gobierno.

La reparación para ella es que el Estado diga dónde están sus seres queridos.

“El daño está hecho y no hay nada material que pueda reparar. Si en este gobierno a partir del 2018 no hay avances, entonces, ¿cuándo será?”, cuestionó.

María Antonia Morales Serafín, sobreviviente de ese periodo de violencia, expresó que el sentimiento de tener familiares desaparecidos es como “estar desahuciados sin estar enfermos”.

Reconoció el trabajo de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que dijo, no se valoró en su momento.

María de los Ángeles Sonduk, esposa de Miguel Flores, sobreviviente con secuelas motrices, comparó la Guerra Sucia con la actual violencia que vive Guerrero.

“En ese momento fueron crímenes de Estado y de lesa humanidad. Era el Estado contra la población, ahora desgraciadamente es otra cosa que nadie sabe. Estamos contra un monstro de mil cabezas que desaparece a jóvenes, mujeres, niños y no sabemos, pero no es la guerra contra el Estado. Es algo peor porque no tiene pies ni cabeza”.

La versión digital del informe final de actividades de la Comverdad, realizado de 2012 a 2014, y los anexos Reconstrucción Histórica, Historias de Vida y Personas Participantes en Desapariciones Forzadas se encuentra en la página web de Artículo 19.

Dentro de los personajes principales perpetradores de la Guerra Sucia del Anexo 3 destaca el presidente de México de 1970 a 1976, Luis Echeverría Álvarez, el Mayor Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, jefe de la Policía Judicial de Guerrero y Rubén Figueroa Figueroa, gobernador de Guerrero de 1975 a 1981.

En el Anexo 3 se detalla uno los métodos de ejecución y desaparición de los detenidos:

“(Los detenidos), eran trasportados a la Base Militar de Pie de la Cuesta. Eran atados y vendados, eran bajados de una camioneta Chevrolet, color café, con capacidad para 15 personas. Eran conducidos, uno a uno, a un banquito de fierro al que llamaban “el banquito de los acusados”. Una vez ahí los sentaban y los hacían creer que los iban a fotografiar.

“Ya sentados eran ejecutados por Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y Humberto Rodríguez Acosta, con un disparo en la nuca de una pistola calibre 380”, bautizada como la espada justiciera.

Luego, “se metía a la persona dentro de los costales de yute, que eran cosidos tras agregar piedras en su interior, y después eran transportados en carretilla hasta el avión Arava del Ejército, tripulado por el capitán Manzano.

“Una vez ejecutados, eran subidos al avión para ser trasladados a un lugar identificado como “la costa de Oaxaca. En ocasiones el avión Arava realizaba tres o cuatro vuelos en una sola noche para llevar los cadáveres a la costa de Oaxaca. Así fueron ejecutadas o desaparecidas más de mil 500 personas”.