CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un primer escándalo por incumplir obligaciones en materia familiar ha impactado al gobierno de Tlaxcala, luego de que el secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, fuera acusado de ser deudor aliemntario y de evadir las implicaciones legales de ello, bajo la protección de una mujer: la gobernadora Lorena Cuéllar.

El caso fue dado a conocer el pasado 30 de marzo en un reportaje de Proceso bajo la firma de la reportera Gabriela Hernández, en el que se informa que Ramírez Hernández fue denunciado desde febrero pasado por incumplir con la pensión alimenticia de su hijo de un año y nueve meses de edad, quien además requería de atención médica por un padecimiento.

El funcionario estuvo casado con Tania Vianey Rodríguez González, con quien procreó al pequeño por el que un juzgado ordenó la retención del 35% de su salario, pero que viene incumpliendo, según su expareja, gracias a las conexiones políticas que posee.

Tania Vianey tuvo el apoyo del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, así como la colectiva Ley Sabina Morelos, que acusaron a Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala, de ser un deudor alimentario. No obstante, el funcionario asegura que cumple con sus responsabilidades. 

Las organizaciones mencionadas han destacado que la deuda del funcionario es en perjuicio de su hijo de un año y nueve meses, quien además requiere un tratamiento médico, en este sentido, es acusado de incumplimiento y desacato al sistema judicial. 

Ante estas acusaciones y pese a negarse a dar información a medios locales, el funcionario dijo en entrevista con un medio nacional que ha cumplido con sus obligaciones de padre y aseguró no ser un deudor alimentario, además afirmó que mantiene el pago de un seguro de gastos médicos mayores para su exesposa y su hijo. 

La crisis tlaxcalteca

La prohibición de que deudores alimentarios, agresores sexuales y violentadores puedan ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como estar impedidos a postularse a un cargo de elección popular es una de las conquistas feministas del 2023.

Luego de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma constitucional a los artículos 38 y 102 para implementar la llamada “3de3 feminista” se requería el apoyo de 17 congresos estatales.

Tlaxcala se apuntó en mayo como la onceava entidad en aprobar la reforma constitucional, en medio de la crisis que el escándalo Ramírez Hernández ha significado para la morenista Lorena Cuéllar, quien posee la mayoría en el Congreso del estado. 

El purpple wash de la gobernadora, apoyada en la coalición legislativa Morena-PT-PVEM, convirtió al estado en uno de los que facilitaron el avance de la reforma constitucional, en un contexto de señalamientos por la protección de Ramírez Hernández que las colectivas feministas imputan a la gobernadora.

Desde que se hizo público el caso, Tania Rodríguez González, madre del infante, con el respaldo de las organizaciones mencionadas, señaló que el funcionario de Tlaxcala simula los pagos de la pensión alimenticia, además de que la gobernadora Cuéllar Cisneros habría sido señalada de encubrimiento a favor del acusado.

Ramírez Hernández también fue denunciado por haber celebrado dos convenios de pensión, uno con Tania y otro con una tercera persona, esto durante el periodo vacacional de diciembre pasado, para no dar la pensión de acuerdo con el porcentaje que determinó un juez para el menor. 

La madre del infante ha presentado los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y asegura que su expareja ha recurrido a tácticas como la reducción de su salario y a reportar retenciones presuntamente ficticias a fin de disminuir el monto a asignar para la manutención del menor, con lo que afirma que sólo se le descuenta un 7 por ciento de los 84 mil 152 pesos que actualmente gana.

Las acciones descritas sólo podrián ser realizadas con avales al más alto nivel de la entidad.

Luis Antonio y el “Equipo Morelos”

Luis Antonio Ramírez Hernández es titular de la secretaría de Medio Ambiente en el estado, un cargo que por lo general tiene poca exposición pública, pero que, en su caso, ha sido objeto de polémicas constantes tanto por el escándalo de la pensión como por acusaciones de corrupción.

En concreto, el pasado 16 de mayo, Luis Eliseo Arteaga Uribe, quien hasta abril se desempeñó como titular de Quejas y Denuncias en la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala (Propaet), acusó a Ramírez Hernández de haber obstaculizado diverasas denuncias e invetsigación de presunta corrupción en el otorgamiento de permisos y autorizaciones en materia ambiental.

En consecuencia, Arteaga Uribe dijo que había sido objeto de hostigamiento laboral y luego de despido injustificado. Hasta ahora, las denuncias del exfuncionario quedaron en el aire.

Ramírez Hernández forma parte del llamado “Equipo Morelos”, un grupo de funcionarios del gobierno de Tlaxcala que son identificados con Rabindranath Salazar Solorio, actual funcionario de la Presidencia de la República, quien aspira a la gobernatura de Morelos, entidad de la que proceden varios funcionarios de primer nivel en el gobierno de Lorena Cuéllar, que participan activamente en la construcción de la candidatura de Salazar.

Antes de ocupar el cargo de secretario de Medio Ambiente, en septiembre de 2021, Luis Antonio se desempeñó como director General Adjunto de Administración en el Banco del Bienestar; también fue asesor en el Senado de la República.

Según su declaración patrimonial, es dueño de un terreno de 222 m2 con valor de 500 mil pesos adquirido en 2011 mediante una cesión; un departamento de 61 m2 de 1 millón 300 mil pesos comprado al contado en 2016 y una casa de 436 m2 de terreno y 217 m2 de construcción que compró en 2020 por más de 3 millones de pesos, con un crédito.

El funcionario suele presentarse como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, empero, no existen registros en la Secretaría de Educación Pública de alguna cédula expedida a su favor por la institución, sino por la Universidad Privada del Estado de Morelos.

Respecto a la acudación por incumplir la pensión alimentaria, el político explicó en una entrevista que da una pensión a la hija que tuvo con un matrimonio anterior y a su madre, por lo que el monto que entrega a su hijo es menor que el que señala su expareja, Rodríguez González. 

Este caso sería uno de millones en México, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas. 

Ante esta situación se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base de datos que concentra la información de los morosos y cuya consulta será requisito para realizar trámites y obtener documentos de identidad, que ademas de su carácter jurídico respecto a las personas privadas, complementa las nuevas disposiciones sobre la incapacidad de un deudor o violentador para ocupar un cargo público.