Tlaxcala
Tlaxcala: El pacto patriarcal se fortalece... con la gobernadora
A casi dos años de que la morenista Lorena Cuéllar asumió el gobierno de Tlaxcala, activistas, académicas y organizaciones feministas de la entidad denuncian que siguen siendo víctimas de persecución y de represión, y señalan que hay retrocesos en el ejercicio de sus derechos.
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, aseguraba desde la campaña electoral que su gobierno sería un aliado de las mujeres, pero a casi dos años de que la morenista asumió el cargo, activistas, académicas y organizaciones feministas de la entidad denuncian que siguen siendo víctimas de persecución y de represión, y señalan que hay retrocesos en el ejercicio de sus derechos. Su caso, sentencian, confirma que el ascenso de una mujer al poder no siempre lleva al rompimiento del pacto patriarcal.
TLAXCALA, Tlax. (Proceso).- El 30 de mayo último la abogada Yeny Charrez, de la organización Mujeres con Poder, irrumpió en el Foro Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres que realizaba la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) en Puebla, para denunciar que las activistas y las organizaciones de esta entidad viven en condiciones de grave riesgo.
La activista aseguró que incluso ella misma es víctima de persecución política del gobierno tlaxcalteca, debido a que cuando fue directora del Centro de Justicia de la Mujer denunció irregularidades, simulaciones y posibles actos de corrupción.
Y éste no es un señalamiento aislado. En marzo de 2022 decenas de colectivas y activistas firmaron pronunciamientos en los que recriminaron a la gobernadora Lorena Cuellar haber ordenado un operativo policiaco para reprimir a mujeres, a niñas y a niños que marcharon en la capital de la entidad el 8M, Día Internacional de la Mujer.
Destacamentos de granaderos agredieron a las manifestantes lanzándoles gases lacrimógenos y piedras, arremetiendo contra ellas a empujones e incluso escupiéndoles. Las agraviadas agregaron que incluso mujeres policías vestidas de civil infiltraron la manifestación para golpearlas.
Diversas organizaciones, como el Colectivo Mujer y Utopía, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la colectiva Medusas Sufragistas, aseveraron que a Cuéllar Cisneros le preocupaba la imagen que en esas fechas daría Tlaxcala en el contexto del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que justo se realizó en esta entidad, que no tiene playa y por lo cual fue necesario traer toneladas de arena para instalar las canchas.
Aunque las organizaciones han demandado detener esas prácticas, este año el gobierno de Tlaxcala volvió a instrumentar un operativo contra la marcha del 8M, con el añadido de que esta vez usó una tanqueta que atacó a las mujeres lanzándoles agua a presión para dispersarlas, mientras que el Palacio de Gobierno fue protegido con plásticos y vallas.
No obstante, Cuéllar Cisneros aseguró entonces que las mujeres tuvieron todo el “cobijo y respaldo” del gobierno para manifestarse.
Ixchel Yglesias González Báez, antropóloga y socióloga especializada en el tema de trata, publicó en sus redes una carta dirigida a la gobernadora.
“En la marcha había familias, niñas, niños, bebés, perritos, personas de la tercera edad. La marcha estaba llena de mujeres jóvenes, estudiantes, mujeres que están hartas de vivir con miedo, que no quieren ser asesinadas. Y tú, ¿qué hiciste?, reprimiste, no escuchaste, mandaste callar con gases irritantes y con mangueras de agua. ¿No crees que tus acciones, además de violentas, son tontas?”, reclamó Yglesias.
En entrevista con Proceso, la académica refiere que tras esta carta ha resentido un veto en su contra en la entidad, donde le cierran puertas y le atrasan proyectos.
El de Cuéllar Cisneros, señala, es un estilo de gobierno como el del “priismo de Díaz Ordaz”, caracterizado por el control casi total de los medios de comunicación y por el despliegue de “guerras sucias” contra todo aquel que disienta o critique.
Recuerda que entre los grupos y colectivas feministas había cierta expectativa de que, por ser mujer y por llegar desde Morena, Lorena Cuéllar, pese a su pasado priista y perredista, tendría una posición empática y al menos impulsaría algunos cambios en los temas de género, pero hasta ahora nada de eso ha ocurrido.
“Es un ejemplo de que ser mujer no te quita lo patriarcal”, resume.
Trata de personas, delito oculto
En noviembre de 2022 la gobernadora dijo en una entrevista que “gracias a Dios” en ese año no se había presentado “un solo tema de trata de personas” en la entidad, por lo que dio por hecho que ese fenómeno, “que estigmatizaba mucho a Tlaxcala”, “afortunadamente” ha sido controlado.
Ixchel Yglesias, entre las más reconocidas investigadoras del fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual, junto con el antropólogo Óscar Montiel, considera que esas declaraciones de la gobernadora no sólo reflejan un desconocimiento de la realidad, sino que ponen a su gobierno bajo sospecha de “colusión” con el sistema proxeneta.
Agrega que la gobernadora quiere “vender” una imagen de Tlaxcala que atraiga el turismo nacional e internacional, así como inversiones extranjeras, y, con ese fin, que no se identifique a esta entidad como un “estado proxeneta”.
Muestra de ello, revela, es que desde el gobierno estatal se operó para que la Universidad Autónoma de Tlaxcala desistiera, cuando ya todo estaba organizado, de ser sede del VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Por ello, ese evento tuvo que llevarse a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.
Se niega la realidad de que la trata está cada vez más a la vista en zonas como el sur de la entidad, donde basta transitar a cualquier hora del día por la Vía Corta Chiautempan-Puebla para ver a decenas de trabajadoras sexuales.
En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés emitió un boletín en el que increpa a Cuéllar Cisneros y le recalca que “la trata sí existe”. Esto, además, en clara alusión al hashtag “TlaxcalaSiExiste” que el gobierno de la morenista promueve y que a muchos tlaxcaltecas les resulta ofensivo.
El centro Fray Julián Garcés ha advertido que, si bien el gobierno conformó el Consejo Estatal contra la Trata de Personas y aprobó el Programa Estatal correspondiente –que la sociedad civil y la academia pusieron a disposición–, éste no avanzará si no se le destina presupuesto.
Una muestra de la poca importancia que el gobierno estatal da a esta política pública –ejemplificó– es que se incluyó un monto a la “Transformación de la fiesta brava como impulsor económico y turístico en la nueva historia de Tlaxcala” como parte del presupuesto del Consejo Estatal contra la Trata.
“Pretender invisibilizar la trata de mujeres no elimina el problema; por el contrario, lo acrecienta”, subraya la organización.
Persecución laboral
El caso de la abogada Yeny Charrez ha sido considerado por varias organizaciones como un acto de violación a los derechos humanos cometido por el gobierno de Cuéllar Cisneros. Al inicio del sexenio, la luchadora social fue invitada a ser directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).
La mañana del 15 de agosto de 2022, la subprocuradora de Justicia, Azucena Jiménez, acompañada de personal del Órgano de Fiscalización, llegó a ese centro para hacer efectiva la renuncia de Charrez, aunque la activista realmente no había presentado ninguna renuncia a su cargo. A través de sus redes sociales, Yeny transmitió en vivo ese operativo.
“Gobernadora del estado, usted fue la que me pidió, a través de la procuradora, que estuviera en este lugar, y ahora me están diciendo que yo renuncié. Yo no he renunciado a nada porque yo no tiro la toalla, y menos en la defensa de las mujeres”, reclamó durante su transmisión.
Afirmó que la verdadera razón por la cual decidieron sacarla del CJM fue porque denunció ante la Conavim y ante la propia gobernadora irregularidades en el manejo de los fondos destinados a implementar la Alerta por Violencia de Género.
Sus reclamos causaron molestia también a la Procuraduría de Justicia, por señalar la pérdida de carpetas de investigación o las negativas a tomar las denuncias de víctimas de trata, como una forma de simular una reducción de delitos en la entidad.
Al día siguiente la Procuraduría emitió un boletín en el que insistió que la funcionaria había renunciado. Luego, en una entrevista, Cuéllar Cisneros se refirió a la salida de Yeny Charrez como un “despido” que atribuyó a que la funcionaria no trabajó “con transparencia”.
A su vez, el colectivo Mujer y Utopía, asociación que promueve los derechos de las mujeres, se solidarizó con Charrez y desaprobó que desde el gobierno se hayan violentado los derechos de la activista.
Eréndira Jiménez, de la colectiva Mujeres Libres, quien en 2021 contendió por la gubernatura como abanderada de Movimiento Ciudadano, dice que si bien el gobierno de Cuéllar ha realizado algunas acciones, como la creación de una policía de género (con patrullas y uniformes color rosa), la impartición de conferencias o la promoción de ferias de servicios, no trabaja en conjunto con la sociedad civil ni profundiza en las problemáticas.
El 18 de agosto se cumplirán dos años de la Alerta por Violencia de Género en Tlaxcala sin que haya avances notables, agrega. Tampoco se ha aprobado la interrupción legal del embarazo. “Parecieran acciones aisladas, pero en conjunto siguen una visión que refrenda el pacto patriarcal, aun cuando haya mujeres en cargos”, concluye.
Deudor protegido
En su discurso de toma de protesta, el 31 de agosto de 2021, Lorena Cuéllar informó que había advertido a sus colaboradores que “no habrá tolerancia para nadie cuando se trasgreda la dignidad de una mujer”.
No obstante, en marzo pasado, Tania Vianey Rodríguez González, aún esposa de Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario del Medio Ambiente de Tlaxcala, reveló a este medio que había presentado una denuncia penal en contra de funcionarios de la administración estatal por los delitos de fraude procesal, falsedad de informe ante autoridad y obstrucción de la justicia.
Lo anterior, explicó, porque la administración de Lorena Cuéllar brinda protección a su expareja para que eluda el pago de la pensión que le corresponde a su hijo de dos años, quien además requiere de tratamiento médico.
A nivel federal se acaba de aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que prevé que ningún deudor de pensión alimenticia podrá ocupar un cargo en el servicio público.
El titular de Medio Ambiente es ahijado político de Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia y quien es mencionado como posible candidato de Morena al gobierno de Morelos.
Ramírez, además, coordinó la campaña de la gobernadora y se ha convertido en su operador de confianza ante los diputados del Congreso local.
El 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo de lo Familiar de Jiutepec, Morelos, otorgó a Tania Vianey y a su hijo una pensión de 35% del salario de Ramírez Hernández, que en ese entonces era de 92 mil pesos mensuales.
La mujer asegura que el gobierno de Tlaxcala redujo el sueldo a su expareja y le aplicó además otras dos retenciones alimenticias ficticias, con lo cual pretendían entregarle una pensión que se redujo a cinco mil 754 pesos quincenales, cuando le corresponden más de 15 mil pesos.
Desde el 21 de abril, la jueza de lo familiar de Morelos, Vanessa Gloria Carmona Viveros, pidió al Poder Judicial de Tlaxcala que emitiera un exhorto a la dirección general de personal del gobierno tlaxcalteca para que corrija el cálculo de esa pensión.
La jueza aclaró a la dependencia tlaxcalteca que la retención debió haberse calculado sobre el salario total del funcionario, incluyendo prestaciones, y sin tomar en cuenta las otras dos pensiones que le aplicaron y que además fueron posteriores a la otorgada a Tania Vianey y a su hijo. Además, concluye que se tienen que reintegrar a la mujer las cantidades no descontadas de manera correcta.
Sin embargo, Rodríguez González dijo a Proceso que el Poder Judicial de Tlaxcala, casi dos meses después, no ha emitido ningún exhorto sobre el caso.
El abogado Felipe Jasso asegura que también se ha evidenciado el fraude procesal en que incurrieron autoridades tlaxcaltecas al prestarse para que se usaran dos pensiones alimentarias “claramente fabricadas”, con el fin de reducir la pensión que, en esa fecha, ya había ordenado el juez de Morelos.
Una de esas obligaciones se justificó con el oficio 380/2022, del 26 de diciembre de 2022, en favor de Josefina Hernández Reyes, madre del secretario. La otra, para Ana Karina Moncada, en representación de su hijo, resulta tener número 379/2022, consecutivo del otro, y fecha 22 de diciembre.
Ambas fueron ordenadas cuando el Poder Judicial estaba en periodo vacacional y la dependencia tlaxcalteca evadió informar qué juez las ordenó.
Ante esto, el 17 de mayo último, el Juzgado de Morelos emitió un exhorto para que Miriam Montiel Morales, directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del gobierno de Tlaxcala, remita las constancias que fundamentan esas dos retenciones, debiendo precisar qué autoridad ordenó su cumplimiento.
Hasta ahora la autoridad judicial tlaxcalteca tampoco ha emitido ese exhorto, pese a que se advierte que, de no cumplir, además de medidas de apremio, se hará “deudor responsable de doble pago”, “sin perjuicio de las demás responsabilidades del orden civil y penal en que pudiera incurrir”.
Cuando la prensa local cuestionó a Cuéllar sobre esta denuncia, la gobernadora descartó tener conocimiento de que hubiera algún caso de ese tipo en su gobierno. Sin embargo, Tania Vianey entregó a Proceso dos cartas, una de ellas con sello de recibido, en las que informó a la mandataria, desde diciembre de 2022, que su secretario estaba maniobrando para evadir la responsabilidad alimentaria con su hijo.
La Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Tlaxcala entregó a este medio un pronunciamiento escrito en el que sostiene que esa administración ha actuado en cumplimiento a las determinaciones de autoridades judiciales, y que, con base en ello, desde enero ha aplicado al funcionario los descuentos que corresponden en favor de Rodríguez González.
“Los aspectos no considerados en el presente posicionamiento corresponde precisarlos al funcionario, quien seguramente en su momento hará los comunicados que le permitan aclarar debidamente este caso, que corresponde a su vida personal y que nada tiene que ver con el desempeño de sus labores en esta administración”, puntualiza.
El 23 de junio, Rodríguez González interpuso un escrito ante el Juzgado Segundo en Materia Familiar del Noveno Distrito Judicial de Morelos para solicitar que se apliquen a Ramírez Hernández las recientes reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, a fin de que se le suspenda el derecho de ocupar el cargo por ser un evasor alimentario.
