MONTERREY, NL (Proceso).– Los habitantes de Nuevo León se encuentran atrapados en una disputa política, que se ha prolongado durante un año, entre el gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, y los diputados del PRI y el PAN que forman mayoría en el Congreso local, lo que ha afectado temas como procuración de justicia, obra pública y una línea del metro que está detenida.

Alcaldes azules y tricolores acusan a Samuel García de retener bolsas de fondos estatales por más de tres mil millones de pesos, lo que ha pegado financieramente a más de la mitad de los municipios del estado, algunos de los cuales han llegado al incumplimiento de pago con sus proveedores.

El conflicto llegó al extremo de que García impulsa investigaciones contra personajes de estos partidos ante la Fiscalía General de la República (FGR) e instancias fiscalizadoras estatales, con acusaciones de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pero la fiscalía estatal, que el gobernador señala de estar al servicio de lo que llama PRIAN, también ha presionado a integrantes de su equipo.

En este juego de vencidas, que no parece tener solución inmediata, el gobernador busca –según lo ha dicho públicamente– impedir que sea seleccionado como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado Adrián de la Garza, el priista a quien derrotó en la elección para gobernador y que es el gallo de los dos partidos opositores para el puesto que debe determinar el Congreso de Nuevo León.

En lo que se considera una medida de chantaje a los partidos, García ha retenido, dicen sus opositores, una bolsa de dos mil 500 millones de pesos de un fondo estatal especial, lo que afecta el funcionamiento de más de la mitad de los municipios en la entidad.
Como parte del debate, por denuncias pasadas de Samuel García, la FGR pidió a la fiscalía estatal, con carácter de “urgente y confidencial”, antecedentes sobre 14 personas físicas y morales del estado. 

El oficio, fechado el 24 de mayo y firmado por la agente del Ministerio Público federal Genny Franco, incluye los siguientes nombres: Carlos Alberto de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local; Alfonso Juan Montesinos Tamayo y Diana Alicia Cantú Lozano –esposos y socios de una empresa que compartieron en el pasado–; Alejandro Vinicio Araiza Gaitán, quien fuera su contador hace años, y Rogelio Segovia González.

A fin de integrarlos a la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-NL/0000465/2022, la FGR también solicitó datos de las empresas AM Logística y Distribución, Grupo Mexicano de Logística, Etog Servicios, ABC Consultores Contables y Jurídicos, Selex Recursos Humanos, Servicios Empresariales Quote, Consultores Laferc, Consultores Profesionales Nourdeine, así como Galo Express. 

De la Fuente afirma en entrevista que no conoce ninguna de esas firmas, por las que lo ubican como supuesto facturero. El gobernador no aceptó hablar con Proceso del tema. 

Con la misma fecha, pero en otra carpeta, la mencionada agente investigadora pide información en particular sobre De la Fuente, su esposa, Imelda Patricia Garza Benavides, así como las empresas de su propiedad Inmobiliaria Carfu, Desarrollos Carfu, Organización Deportiva La Fe, Grupo Mexicano de Logística y AM Logística y Distribución, en este caso para la a carpeta de investigación es la FED/FEMDO/UEIORPIFAM-NL/0000436/2022. De la Fuente dice que mantiene las dos empresas Carfu y que las otras las vendió hace años.

El que también está en la mira de la FGR es Francisco Cienfuegos, exdelegado del PRI en Coahuila y considerado en la localidad como quien maneja al partido, como parte del grupo político que encabeza el exgobernador Rodrigo Medina.

El periódico El Norte publicó que al igual que a De la Fuente, y con oficio de la misma fecha, la misma fiscal federal pidió información sobre Cienfuegos Martínez, exalcalde de Guadalupe, por 27 empresas y 16 personas físicas. El medio dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a la esposa de éste, Lucía Todd. 

Eso motivó al gobernador para declarar que Cienfuegos “está a días de ir a la cárcel” por facturero, acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Francisco Cienfuegos no accedió a dar una entrevista a este medio.

A su vez, Carlos de la Fuente dijo que ya preguntó en el SAT sobre los documentos que envió la FGR al estado, y encontró que en total son siete denuncias que fueron presentadas en su contra directamente por el gobierno de Nuevo León ante la Fiscalía Anticorrupción estatal y en la Fiscalía General del estado, pero que ya fueron cerradas. La que queda abierta es la de la FGR. 

La judicialización del pleito político es una guerra sucia que emprende el gobernador por su incapacidad para negociar, señala De la Fuente: “He tenido discusiones con cuatro gobernadores y nunca me había topado con uno adolescente como Samuel García”.
El actual encargado del despacho de la Fiscalía General del estado es Pedro Arce, asociado con el PRI. 

En lo que parece una respuesta a las investigaciones contra priistas y panistas, la fiscalía estatal dio a conocer que Glen Villarreal, quien fuera encargado de comunicación de Samuel García y actualmente es secretario general de su partido, MC, está relacionado, a través de su empresa BDMI con una investigación sobre facturas ilegales, con Ángel Ricardo García, investigado por narcotráfico y asesinado a tiros en mayo. 

Además, la fiscalía dio a conocer que el actual dirigente estatal de MC, Miguel Sánchez, quien fuera director del DIF estatal de la colonia Fabriles, es investigado por la muerte de un adolescente, pero no se le ha podido procesar porque está amparado.

Ante las repercusiones del conflicto, organismos empresariales publicaron una carta en la que piden detener las disputas. “Compartimos la preocupación de la comunidad que desea que su calidad de vida no se vea perjudicada a raíz del desgaste en debates poco productivos entre los poderes de gobierno, que están muy lejos de aportar para resolver los grandes retos que enfrenta el estado como lo son la seguridad y la movilidad”, dice el texto, que firman Consejo Cívico, Caintra, Canaco, Coparmex, Canadevi, Caprobi e Index NL.