OAXACA, Oax. (apro).- Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la desintegración del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, que el congreso local disolvió “fast track”, el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz sostiene que el nuevo tribunal y sus magistrados siguen firmes porque “no se puede suspender algo que ya está consumado, al tratarse de un principio general de derechos”.

El titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, sostuvo que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca continúa firme y que el expresidente del desaparecido Tribunal, Manuel Velasco Alcántara, sorprendió a los ministros de la Suprema Corte al decir en su demanda que la reforma a la Constitución no se había publicado.

Cabe resaltar que en plenas fiestas de la Guelaguetza y en sábado, el Congreso local desapareció en menos de 20 minutos el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca para crear otro a modo del gobernador Salomón Jara Cruz.

El mismo sábado 22 se presentó la iniciativa, se analizó, se aprobó, se designó, ratificó e integró el nuevo tribunal y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Después de que la Suprema Corte, a través de su Comisión de Receso, admitiera parcialmente la controversia constitucional 396/2023 contra el decreto que reforma al Tribunal de Justicia Administrativa y negara la suspensión en cuanto a la designación y ratificación de los nuevos magistrados, Vásquez Sagrero dijo que dicha determinación no afecta los nombramientos ni las funciones del nuevo órgano jurisdiccional.

Vásquez Sagrero explicó que, en esta acción, los ministros desecharon la demanda en contra de esta reforma por la supuesta falta de publicación de la misma, sin embargo, la legislación que crea al nuevo Tribunal ya entró en vigor desde el sábado 22 de julio, por lo que procede esta determinación.

Asimismo, explicó que, aunque la Corte concedió la suspensión para que los magistrados del anterior Tribunal continúen en el cargo cobrando y no sean sustituidos, también refiere que las nuevas funciones del anterior Tribunal se suspenden hasta que entre en vigor la nueva legislación.

Insistió en que esa legislación ya entró en vigor desde el sábado pasado, ejerciendo las nuevas funciones, de ahí que las personas titulares de las magistraturas en el recién erigido Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción pueden seguir en función.

SCJN actuó con información incorrecta: Mateo Martínez

Por su parte, el magistrado presidente del nuevo Tribunal, Mateo Martínez Martínez, manifestó que la designación, ratificación e integración de las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO), se realizó con base en la Ley y en pleno respeto al orden constitucional, acción que fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Indicó que la admisión de la controversia constitucional 396/2023 está basada en información incorrecta, toda vez que tanto la reforma, como la designación de las propuestas por parte del Ejecutivo estatal, así como la ratificación de las mismas por el Congreso local, se encuentran publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Explicó que no se puede interpretar una suspensión sobre actos que ya fueron consumados, pues las y los ex magistrados alegaron la falta de cumplimiento del procedimiento legislativo y de la publicación en el Periódico Oficial, cuando estos sí fueron publicados, es decir, la reforma, designación y ratificación de las y los integrantes del TJACCO son completamente legales.

“Coincidimos con lo señalado por el Alto Tribunal del país, respecto a la necesidad de asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual puedan dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, y las acciones realizadas por las y los ex magistrados, vulneran precisamente ese derecho, con información sesgada o errónea”, resaltó.

Tribunal era un “monumento a la corrupción”: Salomón Jara

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz se ufanó que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca representa un gran paso para garantizar al pueblo el acceso a la justicia porque “el antiguo Tribunal era un monumento a la corrupción, a los excesos y a la justicia al mejor postor”.

Para sostener su dicho, dijo que el antiguo tribunal, con los más de 143 millones de pesos asignados por el Congreso en los últimos tres años, no solo representaba una carga onerosa para el presupuesto de la entidad, sino que además se había convertido en un obstáculo para la responsabilidad que constitucionalmente debía cumplir.

Aseveró que, de acuerdo con información del propio tribunal, en el año 2020, en promedio, una sala del extinto órgano dictaba dos o cuatro sentencias al mes, por lo que “no era ya entendible ni justificable su improductividad”.

Afirmó que durante los últimos dos gobiernos hubo lentitud, opacidad y complicidad, y en los primeros meses de su administración solo se resolvieron 20 juicios en los que el estado perdió 500 millones de pesos.

Aunado a ello, Jara Cruz señaló que el número de magistraturas era desmesurado comparado con otros estados del país, ya que estaba conformado por 12 integrantes, comparado con los estados de Nuevo León que tiene casi 6 millones de habitantes y su tribunal está conformado por ocho magistraturas; o Michoacán, que con casi 5 millones de habitantes cuenta con seis magistraturas.

Jara Cruz detalló que en el extinto Tribunal había una burocracia dorada, que gozaba de sueldos estratosféricos, comenzando por el magistrado presidente, que tenía un salario de 3 millones 65 mil pesos al año y los otros 11 magistrados tenían una percepción anual de casi 2 millones de pesos.

Además, dijo, “en 2021 y 2022, las y los magistrados se autoasignaron un bono de fin de año de 200 mil pesos y de 400 mil pesos para el magistrado presidente”.