PUEBLA, Pue. (apro).- La secretaria de Finanzas del Estado, Josefina Morales Guerrero, informó que la actual administración detectó un adeudo fiscal de 722.3 millones de pesos que se generó en 2019 y 2020, años del gobierno del fallecido Miguel Barbosa Huerta.

De acuerdo con la funcionaria esta deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se deriva de una diferencia en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta en sueldos y salarios de esos dos años.

En rueda de prensa en la que estuvo presente el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, Morales dijo que las instrucciones que ha recibido del mandatario es cubrir ese monto para evitar intereses, tal como ocurrió con el crédito fiscal que se generó durante el morenovallismo que llegó a ser por más de 2 mil 600 millones de pesos.

En ese caso, el gobierno de Puebla pagó al SAT, pero el gobernador Céspedes informó que la federación devolvió 75 por ciento de ese monto, por lo que el monto final fue por 650 millones de pesos.

Cabe recordar que esta deuda fiscal se derivó por una devolución ilegal de impuestos al gobierno de Puebla de los ejercicios 2009 y 2010. En 2018, el SAT pidió la devolución de 700 millones de pesos, pero en vez de reintegrarlos, el gobierno poblano recurrió a un litigio, lo que hizo que esta deuda casi se cuadriplicara.

Aparte de la deuda fiscal dada a conocer hoy, cabe recordar que también después de la muerte de Barbosa Huerta se reveló que en 2021 su administración invirtió más de 600 millones en banco Accendo, el cual suspendió actividades por órdenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta ahora el gobierno de Puebla no puede recuperar esos recursos.  

Representantes de organizaciones como Rubén Furlong, presidente de la Coparmex Puebla, han pedido que se llame a cuentas y se finquen responsabilidades contra María Teresa Castro Corro, extitular de la Secretaría de Finanzas del Estado, quien aparece como responsable de este desfalco y de la deuda fiscal que en conjunto suman más de mil 300 millones de pesos.