PUEBLA, Pue. (apro).- Además de los dos mil 600 millones que el gobierno de Puebla tuvo que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por malos manejos en la era de Rafael Moreno Valle, los poblanos fueron notificados de otro hoyo en las finanzas públicas, pues el gobierno de Miguel Barbosa Huerta invirtió 600 millones de pesos en el Banco Accendo, que se declaró en quiebra desde septiembre de 2021.

Aunque la secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, María Teresa Castro Corro, insistió en que aún no puede considerarse que esos recursos estén perdidos, el gobierno poblano no se encuentra entre los acreedores que serán cubiertos con el seguro de depósitos que administra el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En 2021, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre la revocación de la licencia para operar a Accendo, se dio a conocer que el 96% de los ahorradores, cuyos montos de inversión son menores a 400 mil UDIs –2.5 millones de pesos– estaban cubiertos por el seguro de depósito.

La administración estatal se encuentra entre los 69 acreedores que tendrán que esperar al remate de los bienes del banco, que se supone llevará varios años, y que se da por hecho que podrían sólo recuperar parte o posiblemente nada del monto invertido.

La administración del fallecido Barbosa Huerta depositó los 600 millones de pesos en junio de 2021, apenas tres meses antes de que el banco fuera declarado en quiebra.

En medios de comunicación se ha dado a conocer que fue el exsenador panista y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien habría recomendado a Barbosa Huerta invertir en este instituto bancario que ofrecía una tasa de interés del 6% anual, superior a la otorgada por otras instituciones. Cabe recordar que Cordero y Barbosa Huerta fueron senadores en el mismo periodo de 2012 a 2018.

Otros gobiernos como los de Hidalgo y Veracruz, que también invirtieron recursos públicos en ese banco, habían ya informado sobre el litigio para recuperar el dinero, sin embargo, la administración barbosista había ocultado hasta ahora esta situación que afecta el erario de los poblanos.

En sus comparecencias en el Congreso del Estado, Castro Corro nunca mencionó sobre los fondos en litigio por haber invertido en Accendo. Ahora, la funcionaria ha justificado que los 600 millones de pesos se trata de recursos no programados que no afectaron el presupuesto estatal.

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina anunció que presentarán denuncias para que se deslinden responsabilidades sobre estas situaciones que causan un impacto a las arcas estatales, sin embargo, el fiscal Gilberto Higuera Bernal dijo que hasta ahora esa institución no ha recibido ninguna queja formal.

Cuando el gobierno de Barbosa depositó recursos públicos en Accendo ya había indicios de los riesgos que representaba. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que desde marzo de 2021 habían detectado incumplimientos en niveles de liquidez y capital de esa institución.

Además, Accendo procedía de Investabank, cuyo principal socio, Carlos Djemal, fue detenido en 2016 acusado de lavar más de 100 millones de dólares y estar involucrado en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano.