Ternium
Comuneros de San Miguel Aquila desconocen a mediador de Segob en conflicto con Ternium
Acusan que el representante de la Secretaría de Gobernación, Ignacio Ocampo, olvidando su función mediadora, asumió un papel parcial en apoyo a los intereses de la trasnacional.MORELIA, Mich. (apro).- Comuneros de San Miguel Aquila desconocieron al representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ignacio Ocampo Barrueta, como mediador en el conflicto que sostienen desde enero pasado con la minera trasnacional Ternium, luego de la desaparición del líder comunal Antonio Díaz Valencia y del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca.
El grupo mayoritario de comuneros emitió un pronunciamiento en el que expuso que la decisión de desconocer al funcionario federal obedece a que “en los últimos días, y olvidando su función mediadora, (Ignacio Ocampo) asumió un papel parcial en apoyo a los intereses de la empresa Ternium”, de capital ítalo-argentino.
Señalaron que el representante de la Segob en Michoacán, así como diversas voces que se originan entre contratistas de la empresa Ternium y un grupo minoritario de comuneros, han insistido en la reanudación inmediata de las actividades de la minera, “sin que existan las condiciones para ello y fundamentalmente sin que nuestra comunidad cuente con su comisariado de bienes comunales legalmente electo”.
A más de cinco meses de la desaparición de Lagunes Gasca y de Díaz Valencia, la asamblea comunal de Aquila advirtió que no permitirá la reapertura de la mina de Ternium mientras no se expida la convocatoria para elegir la nueva mesa directiva de Bienes Comunales que se encargará de negociar las condiciones para reanudar la actividad extractiva.
La mina de hierro permanece cerrada desde el 22 de enero pasado, una semana después de la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes luchaban por mejores condiciones para los comuneros en el contexto de la operación de la minería en la región.
Los representantes de la comunidad indígena llamaron a la empresa Ternium y a los diversos niveles de gobierno a coordinar esfuerzos con la finalidad de que “la emisión de una convocatoria para la asamblea de elección de órganos de representación y vigilancia ocurra a la brevedad, así como la presentación con vida de nuestros compañeros Antonio Díaz y Ricardo Arturo Lagunes y el castigo a los culpables de su desaparición, lo que redundará en beneficio de todos los involucrados”.
Demandan aparición con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz
Pese a las exigencias de organismos nacionales e internacionales para localizar a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, hasta la fecha las investigaciones no han arrojado resultados, aunque ya fue detenido y puesto en prisión José Cortés Ramos, alias Cochelo, comunero de Aquila y presunto autor intelectual de la desaparición, con la probable complicidad de otros integrantes de su grupo.
De acuerdo con el pronunciamiento de los comuneros, “existen diversas líneas de investigación sobre quiénes más pudieran estar detrás de este crimen de lesa humanidad, que no excluyen la probable responsabilidad de otros actores regionales e incluso de funcionarios encargados de la administración de justicia agraria y de empresas”.
Al momento de su desaparición, Díaz Valencia y Lagunes Gasca “se encontraban librando –en representación de la mayoría de nuestra comunidad– una significativa batalla legal en contra del grupo liderado por José Cortés Ramos, con el fin de que la Procuraduría Agraria emitiera una convocatoria para la realización de una asamblea general de comuneros en la que se elijan democráticamente un comisariado de bienes comunales y un consejo de vigilancia que representen a la Comunidad”.
Desde 2019, la comunidad indígena de Aquila carece de órganos internos de gobierno, “con todos los perjuicios que lo anterior le depara, sobre todo en su relación económica con la empresa Ternium, que tiene una explotación minera al interior de la comunidad con base en diversas concesiones y a partir de un convenio de ocupación temporal suscrito con nuestro núcleo comunal”.
El 15 de junio pasado, cuando se cumplieron cinco meses de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, un tribunal colegiado de Morelia falló en definitiva a favor de la causa que ellos enarbolaban y en unas semanas el Tribunal Unitario Agrario 38 podría ordenar a la representación de la Procuraduría Agraria en Michoacán convocar a la asamblea, “a pesar de la firme oposición del grupo antes señalado (que encabezaba José Cortés) en contra de la mayoría de quienes integramos la comunidad, y del cual se rumora pudiera actuar en complicidad con ejecutivos de la empresa Ternium”.
Los comuneros advirtieron que, ante la inseguridad que priva en Aquila, así como ante la falta de un comisariado de bienes comunales que represente sus intereses frente a Ternium, la comunidad de San Miguel Aquila “continúa en un estado de zozobra”, dado que resulta posible “que más comuneros compañeros nuestros sigan siendo desaparecidos o asesinados, aclarando que los casos de Antonio y de Ricardo no son los únicos ni los primeros”.
La comunidad de Aquila invitó a las comunidades indígenas de la región, al pueblo de México y a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a “apoyar nuestras justas exigencias y a estar atentos a la seguridad y salvaguarda de nuestras vidas, nuestra integridad y nuestros derechos, frente al clima de inseguridad que prevalece en nuestra comunidad y en la región”.