PACHUCA, Hgo. (apro).- El encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que otorgaron medidas de protección a las dos personas que quedaron lesionadas por el ataque armado del pasado domingo 14 de mayo en Atotonilco de Tula –que dejó seis muertos, tres de ellos menores de edad– y se encuentran en la etapa de recabar entrevistas y analizar videos posiblemente relacionados con los acontecimientos.

Debido a la secrecía de la investigación por este multihomicidio –que realizan en conjunto con la Fiscalía del Estado de México, debido a que cuatro de las víctimas que habían recibido heridas letales por arma de fuego fallecieron en hospitales de esa entidad–, dijo que no puede proporcionar más datos sobre posibles móviles e implicaciones; no obstante, comprometió llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Durante una Reunión Pública de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad y Justicia que se llevó a cabo en la Plaza Principal de Atotonilco de Tula, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, mantuvo el discurso que previamente habían expuesto PGJEH y policía estatal, al atribuir responsabilidad por la falta operativos conjuntos, capacitación y despliegue de elementos a la negativa del ayuntamiento a sumarse a un mando coordinado.   

“La seguridad pública es responsabilidad del municipio, y el municipio no ha querido sumarse al mando coordinado”, insistió Olivares Reyna a los pobladores, que recriminaban tanto a autoridades estatales como al alcalde Jaime Ramírez Tovar –ahí presente– posibles errores y negligencia en sus actividades.

Increpado por pobladores, que lo abucheaban, el edil reconoció que los hechos de violencia “son temas que se salieron de control”, pero justificó que han mantenido contacto con procuraduría y Guardia Nacional (GN) para el seguimiento de las investigaciones. Asimismo, se dijo dispuesto a ser investigado por cualquier conducta.

Después de que una ciudadana que se identificó como Luz Gabriela Ramos Pérez, originaria de Atotonilco de Tula, diera a conocer que demandaron al gobierno municipal por presunta corrupción, nepotismo y omisiones en asuntos de seguridad pública, y tras requerir protección ante posibles represalias, Nieto Castillo indicó que la PGJEH ha recibido once denuncias por posibles actos de corrupción contra la gestión de Ramírez Tovar.

Sin embargo, matizó que no se trata de un asunto de índole partidista, debido a que el alcalde emana de una alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, mientras que el estado es regido por el Movimiento de Regeneración Nacional. “No importa de quién sea. No es un tipo de persecución política de un grupo político a otro”, indicó, al tiempo de afirmar que si se encuentran elementos de posibles irregularidades, actuarán.

Luego de que los representantes del gobierno estatal, que presidían el acto, enunciaran una serie de apoyos que, afirmaron, se entregan a los pobladores y, por lo tanto, “ya no hay motivo” para que éstos se involucren en actividades delictivas, en una región –el Valle del Mezquital– en la que el robo de hidrocarburo ha creado base social, pero también incrementado la violencia y dejado víctimas colaterales, habitantes también los cuestionaron:

“Después de que pasaron los difuntitos, dijeron que pusieron el apoyo de la policía estatal, de la Guardia Nacional. A ver, ¿dónde están? Dígannos dónde están”, cuestionó uno, al aseverar que en Casas Quma, donde ocurrió el ataque armado, no estaban protegidos, y que en las escuelas de nivel básico no existía vigilancia en los horarios de entrada y salida, porque los oficiales sólo acudían "por la firma".

El secretario de Gobernación le respondió que no había obligación de mantener el diálogo si no se dirigía con respeto.

Acto seguido, dio la palabra al representante de la GN, quien aseveró que establecieron una base permanente en la cabecera municipal y que reforzarán la presencia en las colonias indicadas.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, mencionó que Atotonilco de Tula cuenta con 42 elementos en su corporación municipal, de los cuales sólo 21 están certificados; “es decir, el 50 por ciento no deben ser policías, porque no cuentan con la certificación”.

El sueldo de esos policías, añadió, es de 4 mil 400 pesos. “(Con) ese dinero mensual, creo que no vivimos”, criticó. Este año, sumó, el municipio tendrá un presupuesto de 56 millones de pesos para seguridad.

Después acotó que, aunque no hay un mando coordinado, “nosotros estamos patrullando constantemente. “Hemos detenido a gente armada aquí en el municipio”. Insistió en las denuncias ciudadanas para conocer “esos lugares donde se encuentran esas ratas”.

Tanto Cruz Neri como Nieto Castillo hicieron mención de que cuatro personas originarias de Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Chiapas fueron detenidas la madrugada del jueves 18 de mayo, cuando circulaban en una camioneta, en sentido contrario, sobre la carretera Jorobas-Tula. Según la narración, al no detenerse cuando se les marcó el alto, la policía estatal los persiguió hasta detenerlos y así hallaron armas de alto calibre, radios de comunicación, celulares y presunta droga.

No obstante, las autoridades no han determinado que estén asociados con el multihomicidio en Senderos del Pedregal (Casas Quma), aunque sí siguen esa línea de investigación, además de que los señalan de ser generadores de violencia en la región.

El encargado de la procuraduría también refirió que de enero a abril han recibido 204 denuncias por conductas delictivas en el municipio, principalmente violencia familiar y lesiones, aunque también por homicidio doloso, narcomenudeo y trata de personas.

Investigan, de igual forma, la posible asociación entre comercio de droga al menudeo y extracción de combustible.

Por el ataque armado del pasado domingo fallecieron una menor de tres años, otro de once y uno más de 14, así como tres adultos de 30 y 28 (los cuerpos identificados en el sitio) y 70 años.