PACHUCA, Hgo. (apro).– A casi dos años de la muerte de la médica Beatriz Hernández Ruiz, de 29 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación (R-VPO-0003-23) al presidente municipal de Progreso de Obregón, Armando Mera Olguín, al acreditar violaciones a los derechos de la víctima de no ser sujeta de retención ilegal, a preservar su vida, a la protección, a la debida diligencia, a una valoración y certificación médica y a no ser sujeta de victimización secundaria.

En estas transgresiones que derivaron en la muerte por suicidio, según la resolución de una juez de control que valoró un peritaje en tecnología que muestra una videograbación del área de “barandilla” a la que fue trasladada Hernández Ruiz tras un percance vial, participaron, además del alcalde, personal bajo su mando en las direcciones de Comunicación Social, que criminalizó y revictimizó a la doctora, así como Seguridad Pública.

En el expediente por la recomendación, la CDHEH recrea que el 9 de junio de 2021 Beatriz, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y quien hacía su residencia médica en el Hospital General de Pachuca, fue detenida con uso de la fuerza por agentes municipales tras un accidente de tránsito.

Videos de la intervención muestran el sometimiento por parte de los policías, hecho que, con testimonios recabados de quienes se encontraron en el sitio, Proceso documentó.

El padre de Beatriz declaró que acudió a la Presidencia municipal de Progreso para preguntar por su hija, después de que supo que estaba detenida, y entró al área conocida como “galeras”. Ahí, su descendiente, con desesperación, le pidió: “sácame de aquí”, sin decirle más cuando le preguntaron si le dolía algo o estaba bien.

Cuando buscaba la manera de liberarla, sin recibir explicación clara sobre el procedimiento que debía seguir, notó que los policías, alterados, cerraron las puertas de la presidencia, y por un orificio miró hacia la barandilla y vio que los agentes se reunían en la celda en la que había visto a su hija. Cuando abrieron la puerta, en la zona de separos descubrió que Beatriz estaba tirada boca arriba, no respiraba y presentaba una marca en el cuello de color morado.

Personal de Protección Civil intentaba reanimarla; luego, la trasladaron a la “Clínica Humana”, donde la médico del Área de Urgencias anunció que su descendiente había fallecido.

La Comisión de Derechos Humanos constató que en el procedimiento de detención y luego al ser remitida a “barandilla” hubo omisiones por parte de los elementos implicados, los cuales, además del uso de la fuerza en desproporción en un acto que no lo ameritaba, no preservaron la vida de la víctima.

Asimismo, que el municipio revictimizó a la joven a través de una serie de comunicados, lo cual avivó la inconformidad de familiares, colectivos feministas y el gremio médico, que se manifestaron a través de marchas en Pachuca, en Progreso y durante el sepelio en Tezontepec de Aldama, lugar de origen de Hernández Ruiz.

Después de que se hicieran públicos los acontecimientos, y antes de que la juez de control determinara la causa del deceso, los gobiernos municipal (Morena) y estatal (PRI) politizaron el caso, acusándose mutuamente de inacción, omisión, manipulación de los sucesos y de buscar rédito político a través de la víctima.     

En la recomendación, el órgano autónomo requirió que, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo, el ayuntamiento repare integralmente el daño a las víctimas indirectas; dar vista a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Progreso para que se inicien los procedimientos administrativos que correspondan a quienes se desempeñaban como directora y seis policías más que participaron en los hechos, además de emprender una investigación contra el alcalde Mera Olguín y el entonces encargado de Comunicación Social e Informática por las acciones en contra de la víctima y víctimas indirectas en las cuales incurrieron.

De igual forma, garantizar las medidas de no repetición de las conductas realizadas por las personas servidoras públicas involucradas.