GUANAJUATO, Gto., (apro).- Una rampante impunidad ha permitido la persecución y el virtual exterminio de una familia en León, que comenzó con la desaparición forzada en su domicilio del adolescente Yatziri Misael, el posterior asesinato de su madre buscadora, Rosario, a lo que se ha sumado el asesinato de Ulises, otro hijo de Rosario y hermano de Yatziri.

El domicilio ubicado en la colonia Villa de San Nicolás en León ha sido escenario de todos estos delitos. De esa casa fue sustraído por hombres armados de manera violenta el menor Yatziri Misael Cardona Zavala el 23 de diciembre de 2019, en vísperas de Navidad, sin que su madre Rosario Zavala Aguilar y sus hermanas y hermanos pudieran impedirlo.

El joven fue obligado a subir a un vehículo y desde entonces su familia lo buscaba.

En mayo de 2020, en entrevista con Apro, Rosario reclamó que la Fiscalía general de justicia hubiera tardado 15 días en activar la Alerta Ámber por la desaparición de Yatziri, que se resistió todo lo que pudo cuando hombres armados que entraron a su casa quisieron someter a sus hermanas, una de ellas embarazada y al intervenir, lo obligaron a irse con ellos, según narró la mujer entonces.

A la familia le dijeron que al muchacho “lo habían matado y deshecho en ácido” y que les tomarían muestras de ADN para cotejarlas con huesos que presuntamente la FGE encontró.

Sin embargo, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunció que aunque la Alerta Ámber por la desaparición del adolescente continúa activa, no hay avances.

“Rosario solicitó en reiteradas ocasiones que la FGE investigara si su hijo había sido reclutado de manera forzada por grupos delincuenciales, sin que esta línea se incluyera en la carpeta, que, como muchas, no cuenta con un plan de investigación alineado al “Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de la FGR”, documento rector en la materia”, señaló la Plataforma en un comunicado.

Rosario perdió el empleo que tenía entonces -en una financiera- y se dedicó a buscar a Yatziri; se integró a un colectivo y participaba en exploraciones de campo en colonias y cerros.

Pero el 14 de octubre de 2020, la mujer de 45 años de edad y madre de otros cinco hijos, fue asesinada a balazos por personas desconocidas que tocaron a la puerta de su propia casa y al abrir, la acribillaron.

“Pese a existir queja en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) sobre el hostigamiento a Rosario, denuncias ante la FGE y medidas cautelares ante la CNDH, la familia Cardona Zavala no contaba con protección, lo que ha tenido un desenlace fatal”, expresó la Plataforma por la Paz al denunciar el acoso a la familia.

La organización recordó que en julio del 2021, 4 Procedimientos Especiales de la ONU se pronunciaron porque el asesinato de Rosario fuera investigado desde los más altos estándares (AL MEX 11/2021 ver) sin que el Estado Mexicano ofreciera una respuesta integral”.

Y señaló que en específico, se planteó la necesidad de que se aplicara el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

“La desaparición de Yatziri y el asesinato de Rosario siguen en la impunidad”, dijo la Plataforma.

El lunes 27 de junio, Jorge Ulises Cardona Zavala, otro hijo de Rosario y hermano de Yatziri, fue víctima de homicidio, también en su casa.

La tarde de ese día, Jorge Ulises se encontraba con otros integrantes de su familia en el exterior de su domicilio, cuando un hombre que ya fue identificado como Ricardo, “El Riki” llegó al lugar en una motocicleta blanca con otro hombre apodado “El Chalán”; El Riki se acercó y le disparó en el tórax.

Aunque Ulises fue trasladado al hospital, llegó ya sin vida.           

“Las omisiones estatales de todos los niveles de gobierno generaron las condiciones para este asesinato”, denunció la Plataforma por la Paz, que por todo esto, exigió al Fiscal Carlos Zamarripa investigar y esclarecer tanto la desaparición de Yatziri como los asesinatos de su madre y su hermano; que ofrezca garantías de seguridad para los otros integrantes de la familia Cardona Zavala, así como para las buscadoras de personas desaparecidas en el estado.

Demandaron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez reconocer la grave situación en que se encuentran las víctimas en el estado, y al gobierno federal demandó establece un Plan emergente de protección para las buscadoras en Guanajuato y atienda lo solicitado por los organismos internacionales como la ONU.