PACHUCA, Hgo.(apro).–Hidalgo es el tercer estado del país en tipificar como delito la violencia vicaria, con penas de hasta seis años de prisión a quien, de manera intencional, dañe física o psicológicamente a los hijos o cualquier otra persona del lazo afectivo, con la finalidad de violentar a la mujer. 

Este tipo de violencia se traduce en perjuicios o daños psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole hacia las mujeres por parte de la parejas o exparejas sentimentales, quienes infligen a personas con las que ellas tiene lazos de parentesco civil, por consanguinidad o por afinidad. 

De acuerdo con el dictamen que adiciona este delito al artículo 243 Bis del Código Penal de Hidalgo, se reconoce dentro de los tipos de violencia establecidos en la ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado, la violencia vicaria, que consiste en que el agresor provoque daño psicológico o físico, incluso la muerte, especialmente a hijas o hijos, o a cualquier otra persona con quien la mujer tenga un lazo afectivo, utilizándolos como instrumento para dañar a la propia mujer. 

Asimismo, integra las características de la violencia vicaria en la modalidad de violencia familiar y amplía las medidas de protección para las víctimas. 

De igual manera, este tipo de violencia se incorporará en los delitos de violencia familiar del Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Durante la exposición de motivos, el diputado Roberto Rico Ruiz mencionó que en el caso más extremo de este tipo de violencia las hijas e hijos son lesionados o asesinados porque el hombre busca mantener control y dominio sobre la mujer mediante este tipo de acciones violentas.

Ejemplificó que el 2 de enero de 2021, en el municipio de Mineral de la Reforma, en la zona metropolitana de Pachuca, un hombre asesinó a sus hijos de 3, 7 y 8 años, como una forma de venganza contra su pareja, tras discutir, según las investigaciones de las autoridades estatales.

Zacatecas fue la primera entidad del país en incorporar este delito como parte de su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de sus códigos locales familiar y penal, posteriormente siguieron Yucatán e Hidalgo.

Las penas en esta última van de uno a seis años de prisión, así como multa de 50 a 100 días, además de que la persona agresora estará sujeta a tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado.