Puente Grande

OSC exigen investigar tortura y abusos cometidos contra 12 presos de Puente Grande, Jalisco

Las Organizaciones de la Sociedad Civil piden que las autoridades “reconozcan” y acaben con el “autogobierno, el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios” del estado
jueves, 21 de abril de 2022 · 10:42

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego de que se documentó que 12 hombres con discapacidad psicosocial recluidos en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande permanecieron atados a unas bancas tres días bajo el sol, 14 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigen investigar el caso y garantizar los derechos humanos de los presos.

También, piden que las autoridades de Jalisco “reconozcan” y acaben con el “autogobierno, el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios”, problemática detectada hace tiempo por organismos de derechos humanos que derivó en varias recomendaciones que fueron incumplidas.

En su pronunciamiento, las OSC citan un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que publicó Mural en el cual se informa sobre la tortura que vivieron los 12 hombres y la violación de un par de personas.

Las OSC condenan los actos de tortura que padecieron las 12 víctimas, y se mostraron preocupadas “porque estos hechos no hayan sido denunciados previamente por ninguna autoridad penitenciaria, a pesar de que las personas llevaban varios días sometidas a esta situación”.

Es por ello que exigen al gobierno de Jalisco, “garantizar los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en los 14 centros penitenciarios de la entidad”.

A la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura le pide iniciar una investigación por los tratos crueles que vivió la docena de víctimas, “garantizando” que no sufran represalias y se sancione a los responsables.

Hasta el momento, la autoridad despidió al encargado de la Subdirección de Vigilancia y Custodia de la Comisaría de Sentenciados, Juan Hernández.

La solicitud también está dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas y al Congreso local para que actúen desde sus respectivas competencias.

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