MORELIA, Mich. (apro).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación sobre los “excesos policiacos” cometidos contra los contingentes que marcharon en esta ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer, que tuvieron como saldo la detención de al menos 33 manifestantes y un grupo de periodistas con lesiones.

El presidente del organismo, Marco Antonio Tinoco Álvarez, declaró ante los medios de comunicación que fueron iniciadas dos quejas de oficio: una de ellas por la violación del derecho a la libertad de expresión de los periodistas, y otra por las detenciones de manifestantes con uso excesivo de la fuerza.

Dijo que la Comisión que encabeza documentó la detención de 14 hombres y 19 mujeres, que estuvieron de cuatro horas en barandillas, aunque se ignora cuántas eran menores de edad porque el organismo priorizó las gestiones para su liberación en el menor tiempo posible.

Durante el transcurso de la marcha, indicó, la CEDH desplegó 25 observadoras en cada uno de los pelotones, además de un equipo de visitadores que estuvo hasta las 03:00 de la madrugada del miércoles en barandillas para asegurar el debido proceso de las personas detenidas, aunque en un principio se intentó cerrarles el paso.

Respecto de los señalamientos de la detención violenta de mujeres menores de edad, Tinoco Álvarez señaló que ese aspecto se encuentra en proceso de documentación.

De acuerdo con el ombudsperson, pese a que desde semanas antes se reunió con las policías estatal y municipal para revisar los protocolos recomendados por la Organización de las Naciones Unidas en marchas de mujeres, “hubo un trato discriminatorio hacia las mujeres, debo decirlo con todas sus letras, porque hay otras manifestaciones en las que no se utilizaron vallas ni este tipo de excesos de presencia policiaca”.

En relación con las agresiones contra integrantes de la prensa, el portal Contramuro publicó que al menos 32 periodistas sufrieron daños diversos como descalabros y lesiones de membranas mucosas de los ojos, la nariz, la boca y los pulmones, así como ataques respiratorios, contusiones y moretones, tras recibir disparos de balas antidisturbios y gas lacrimógeno por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando realizaban la cobertura periodística de la marcha.

De acuerdo con el medio digital, uno de los informadores afectados fue herido con un botellazo en la cabeza por parte de un policía; otra recibió un petardo en la cabeza; al menos 12 comunicadores recibieron disparos de balas de goma en cara, tórax y brazos; otros fueron alcanzados por balas de gotcha y algunos más presentaron inflamación en la piel, severa dificultad para respirar y ceguera temporal.

Sobre las detenciones de manifestantes, la Policía Municipal de Morelia informó la noche del martes que se habían realizado 25 detenciones, "con el objetivo claro de respetar el derecho a la libre manifestación, sin permitir algún acto que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía".

La corporación señaló que a través del Centro de Mando Municipal, la Policía de monitoreó las cuatro marchas e identificó la presencia de hombres “en su mayoría encapuchados, infiltrados en la marcha de mujeres con el fin de desvirtuarla mediante acciones agresivas”.

Entre las personas detenidas, manifestó, hubo doce hombres “sorprendidos en flagrancia y que persistieron en su presencia y alteración al orden en el primer cuadro de la ciudad aun cuando la legítima manifestación ya se había retirado”, y también se detuvo a trece mujeres por la misma causa y tratar de impedir las detenciones de hombres.

Aunque existen testimonios en contrario, la Policía de Morelia negó haber utilizado gas lacrimógeno y acusó que algunos manifestantes sí utilizaron palos, piedras, martillos y bombas de fabricación casera, entre otros objetos.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investigará los daños ocasionados al edificio del Palacio de gobierno, luego de una denuncia interpuesta por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “la pinta de grafitis, carteles adheridos y manchas de pintura”.

La investigación va dirigida en contra “de quien o quienes resulten responsables, de la presunta responsabilidad de un delito cometido por daños a monumento histórico”, informó la FGR en un comunicado.