MEXICALI, B.C., (apro).- Seis exfuncionarios del exgobernador Jaime Bonilla fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones, entre ellos está quien fuera el jefe de la oficina del gobierno de Sonora, quien renunció al cargo.

Bonilla también está implicado en la carpeta de investigación, sin embargo al retomar su cargo como senador de la República y obtener fuero constitucional, quedó en suspenso su participación.

Esta madrugada, el juez Bernandino Ahumada vinculó a los exfuncionarios, quienes llevarán su caso en libertad, por haber participado en la licitación de la planta fotovoltaica con la empresa Next Energy y la cual nunca contó con el permiso federal.

El gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó el 28 de septiembre la denuncia luego de cancelar dicho contrato y detectar una posible afectación de cuando menos 12 mil millones de pesos.

Aunque la obra nunca inició y solo se presentó la colocación de la primera piedra de la planta fotovoltaica a la salida de Mexicali, rumbo a la carretera del puerto de San Felipe, el banco Afirme, con quien se estableció un fideicomiso para pagar la obra, retuvo 123 millones de pesos de las participaciones federales que le corresponden al estado.

Y es que, entre las cláusulas del contrato que los funcionarios de la administración de Bonilla establecieron, está el que la obra se financiara con parte de las participaciones federales, además de comprometer lo recabado del impuesto sobre nómina.

El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, determinó junto con el equipo jurídico la posible afectación de los 12 mil millones de pesos, además de recordar que solo la federación puede licitar obras en materia de energía, por lo cual la licitación que sometieron a concurso los exfuncionarios, carecía de legalidad.

A la par, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, asumió el cargo y nombró como jefe de la oficina del Ejecutivo a quien fungió como secretario del Hacienda con Jaime Bonilla en Baja California y forma parte de los denunciados, Rodolfo Castro Valdez.

En conferencia de prensa, Durazo reveló que hace un par de semanas el exfuncionario en Baja California le pidió permiso, sin goce de sueldo, para solventar el proceso en su contra; sin embargo, hoy, ante la determinación del juez de vincular a proceso a los exfuncionarios, Castro Valdez renunció al cargo en el vecino estado.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que en la sala seis del centro de Justicia Penal se llevó a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso bajo la causa penal 4292/2022.

Además del exjefe de la oficina del gobierno de Sonora están Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”; a ellos se les impuso la medida cautelar de acudir a firmar cada mes ante el juez mientras continúa el proceso, según lo establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Mientras que, a otros dos, Karen “N” y Marco Octavio “N”, se les fijó la obligación de comparecer “cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.”

Entre los siete involucrados, seis son exfuncionarios del gobierno de dos años de Jaime Bonilla Valdez y uno más fungió como representante legal de la empresa neolonés, Next Energy, y con la cual el gobierno de la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda logró llegar a un acuerdo para deshacer el contrato bonillista.

Los exfuncionarios ocuparon los cargos de secretario de Hacienda (dos de los imputados), secretario de Desarrollo Urbano, secretario de Agua y Oficial Mayor (dos de los imputados).

El juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en que deberán firmar los exfuncionarios y quien fuera representante legal de la empresa.