OAXACA, Oax. (apro).- Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz solicitaron la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para que el Estado mexicano realice la aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos respecto a la desaparición de su hermana Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida el 26 de marzo del año 2021, en Nochixtlán, Oaxaca.

Su preocupación se centra en “la injerencia que pudieran tener actores (políticos de Morena) vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la expresidenta municipal de Nochixtlán LVH, y otras cuatro personas más, algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal”.

Consideran que “la justicia en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones independientes y a través de criterios que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía.

Sin embargo, “lamentablemente en la práctica existe injerencia de diversos actores que motivan la pérdida de la imparcialidad, estos ‘Usos y Costumbres institucionales’ se sujetan a la voluntad y a las condiciones políticas del momento donde es la impunidad la única victoriosa”.

Mencionaron que las desapariciones, feminicidios, violaciones y detenciones arbitrarias, así como los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, son algunos de los problemas más serios que afectan al país, y que se han visto incrementados por el escenario de impunidad mencionado.

Esta petición se hizo al iniciar la audiencia intermedia, una etapa procesal importante para el ofrecimiento, admisión y depuración de elementos de prueba que serán materia del juicio, por lo que es vital el pronunciamiento del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

La familia de Claudia Uruchurtu Cruz mencionó que en el proceso de transformación iniciado por el gobierno federal, la justicia es un rubro que enfrenta enormes retos y en el cual hay enormes territorios sin control, en donde son los cacicazgos locales o los poderes facticos quienes dominan, disponen, deciden, resuelven y sentencian.

Citaron que la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública refiere que 68.4 por ciento de la población mexicana adulta considera que los jueces -sin diferenciar a los federales de los locales- son corruptos. El propio Ministro Presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldivar hace más de un año y medio fue enfático al expresar que; “quien diga que en tribunales no hay corrupción, miente descaradamente”.

“Es en este contexto nuestra preocupación por el proceso penal que se sigue ante la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz, perpetrada en Nochixtlán, un municipio gobernado por el partido Morena, mismo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República”.

Resaltaron que “en el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido Morena en el que militan los hoy procesados.

Es por ello que solicitaron que derivado de la petición de acción urgente que se presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2021, en nombre Claudia Uruchurtu Cruz y misma que fuera registrada con el número de referencia AU 1013/2021, emita nuevamente lo conducente hacia el Estado mexicano y realice las observaciones necesarias para la debida aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos.