La Administración de Donald Trump no retira la lupa de La Habana. Ahora, planea acciones legales contra Raúl Castro, uno de los principales dirigentes históricos de la Revolución cubana.

Según fuentes oficiales citadas por Reuters y la cadena estadounidense ‘CBS News’, Washington apunta a presentar una denuncia penal contra el exmandatario, acusándolo directamente por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.

La medida aparece en un contexto de máxima presión política y económica sobre la isla y podría convertirse en un hecho sin precedentes: el intento de procesar penalmente en Estados Unidos a una de los principales dirigentes del sistema que ha gobernado la isla durante décadas.

¿Qué ocurrió en 1996?

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna 337 de la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana. Cuatro personas murieron.

Hermanos al Rescate era un grupo formado por exiliados cubanos en Miami que realizaba vuelos para localizar balseros que intentaban escapar de Cuba rumbo a Estados Unidos. El Gobierno cubano acusaba a la organización de provocar incidentes y de violar repetidamente el espacio aéreo de la isla.

La gran disputa sobre aquel episodio sigue siendo dónde ocurrió exactamente el derribo.

Estados Unidos y organismos internacionales sostuvieron que las avionetas fueron atacadas en aguas internacionales del estrecho de Florida. Cuba, por el contrario, afirmó que las aeronaves habían ingresado ilegalmente en su espacio aéreo y representaban una amenaza para la seguridad nacional.

Un informe de la Organización de Estados Americanos concluyó posteriormente que La Habana violó el derecho internacional al destruir las aeronaves sin previo aviso y sin demostrar que existía una amenaza inmediata.

¿Por qué Raúl Castro podría ser acusado?

En 1996, Fidel Castro era el líder de Cuba y Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la estructura militar responsable de la defensa aérea del país.

Según las filtraciones publicadas en medios estadounidenses, la investigación busca determinar la responsabilidad de Castro en la operación que terminó con el derribo de los aviones.

Hasta ahora, no se han detallado públicamente los cargos específicos que podrían presentarse. Sin embargo, el caso se relaciona con delitos vinculados al asesinato de ciudadanos estadounidenses y a la destrucción deliberada de aeronaves civiles.

El antecedente más importante es el de Gerardo Hernández, miembro de la llamada Red Avispa, condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato debido a su papel en la transmisión de información sobre Hermanos al Rescate a la inteligencia cubana. Hernández recibió cadena perpetua, aunque fue liberado en 2014 durante el acercamiento diplomático entre Washington y La Habana.

¿Por qué el caso reaparece ahora?

La reactivación del expediente coincide con un endurecimiento drástico de la política estadunidense hacia Cuba.

La Administración Trump ha aumentado las sanciones económicas contra la isla y ha amenazado con castigar a países que exporten petróleo al Gobierno cubano. Esa presión ha agravado la crisis energética y económica que atraviesa el país del Caribe, marcado por apagones prolongados y escasez de combustible y alimentos.

Al mismo tiempo, Washington ha impulsado investigaciones judiciales contra dirigentes cubanos. La Fiscalía del distrito dur de Florida lleva meses coordinando iniciativas para perseguir presuntos delitos económicos, migratorios y de narcotráfico relacionados con funcionarios del gobierno de la isla.

En marzo, además, el fiscal general de Florida anunció la reapertura de una investigación estatal sobre el derribo de 1996.

El contexto regional también influye. La tensión entre Estados Unidos y gobiernos aliados de Cuba aumentó tras la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para enfrentar cargos penales. Después de esa operación, Trump llegó a advertir públicamente que Cuba “sería la siguiente”.

¿Qué papel juega la CIA en este momento?

Paradójicamente, mientras aumenta la presión política y judicial, Washington y La Habana mantienen conversaciones discretas.

Esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba para reunirse con representantes del Gobierno y de los servicios de inteligencia cubanos. Entre los participantes estuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y considerado uno de sus hombres de confianza.

Según funcionarios estadounidenses, Ratcliffe transmitió un mensaje de la Casa Blanca: Estados Unidos estaría dispuesto a colaborar en asuntos económicos y de seguridad si Cuba acepta “cambios fundamentales”. Una declaración remarca la presión.

La reunión refleja una contradicción que históricamente ha marcado las relaciones entre ambos países: presión pública y contactos reservados al mismo tiempo.

¿Qué impacto tendría una acusación formal?

Aunque Raúl Castro tiene 94 años y abandonó oficialmente la dirección del Partido Comunista en 2021, sigue siendo una figura central dentro del sistema político cubano.

Una acusación formal tendría sobre todo un enorme impacto simbólico y diplomático.

Por un lado, reforzaría la estrategia de Washington de aumentar la presión sobre la dirigencia cubana, utilizando herramientas judiciales además de sanciones económicas. Por otro, podría provocar una nueva escalada de tensión bilateral y cerrar espacios de negociación entre ambos gobiernos.

También abriría interrogantes legales y políticos complejos: cómo ejecutar una eventual orden judicial contra un exmandatario extranjero protegido por el Estado cubano y qué consecuencias tendría para la estabilidad regional.

Más allá de si la acusación finalmente prospera, el caso demuestra que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sigue siendo, tres décadas después, una herida abierta en la relación entre Cuba y Estados Unidos.