MEXICALI, BC (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de agua propuesta por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y aprobada por la Legislatura local que concluyó el pasado 30 de agosto.

La acción de inconstitucionalidad fue uno de los últimos actos jurídicos que realizó Julio Scherer Ibarra en su calidad de consejero jurídico de la Presidencia; el 2 de septiembre, Estela Ríos lo relevó en el cargo.

Este es el cuarto y más importante revés que recibe Bonilla a su pretensión de trasladar el servicio de agua potable a los ayuntamientos, los cuales no cuentan con la capacidad financiera para hacerlo. La reforma también abre la puerta a la privatización.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) informó, a través de estrados, que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, interpuso el recurso.

“Túrnese este expediente por conexidad con las controversias constitucionales 97/2021, 98/2021 y 99/2021, promovidas respectivamente por los síndicos procuradores de los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, dado que en los cuatro asuntos se impugna el mismo decreto legislativo y en la acción de inconstitucionalidad 119/2021 promovida por diversos diputados de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del estado de Baja California”. Dichos síndicos promovieron el recurso el 30 de julio.

La Corte asignó el número de expediente 128/2021 a la acción de inconstitucionalidad que promovió el Poder Ejecutivo Federal. Se publicó en estrados el 1 de septiembre de 2021.