MEXICALI, BC (apro).- El gobernador Jaime Bonilla recibió un nuevo revés político y jurídico, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó detener “por el momento” el traslado de los servicios de agua potable a los ayuntamientos de la entidad.

Este miércoles la Corte publicó en estrados la decisión de dar entrada a la acción de inconstitucionalidad que 12 diputados locales solicitaron el 30 de julio, después de que el Congreso local aprobó –con 13 votos a favor-- la transferencia de los organismos del agua y abrió la puerta a una posible privatización.

Con la decisión de la SCJN, todos los actos derivados de la reforma propuesta por el gobernador y aprobada por el Congreso local quedan suspendidos en tanto se analiza la demanda y se llega al fondo del asunto.

Esto obliga a los ayuntamientos de Ensenada, Tijuana y Rosarito a regresar el servicio a la Comisión Estatal del Agua. 

Y es que mucho antes de que concluyera el proceso de la reforma, el gobierno estatal y los presidentes municipales de esos municipios hicieron el traslado de los organismos.
    
La SCJN otorgó la suspensión del Decreto 289 promovido por el gobernador Jaime Bonilla para transferir los servicios de agua potable y drenaje a los municipios en tanto resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 119/2021.

La notificación en estrados establece: “se concede la suspensión solicitada por el diputado representante común de los diversos diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del estado de Baja California, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 119/21, para el efecto de que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado y, consecuentemente, el gobierno estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del estado los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelve el fondo del asunto”.

Los diputados de la anterior legislatura que interpusieron el recurso son: Araceli Geraldo Núñez, Juan Meléndrez Espinoza, Rosina del Villar Casas, Juan Manuel Molina García, Miriam Elizabeth Cano Núñez, Julia Andrea González Quiroz y Víctor Hugo Navarro, de Morena; el priista Javier Robles Aguirre, y Efrén Enrique Moreno, del partido local Transformemos.

La impugnación se realizó con el argumento de que nunca se realizó un análisis económico y administrativo de los organismos del agua, pero tampoco de los ayuntamientos para determinar si estos tienen las condiciones para hacerse cargo de los servicios del agua.

Antes de que la Corte aceptara el recurso, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinó la improcedencia del traslado del servicio, e incluso la propia Corte también dio entrada a la suspensión del acto que solicitaron los síndicos de Mexicali, Tecate y Rosarito.

Jaime Bonilla concluye el cargo de gobernador el próximo 31 de octubre; los diputados locales salientes que hoy recibieron la suspensión de la SCJN son afines a la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda.