CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza contra migrantes en Chiapas y exigió investigar las agresiones, sancionar a los agentes responsables y reparar integralmente el daño a las víctimas.

Lo anterior, en respuesta a las acciones violentas emprendidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional en los meses de agosto y septiembre.

En un pronunciamiento, el organismo regional hizo un recuento de acontecimientos ocurridos en la frontera sur mexicana, entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, cuando se realizaron cuatro “caravanas migrantes” en las que viajaban personas en situación de alta vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, personas embarazadas y afrodescendientes con necesidades de protección internacional.

Las personas en situación de migración, puntualizó, se enfrentaron a “demoras prolongadas en la resolución de sus procedimientos de asilo o protección, así como de falta de acceso a servicios estatales y al ejercicio de otros derechos humanos en los estados del sur de México”.

La CIDH resaltó la difusión de videos en redes sociales donde se advierte que elementos del INM y la Guardia Nacional, “en contravención de los estándares interamericanos en la materia, utilizaron la fuerza en los operativos de control migratorio contra las personas que integraban los movimientos migratorios mixtos”, además de realizar detenciones, operativos en los que participaron elementos del Ejército y de los Grupos Beta.

Sobre el uso excesivo de la fuerza, agregó, fue informada por organizaciones de la sociedad civil que, en las agresiones dirigidas indistintamente en contra de familias, adultos mayores y menores de edad, se utilizaron “escudos y toletes de seguridad para golpear en la cabeza y otras pares del cuerpo a las personas que se desplazaban, sin que estas tuvieran la posibilidad de defenderse”.

Destacó que, de acuerdo con la versión oficial, se habría sancionado a dos agentes del INM que fueron expuestos en los videos difundidos en redes y medios de comunicación.

Según información de organizaciones sociales, abundó, personas que fueron detenidas con uso excesivo de la fuerza “fueron expulsadas hacia Guatemala”, en tanto que se documentaron denuncias de “uso de aparatos para dar toques eléctricos a personas detenidas, presuntamente con el fin de obligar a abordar autobuses, previo a expulsarlas del país”.

La organización destacó las protestas del 13 y 15 de septiembre de personas migrantes en Tapachula, Chiapas, entre ellas una huelga de hambre, con la finalidad de exigir la agilización de los procedimientos migratorios, de asilo o protección pendientes, y ante la falta de oportunidades para acceder a un trabajo e integración.

Ante este escenario, la CIDH recordó al Estado mexicano sus obligaciones internacionales con la población en movilidad, entre ellas no utilizar la fuerza “como respuesta ante la formación de movimientos migratorios mixtos a gran escala”; considerar la detención migratoria como “una medida excepcional”; no recurrir a las fuerzas armadas y a otros cuerpos de seguridad del Estado en operativos de control migratorio.

Asimismo, recomendó al Estado mexicano “implementar medidas para adaptar las estructuras e instituciones ya existentes, dotándolas de capacidades para procesar y decidir de manera adecuada y con respeto al debido proceso, la situación de los flujos masivos de personas solicitantes de asilo, refugiadas y otras formas de protección humanitaria en el contexto de los actuales movimientos migratorios mixtos en la región”, incorporando la perspectiva de género y “enfoque diferenciados a partir de un enfoque interseccional en todas las medidas que adopte”.