XALAPA, Ver. (apro).- Rogelio Franco Castán, excolaborador del panista Miguel Ángel Yunes Linares, recibió una nueva orden de aprehensión, esta vez por extorsión y abuso de autoridad en agravio de exservidores públicos.

El exsecretario de Gobierno se encuentra en prisión desde marzo pasado, acusado en primera instancia de violencia intrafamiliar y posteriormente imputado por el delito de “ultrajes a la autoridad”.

Apenas la semana pasada un juez federal determinó que la prisión preventiva contra Franco Castán es “excesiva” e “injustificada”, y ordenó al Poder Judicial del estado celebrar una nueva audiencia para analizar el caso.

De acuerdo con una filtración de la Fiscalía General del estado (FGE), el excolaborador de Yunes tiene una nueva orden de aprehensión por los delitos de extorsión y abuso de autoridad.

Franco fue notificado en la prisión de Amatlán de los Reyes, donde hoy esta tarde se llevó a cabo su audiencia de vinculación.

Desde el penal, Rogelio Franco ha “telefoneado” a reporteros para denunciar que es un “preso político” y que su detención tiene la clara intención de “mermar” a la oposición, pero también “intimidar” a las distintas fracciones del Partido de la revolución Democrática (PRD).

El exdiputado local --candidato plurinominal a legislador federal número uno en la tercera circunscripción del PRD, que le garantizaría una curul en septiembre próximo--, amigo del exgobernador Miguel Ángel Yunes, fue detenido el pasado 13 de marzo en Tuxpan, al norte de la entidad, debido a una querella por violencia intrafamiliar.

Al momento de su detención, el exsecretario de Gobierno tuvo “jaloneos” con policías, a uno de los cuales le rompió la camisa, motivo suficiente para que la FGE lo vinculara a proceso por el delito de “ultrajes a la autoridad”. con siete meses de prisión preventiva oficiosa.

Franco es preso político: Yunes Linares

Miguel Ángel Yunes Linares envió un mensaje al gobernador Cuitláhuac García, a quien advirtió que “la historia pondrá a cada quien en su lugar”, pues Franco Castán no es ningún “delincuente” y sí un “preso político”.

La nueva imputación en contra de su exsecretario de Gobierno, dijo, sólo es una “clara muestra” de sumisión y complicidad con el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa.

“El gobierno del estado de Veracruz promueve acciones penales contra funcionarios de mi administración, acusándolos de haber participado en la recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al patrimonio de Veracruz, de donde habían salido. Es una injusticia y también una clara manifestación de complicidad con quienes saquearon a Veracruz y lo llevaron a la mayor crisis de su historia”, señaló.