MEXICALI, BC (apro).- Sin consultar a los ayuntamientos, los diputados de Morena aprobaron, a propuesta del gobernador Jaime Bonilla, trasladar el cobro del agua a los ayuntamientos, y les da la posibilidad de privatizar este servicio.

Además, les traspasa los adeudos que tiene el actual organismo operador, aunque en ningún momento se detalla a cuánto asciende la deuda.

Con 13 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, el Congreso de Baja California avaló los cambios.

La oposición y dos legisladores de Morena rechazaron los cambios por desconocer la situación financiera de los organismos del agua, y por considerar que provocará “un boquete financiero” en los ingresos de la nueva administración estatal, que encabezará Marina de Pilar Ávila Olmeda.

La reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California incluye la modificación de 12 artículos y la creación de tres nuevos. El último artículo aprobado permite la privatización del cobro del agua, al establecer textualmente lo siguiente:

“Los municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios a que se refiere esta ley”.

Antes, en el nuevo artículo 121, otorga a cada organismo operador del agua “personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa, con las atribuciones que establece esta Ley, los ordenamientos municipales y sus instrumentos de creación”.

Lo anterior implica que, si algún ayuntamiento de Baja California considera que no puede realizar el cobro por falta de personal, de equipo o de recursos, puede “asociarse” con una empresa privada que se encargue de cobrar el agua.

Así ocurre por ejemplo con los organismos operadores del agua de los municipios de Medellín, Jalapa, Veracruz y Boca del Río, los cuales se asociaron con la empresa Odebrecht para el cobro del servicio de agua potable. O el caso de Coahuila, donde es la empresa española Aguas de Barcelona la que gestiona el servicio.

¿Y los ayuntamientos?

Actualmente existe la Comisión Estatal de Servicios Púbicos (CESP), que depende del estado y cuenta con oficinas en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali.

El ayuntamiento de Rosarito aún no tiene una oficina propia y menos aún San Quintín, que se acaba de aprobar como municipio, o San Felipe, que tendrá su nuevo “concejo municipal”.

Con esta nueva ley, todas las comisiones pasarán a manos de sus respectivos municipios y ellos se encargarán de cobrar el agua y ofrecer el servicio de drenaje y alcantarillado. El estado ya no intervendrá para nada.

Sin embargo, también los adeudos que tenga cada organismo operador del agua pasarán a manos de los nuevos presidentes municipales.

Boquete financiero para la nueva gobernadora

Por otro lado, la reforma le generará un “boquete financiero” a la próxima gobernadora, Marina del Pilar Ávila, quien deberá tomar posesión el 1 de noviembre.

De acuerdo con la Ley de Ingresos para el año 2021, por concepto de cobro de agua ingresarían “6 mil 216 millones 468 mil 920 pesos”, que es lo mínimo que dejaría de ingresar a las arcas de la administración cuando asuma Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La reforma llegó al Congreso del estado hace cinco días, el 23 de julio; los diputados de la Comisión de Asuntos Hidráulicos y Agua no llamaron a los cinco presidentes municipales en funciones, ni a los entrantes, y menos aún a la próxima gobernadora, para que analizaran el tema.

De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 115 de la Constitución, los ayuntamientos están en la posibilidad de rechazar la transferencia de ciertos servicios que pueden otorgar y para que se les asignen nuevas tareas se les debe consultar antes.

“¡Esta es una ofensa para la nueva gobernadora!”, exclamó el diputado Javier Robles, del PRI, quien junto con 10 diputados más se opuso a la reforma.

Rosina del Villar, legisladora por Morena, fue más clara: “Esto generará un desequilibrio en las finanzas del estado”. Y es que, en su primer año de gobierno, Marina del Pilar Ávila Olmeda dejaría de percibir poco más de 6 mil millones de pesos por concepto de cobro de agua.

Los también morenistas, Aracely Geraldo, Juan Melendrez, Juan Manuel Molina, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez y Evangelina Moreno; las panistas Loreto Quintero y Eva María Vázquez, Javier Robles, del PRI, y Efrén Moreno, del PVEM, coincidieron en aceptar que es tiempo de que los ayuntamientos puedan decidir si quieren prestar dicho servicio y cobrar, sin embargo, aclararon que antes se debe realizar un estudio técnico de la situación económica de cada uno de los organismos del agua, pero sobre todo, saber si cada ayuntamiento cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para absorber dichas funciones.

“¡Estamos cayendo en excesos! Llegó el 23 de julio y nos vamos este sábado como legisladores. ¿Por qué no la mandó en otro momento, porque no el primer día en que empezó a gobernar (Jaime Bonilla)?”, cuestionó el priista Javier Robles.

Todos cuestionaron que en la Comisión en que se dictaminó no se convocara a los presidentes municipales. “Cada ayuntamiento debió votar antes de traerla al Congreso (al pleno)”, reclamó la morenista Rosina del Villar.

“Aquí hay un riesgo, no hay una valoración, un estudio financiero y técnico para saber si se puede; no sabemos su deuda pública, los procesos judiciales que tiene, si podrá pagar la nómina… necesitamos respetar el marco jurídico si queremos respetar el marco de la legalidad”, sostuvo.

El priista Robles calificó la decisión de someter a votación la reforma como “arrebatada”, e insistió en que es una ofensa para la nueva gobernadora y para la opinión pública. En tanto que las panistas reclamaron que no se haya consultado a las cámaras empresariales.

Robles mencionó algunos de los temas que no se toman en cuenta en la reforma y que, por lo mismo, no se mencionan, como por ejemplo: no hay una auditoría a cada organismo operador, no sabemos quiénes son sus proveedores o si se les debe, no sabemos si tienen deudas por pagar, no sabemos si los ayuntamientos tendrán el suficiente personal o dinero para pagar la nómina. No sabemos si los ayuntamientos tienen capacidad financiera.

Y puso un ejemplo: el ayuntamiento de Ensenada no tiene dinero para pagar a la desaladora y actualmente lo hace la Comisión Estatal de Servicios Públicos. ¿Cómo le hará ahora? Rosarito (ayuntamiento) ni agua tiene; el organismo de Tijuana debe pagar 400 millones de pesos para traer el agua de Mexicali, ¿quién pagará ahora o cómo lo hará el ayuntamiento?

Y el ayuntamiento de Tecate depende mayoritariamente de la cervecera de Tecate. Si ésta deja de adquirir el agua, de dónde va a sacar dinero el ayuntamiento. Finalmente, el valle de Mexicali requiere de 2 mil millones de pesos para llevar agua potable y drenaje, ¿de dónde va a sacar el dinero el ayuntamiento?

Los diputados de oposición demandaron que se regresara a comisión e iniciar foros y discusión con los actores inmiscuidos. El tema ni siquiera se puso a votación.

Deudor sustituto

La nueva reforma no solo afectará las finanzas del gobierno del estado, también las de los ayuntamientos, pues en su artículo transitorio décimo primero se establece que el ayuntamiento será “deudor sustituto”, es decir, que absorberán todos los pasivos que tenga la Comisión de Servicios Públicos. Sin embargo, se desconoce la situación financiera de cada organismo operador del agua. Y en los casos en los que el aval sea el gobierno el estado, éste pasará al municipio de que se trate.

La ley también afecta en especial a los giros comerciales e industriales, a los cuales, según el artículo 19, se les podrá “embargar el inmueble” en caso de no pagar, y además, cuando contraten nuevos servicios, deberán hacer un depósito de tres meses de un promedio estimado de consumo.