CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 15 años de la tortura sexual cometida contra 11 mujeres en un operativo policiaco en San Salvador Atenco, Estado de México, que hace dos años dio lugar a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia en contra de México, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a cumplir ese fallo y atender, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, “los resolutivos pendientes que involucran a diversas autoridades del orden federal y local”.

Al recordar que el seguimiento de la sentencia corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, la dependencia insistió que garantizará “verdad, justicia, reparación y no repetición a las 11 mujeres torturadas sexualmente”, que llevaron el caso ante instancias internacionales.

El pronunciamiento de la Segob surge luego de que el domingo 2, cuatro de las 11 mujeres agredidas en San Salvador Atenco denunciaron el desacato del gobierno del Estado mexicano en siete de nueve lineamientos de carácter obligatorio impuestos por la CoIDH, en diciembre de 2018.

En el comunicado se hace referencia únicamente a uno de los puntos pendientes, relacionado con el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, que depende de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.

Ante la instrucción de la CoIDH de fortalecer dicho Mecanismo, así como elaborar un Diagnóstico Nacional sobre la tortura sexual a las mujeres, la dependencia informó que el 5 de noviembre del año pasado incorporó el mecanismo “como grupo de apoyo técnico al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, y ha realizado “trabajos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”, para que en la próxima Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) se incorporen “elementos que permitan obtener datos respecto a la tortura sexual en todo el país”.

Asimismo, indicó que la Conavim y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos “elaboraron una propuesta de lineamientos para la operación del mecanismo, que será puesta a consideración de organizaciones de la sociedad civil acompañantes del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integrantes de la campaña ‘Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual’, así como de las mujeres sobrevivientes, para lo cual serán convocadas a una reunión con objeto de enriquecer tales lineamientos”.

El domingo 2, en conferencia de prensa, Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Edith Rosales Gutiérrez y Claudia Hernández Martínez, acusaron “falta de voluntad” del gobierno de López Obrador para dar cumplimiento cabal a la sentencia, y detallaron los obstáculos para acceder a la verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición.

De las nueve medidas ordenadas por la CoIDH en su sentencia contra el Estado mexicano, las mujeres resaltaron la falta de acceso a la justicia, ante la resistencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ceder a la Fiscalía General de la República (FGR) la facultad para investigar los hechos en la entidad.

Acompañadas de sus abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh (Centro Prodh), las mujeres destacaron que otro punto de preocupación es la resistencia del gobierno federal de crear un Observatorio Independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales, que supervisaría la acción de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de México.

En la conferencia de prensa de este fin de semana se informó que el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de mujeres víctimas de tortura sexual, de las cuales 21 permanecen en prisión, y un caso ocurrió en noviembre de 2020.