CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Mujeres víctimas de tortura sexual durante la represión en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, alertaron sobre la “falta de voluntad” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acatar la sentencia sobre este caso emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 18 de diciembre de 2018.

A 15 años de los hechos, ocurridos durante la gestión Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, en conferencia de prensa, cuatro de las once mujeres agredidas por policías estatales y federales que llevaron el caso al tribunal regional exigieron el cumplimiento de la sentencia en sus términos, en tanto que sus representantes, abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) alertaron sobre la prevalencia de la práctica de la tortura sexual por parte de instituciones policiales.

Italia Méndez y Edith Rosales coincidieron en lamentar la falta de acceso a la justicia, pese a que en diciembre de 2018 que se dio a conocer la sentencia, el gobierno de López Obrador se comprometió a cumplirla sentencia, que obligaba al Estado mexicano a reabrir las investigaciones y procesar la cadena de mando.

“Ni de los activos que estaban en el operativo, ni de los mandos, ni de los funcionarios hay un solo preso, mucho menos sentenciados –apuntó Rosales--.Ya sabemos cómo es la justicia en México y que los gobiernos es la misma porquería; sabíamos que con la sentencia empezaba otra lucha,  pero cuando menos por ya existir la sentencia tendrían que avanzar en algunas cosas pero no aquí se demuestra que no hay voluntad”.

La activista puntualizó que frente a una sentencia internacional “no hay justificación de que ‘yo no estaba’ (cuando ocurrieron los hechos)”, y reiteró mantendrán su lucha por alcanzar verdad y justicia en el caso Atenco, que merecen las víctimas de la represión pero “también toda la sociedad”.

 Italia Méndez reconoció que desde que se emitió la sentencia hasta ahora, sólo han tenido una reunión encabezada con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Vivienda, Alejandro Encinas, y que en encuentros con autoridades encargadas del cumplimiento recurren a la evasión de responsabilidad.

“Nos agobiaba mucho que en las reuniones con las autoridades responsables  del cumplimiento, la respuesta sea ‘nosotros (como gobierno)  no fuimos, sabemos que están enojadas, sabemos que hay prisa, pero nosotros no estábamos’.

“Nuestra frustración,  nuestras dudas y nuestro franca consternación tiene que ver con que, en la vía de los hechos, no han respondido a una sentencia que es obligatoria para el Estado mexicano, tienen un fallo, su obligación es vinculante y no hay para atrás”, puntualizó Méndez.

Yolanda Muñoz y Claudia Hernández reprobaron que persistan las resistencias para llevar a cabo los cambios estructurales considerados por la CoIDH como medidas de no repetición, como el Observatorio independiente de monitoreo de uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y estatal, es decir que le correspondería implementar a la Guardia Nacional, y al Estado de México.  

Lamentaron que no haya un mecanismo eficiente de atención médica y psicológica para las once mujeres, y que “a 15 años nos quieran dar aspirinas, como nos ofrecían en la cárcel cuando nos tuvieron detenidas, no hay especialistas, no hay medicamentos, no hay reembolsos de los gastos que hacemos”.

Abogadas del Centro Prodh explicaron que de las nueve medidas de reparación, sólo han sido cumplidas dos, estando entre las pendientes de cumplimiento el acceso a la justicia, el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento a los Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Observatorio independiente de uso de la fuerza.

En materia de justicia, expusieron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta en lo que se refiere a las autoridades de orden federal que actuaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, y que pese hizo uso de su facultad de atracción del expediente abierto en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las autoridades locales se resisten a declinar a favor de la autoridad federal, lo que ha llevado a las mujeres de Atenco a interponer amparos.

Melissa Zamora urgió a las autoridades a atender las medidas de no repetición ante la prevalencia de los abusos policiales contra mujeres, prueba de ello es que “el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, no corresponden a hechos ocurridos en esta administración pero sí continúan sus efectos, pues de estos casos 21 mujeres siguen en prisión, en tanto que documentamos un caso que ocurrió en noviembre de 2020”.

Apuntó que el caso del Mecanismo, “lo que se ordena es el fortalecimiento de un mecanismo que ya existía, que está conformado por varias autoridades que están involucradas en caso de tortura sexual de mujeres, y lejos que se cumpla, que se le dote un mayor marco de facultades y de presupuesto hay un debilitamiento al Mecanismo”.

María Luisa Aguilar añadió que, “en diciembre de 2018 que sale la sentencia, ya no dio tiempo a que se hicieran consideraciones presupuestarias para 2019, pero el Mecanismo tampoco fue considerado para los siguientes años, para 2020 y 2021, lo cual no se entiende en un país que dice tener una política pública feminista”.

Destacó que en cuanto a las medidas de atención médica y psicológica para las víctimas, reconoció que dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hubo un “cambio en la forma de procesar sus medidas a partir de la pérdida del fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)”.

Sin embargo consideró que persiste “una falta de capacidad de gestión administrativa de estas instituciones que no tienen una perspectiva de política de atención a las víctimas que busque generar mecanismos extraordinarios para que no resulten revictimizantes”.

Sofía Robaina indicó que en la última respuesta de seguimiento que dio el Estado mexicano a la CoIDH, en marzo pasado, rechazó la propuesta que hicieron los representantes de las víctimas del Observatorio independiente sobre el uso de la fuerza, que tendría que dar seguimiento a la aplicación de los operativos realizados por la Guardia Nacional y la policía del Estado de México.

La abogada apuntó que en su respuesta el Estado comunicó al tribunal regional “su decisión de no cumplir con lo establecido en su ordenamiento debido a que, a su parecer, los órganos de control interno y la Auditoría Superior de la Federación ya realizan ese monitoreo, además de argumentar que permitir un Observatorio ciudadano pondría en riesgo el sigilo con que operan estas corporaciones”.

Robaina consideró “preocupante” la respuesta que dio la Cancillería en representación del Estado mexicano, “sobre todo en un contexto de militarización que tiene la Guardia Nacional, y que en la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley Nacional de uso de la Fuerza, recomendó la fiscalización mediante mecanismos externos”.

La abogada puntualizó que “casos como las represiones en protestas de mujeres ocurridas en Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo, justifican plenamente la creación de un Observatorio independente”.