CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).– Un Tribunal de Juicio Oral declaró culpable a Feliciano Q. M. por el homicidio del líder rarámuri Julián Carrillo Martínez y de su hijo Víctor Carrillo Carrillo, ocurridos el 24 de octubre de 2018 y en febrero de 2016.

Se trata del primer juicio en el que la representación social y organizaciones civiles logran acreditar el daño comunitario que ha causado la agresión sistemática hacia la comunidad de Coloradas de la Virgen, localizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, ya que unas 50 familias han tenido que salir de sus rancherías para salvar su vida.

Feliciano Q. M. es señalado como autor material, estaba acusado de tres homicidios, entre estos el de un menor de edad, Ernesto, quien iba con Julián cuando lo asesinaron. El Tribunal absolvió al sentenciado de este último crimen. Aún falta conocer y enjuiciar al o los autores intelectuales. La audiencia de individualización de sanciones está programada para el jueves 11 de marzo, cuando se conocerá la penalidad y la reparación del daño a la comunidad.

Las organizaciones coadyuvantes Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) solicitaron para la reparación del daño, que las personas de la comunidad de Coloradas de la Virgen que han sido desplazadas a causa de la violencia, reciban la determinación de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y sobre todo de no repetición.

En un estado y en un país donde no existe el delito de desplazamiento forzado, el reto para las organizaciones y la Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada es demostrar el daño comunitario de las constantes amenazas y homicidios contra líderes indígenas de la región, por la defensa del territorio y recursos humanos.

El juicio oral inició el 26 de enero pasado, de acuerdo con Alianza Sierra Madre, y testificaron más de 20 personas que forman parte de la carpeta de investigación, tanto por el homicidio de Julián Carrillo como de su hijo Víctor.

Julián Carrillo era comisario de Bienes Comunales. Su lucha lo llevó a hablar frente a organismos internacionales, tenía medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del mecanismo federal que debe proteger a derechohumanistas.

Las medidas que tenía era un teléfono satelital que no funciona si no suben a determinados cerros de la comunidad para alcanzar señal. Él ya estaba desplazado porque las amenazas cada vez eran más fuertes y directas. Había regresado a su comunidad porque falleció una hija. De inmediato recibió amenazas. Dio aviso, pero no hubo una respuesta eficaz.

Julián Carrillo también acudió con su comunidad y con Alianza Sierra Madre ante la organización Amnistía Internacional, quien en su informe condenó al Estado mexicano por la falta de protección al líder indígena y detalló la lucha que han dado por el territorio.

La Secretaría del Medio Amiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un permiso a Coloradas de la Virgen para talar el bosque, en 2007. La comunidad indígena ha exigido que se anulen los permisos. En 2013 las agresiones fueron más fuertes contra los líderes de la comunidad y contra los abogados, quienes dejaron de ir por varios años al territorio y emprendieron la defensa con otras estrategias.

En 2014 recibieron las medidas de protección y, al siguiente año, el Tribunal Agrario suspendió los permisos de tala. La consecuencia fue el incendio de la casa de Julián Carrillo y, posteriormente, el asesinato de su hijo Víctor y otros cuatro defensores en 2016.

La defensa continuó en instancias federales e internacionales. El Tribunal Agrario solicitó reiniciar el proceso del permiso de la tala y asesinaron al yerno de Julián Carrillo. En ese lapso, el líder indígena se desplazó a otra región para salvar su vida porque las amenazas habían arreciado, pero al regresar a su comunidad, lo asesinaron.

El día que lo asesinaron, corrió al cerro para intentar avisar que lo estaban siguiendo. Iba acompañado de un menor de edad, a quien le dijo que huyera. Momentos después lo mataron.

Actualmente, la mayoría de las familias del centro de Coloradas de la Virgen se encuentran desplazadas en diferentes puntos del estado.

Entrevistados durante los días del juicio, dieron a conocer que actualmente quedan dos o tres familias. La comunidad de Coloradas de la Virgen se conforma por más rancherías con distancias de hasta dos o tres horas una de otra. Habitaban aproximadamente 700 personas indígenas, la mayoría rarámuri y otra ódami o tepehuanas.

El 12 de febrero pasado, un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes condenó a tres años de prisión domiciliaria en un albergue para menores infractores, ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, a A.P.C.C, a un adolescente que participó en el homicidio de Julián, junto con José Feliciano.

El sentenciado se sometió a un procedimiento abreviado, reconoció su culpabilidad y fue sentenciado con las pruebas presentadas por la Fiscalía Zona Sur. Fue detenido en enero de 2019 en la localidad Las Papas de la misma región.

Otros antecedentes

Cuatro días antes del homicidio, integrantes de la comunidad de Choréachi, que viven una problemática similar y han perdido líderes por homicidios, dieron una rueda de prensa para anunciar que el Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México, los reconoció como dueños de su territorio ancestral.

Los últimos ocho años la Dirección de Minas otorgó cuatro concesiones mineras cerca de las comunidades de Coloradas de la Virgen y Choréachi, en los límites de Morelos y Guadalupe y Calvo, informaron. Tiempo después lograron frenar por lo menos una de las minas.

Una de las concesiones fue otorgada el 24 de mayo de 2010 con una vigencia de 50 años, título 236200 llamada la Mesa del Cobre, expediente 016/38808. La concesión está a nombre del empresario Humberto Ayub Touché junto con Arcadio Fontes Martínez y Artemio Fontes, este último señalado por pobladores de las dos comunidades afectadas como el cacique que los ha amenazados durante décadas.

“Antes no había de esas siembras (droga). Pero ahora ahí vive Artemio Fontes y se ha integrado a los grupos malos. Cuando eran jóvenes, Julio fue hasta a México luchando, contra Artemio. Nosotros aprendimos a defender la tierra de ver y escuchar cómo defendían los demás, a dónde iban, viendo a los papás y a los mayores. Las pláticas ayudan, estar en las reuniones, todo”, dijo Julián Carrillo dos años antes a Proceso.

A pesar de la situación de acoso que sufrieron con más intensidad desde la década de los 80, podrían caminar por toda la sierra. Desde hace cinco años ya no lo pueden hacer con libertad.

La concesión otorgada a Ayub Touché, y los Fontes, comprende 3 mil 104 hectáreas y está ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Las otras tres concesiones son Las Estrellas, título 246243 expedida el 5 de abril de 2018; otra fue expedida el 5 de octubre de 2015 con el título 244491, se llama Polo y tiene capital canadiense, en el municipio de Morelos (Coloradas de la Virgen colinda con ese municipio), a nombre de Lamberto Flores y Filemón Portillo Chávez.

La cuarta es San Miguel, también de capital canadiense, título 243086, en el municipio de Morelos. Fue expedida el 31 de julio de 2017 a nombre de Lamberto Flores Salazar y Filemón Portillo Chávez.

Con el acompañamiento de Alianza Sierra Madre, la comunidad rarámuri informó días antes del homicidio de Julián que el tribunal resolvió por unanimidad el recurso de revisión 357/2007-5, que revocó la sentencia de primer grado que había emitido el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, en la ciudad de Chihuahua.

La asociación Alianza Sierra Madre informó que el Tribunal Superior Agrario reconoció que la comunidad indígena de Choréachi tiene derecho a su territorio y sus bienes naturales.

La comunidad tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores comunitarios.

Los integrantes de la comunidad indicaron en rueda de prensa cuando dieron a conocer la noticia, que la resolución sienta un hecho sin precedentes para otras comunidades que defienden sus derechos territoriales y el uso y usufructo de los bienes naturales.

También pidieron a las autoridades estar atentas a la comunidad, por las represalias que pudiera provocar la decisión del Tribunal.