OAXACA, Oax. (apro).- La violencia política de género en Oaxaca se ha elevado a niveles preocupantes, a tal grado que entre 2020 y lo que va de 2021 se han iniciado 101 expedientes, según la Defensoría Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

Tras condenar el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, y solicitar a la Fiscalía General de Justicia la adopción de medidas de protección para las víctimas indirectas del hecho, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente DDHPO/CA/107/(16)/OAX/2021, mediante el cual pidió una investigación efectiva y diligente que permita dar con los responsables del crimen.

“La violencia política contra las mujeres es mucho más que un problema criminal, puesto que pone retos muy grandes a la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género”, puntualizó el ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla.

Por ello, dijo, debe atenderse desde una visión integral que garantice a las mujeres una vida libre de violencia en todos los ámbitos de su vida, tanto en público como privado.

Rodríguez Alamilla señaló que en el contexto electoral 2021 deben generarse acciones para proteger de manera integral a las mujeres que participan en el proceso y sancionar todos aquellos actos que de manera ilegítima pongan en riesgo su participación.

Ante ello, abundó, es fundamental mandar un mensaje de seguridad a todas aquellas mujeres que han decidido participar políticamente, y urgió a los diferentes niveles de gobierno a implementar acciones para sancionar las agresiones contra las contendientes.

Aunado al contexto de violencia histórica contra las mujeres, indicó, la pandemia de covid-19 las ha ubicado en un mayor riesgo en la vida privada, pero también en la pública, por lo que este proceso electoral requiere una mayor observancia y estrategias que permitan garantizar el ejercicio libre de las mujeres a participar en la política.

Apuntó que de cara al proceso electoral en el que se renovarán el Congreso local, 153 presidencias municipales regidas por el sistema de partidos políticos, así como 10 curules en la Cámara de Diputados federal, la participación plena de las mujeres en el ámbito político no sólo es un derecho humano que debe ser garantizado, sino un requisito indispensable tanto para el adecuado funcionamiento de la democracia, como para el crecimiento y desarrollo próspero de nuestras sociedades.

Es fundamental acabar con las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, puesto que ello provoca actos de discriminación y distintos tipos de violencias contra las mujeres, el más grave y visible: el feminicidio, finalizó el ombudsman.