OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida condenó al Estado y a las autoridades de Oaxaca por las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, ya que durante el sexenio del gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, se han registrados 575 feminicidios, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad, aunado de que existen más de mil 400 mujeres desaparecidas.

Las juezas que sesionaron durante dos días en esta capital consideran el estado de Oaxaca carece de personal, incluyendo autoridades ministeriales y judiciales, debidamente sensibilizadas y capacitadas para tomar decisiones y emitir resoluciones con perspectiva de género como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y lo preocupante es que “la situación más prevaleciente para el Tribunal respecto del poder judicial, fueron las diversas actuaciones con las que se acreditaron la colusión, corrupción y tráfico de influencias para beneficiar a los responsables feminicidas”.

En un juicio público, este tribunal de conciencia concluyó “la existencia de un patrón de impunidad sistemática cuyo principal justificación se encuentra en la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para implementar de forma efectiva y adecuada el marco jurídico nacional e internacional de derechos de las mujeres a una vida libre, digna, plena”.

Sin importarles los impactos psicosociales de las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, mismas que presentan sentimientos de desconsuelo, tristeza, crisis cíclicas de llanto, depresión, estrés postraumático, ansiedad, incertidumbre, enojo, decepción, impotencia, fatalismo, miedo y a veces pérdida de confianza en la humanidad. En algunos casos, explicaron, han habido impactos familiares como distanciamientos, aislamiento social, ruptura del núcleo familiar o en algunos varones el recurrir al alcohol ante la falta de herramientas psicoemocionales necesarias para hacer frente al dolor como lo dijo Elvira, “son madres y familias destrozadas” o “mujeres rotas” como lo dijo Soledad Jarquín.

Otra preocupación es el total abandono institucional a las niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas en estos delitos, hermanos e hijos de las mujeres asesinadas.

Resaltaron que “pese a que Oaxaca es una entidad que cuenta con un andamiaje jurídico e institucional para atender la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia, ya que a partir de 2012 se realizaron reformas importantes al Código Penal estatal que tipifican el delito de feminicidio; la publicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial  del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca y la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en 40 municipios de Oaxaca, siguen ocurriendo feminicidios con profundas omisiones y deficiencias para ser investigados y sancionados.

Luego de analizar los testimonios de siete casos de feminicidio ocurridos en la región de la Mixteca, en el Istmo de Tehuantepec y en el Centro del estado, las cinco juezas que integran el Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida emitieron una sentencia en la que condenan al Estado mexicano y las autoridades de Oaxaca al señalarlos como responsables de la ausencia de justicia a los funcionarios de las siguientes instituciones de Oaxaca: la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia y diversas autoridades municipales.

De igual forma, el Tribunal instó al Congreso local, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al gobernador Alejandro Murat y al Tribunal Superior de Justicia a que adopten medidas de carácter general que les permitan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En el recuento de las violaciones cometidas en los siete casos, se mencionen entre otras, la del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, y la obligación de garantizar autoridades independientes e imparciales.

Consideraron que el caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín resultó ser el de mayor complejidad debido a los actores políticos involucrados, las redes de complicidad y de corrupción en Oaxaca”.

Entonces, ante la falta de mecanismos jurídicos que permitan a una autoridad federal la investigación del mismo, recomendaron que el caso sea llevado a instancias internacionales, siendo esta la única posibilidad real de que el Estado mexicano pueda ser obligado a garantizar el acceso a la justicia, tanto a la víctima como a su madre la periodista Soledad Jarquín Edgar.

La Organización Feminista Consorcio para El Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, la Colectiva de Madres contra el Feminicidio y la Impunidad, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformaron un Tribunal Feminista contra el Feminicidio en la Ciudad de Oaxaca durante los días 29 y 30 de noviembre.

Desde la Fuente de las 8 regiones, donde el pasado 25 de noviembre fue devalada la Antimonumenta por mujeres oaxaqueñas, las juezas María de la Luz Estrada Mendoza, del OCNF; Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDHEM); Norma González Benítez, de Amnistía Internacional; Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia Propersona/OCNF y Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sesionaron públicamente.

Las familiares de las víctimas que presentaron sus casos son: Minerva Ramírez Torres, hermana de Quedma Ramírez Torres; Luz del Carmen Cámara Hernández, madre de Lizbeth Jiménez Cámara; Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne Denisse Carreño Bengochea; Norma Hernández Burgos, prima de María Carmen Paula Burgos; Gerarda Pastrana Ramírez, madre de Melisa Areli Rojas Pastrana; Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez Camacho; Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín.

Además de los cuatro casos de violencia feminicida presentados, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca atendió una denuncia anónima de violencia sexual y otra de violencia familiar, expuesta por Luvia Jeanett Altamirano Raymundo.