OAXACA, Oax. (apro).– El Tribunal Civil de París desestimó la acción legal que presentó la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en la que demandaban la suspensión del proyecto de parque eólico Gunaa Sicarú, del gigante energético francés Électricité de France (EDF), por violentar sus derechos indígenas.

Así lo dieron a conocer las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), quienes señalaron que, con esta decisión, el Tribunal Civil de Paris perdió una oportunidad histórica de proteger los derechos de un pueblo indígena mexicano frente a los intereses empresariales de Francia.

Informaron que este martes, en lugar de ordenar al gigante energético francés Électricité de France (EDF) que suspenda inmediatamente la construcción de un parque eólico en Oaxaca, que viola los derechos humanos, el tribunal desestimó la solicitud parcialmente por motivos de formalidad procesal.

En un comunicado, reconocieron que la reciente resolución forma parte de los procedimientos previos al juicio principal y, aunque no excluye todas las opciones de las demandantes en este procedimiento, la decisión del tribunal entorpece la búsqueda de justicia. 

La comunidad zapoteca alega que no fue consultada adecuadamente en el proceso de planificación, lo que supone una clara violación a sus derechos. Además, la alegada interferencia de EDF en el proceso de consulta ha provocado una escalada de violencia en la comunidad, especialmente contra defensores de los derechos humanos y del territorio.

Guadalupe Ramírez, del comité de resistencia de Unión Hidalgo, manifestó su decepción sobre la decisión de no otorgar la medida precautoria:

“Estamos decepcionados con la decisión del juez, pero seguiremos adelante en nuestra búsqueda de justicia. Es lamentable que la justicia francesa haya decidido hacer oídos sordos y callar ante los abusos cometidos por las empresas de ese país, en este caso EDF”.

Sin embargo, la defensora dijo que “al final es una buena noticia saber que el juicio va, que podremos presentar el caso y que seguiremos adelante (en Francia). Igualmente obtener las medidas (precautorias) seguirá siendo importante”.

Detallaron que “si bien quienes juzgaron tomaron la decisión positiva de reconocer la competencia del juzgado civil, rechazaron la solicitud de medidas cautelares de los demandantes por una formalidad procesal, al señalar, en una jugada polémica, que la demanda presentada en octubre de 2020 no se refería al correcto plan de vigilancia de EDF, un documento anual sobre análisis de riesgos y medidas de mitigación ante posibles violaciones a los derechos humanos”.

“Esta decisión podría sentar un peligroso precedente para futuros casos sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos obligatoria para las empresas mundiales, y no comprende la función y el contexto de las leyes de diligencia debida en materia de derechos humanos”, puntualizó.

Miriam Saage-Msass, del ECCHR, señaló que “la protección de los derechos humanos no puede reducirse a formalidades sobre el papel. Tanto los tribunales como las empresas tienen que entender esto y actuar en consecuencia”.

A su vez, la directora ejecutiva de ProDESC, Alejandra Ancheita, sostuvo que “los habitantes de Unión Hidalgo, en México, sufren las actividades comerciales de una empresa que es principalmente propiedad del Estado francés”.

Consideró que “es inaceptable que una empresa pública propiedad en un 83% del Estado francés ahogue a los jueces en consideraciones puramente procesales que no reflejan en absoluto la complejidad de las cuestiones que se plantean sobre el terreno, en Unión Hidalgo. Tanto la empresa como el Estado francés tienen una responsabilidad en el respeto de los derechos de Unión Hidalgo”.

Y Swann Bommier, del CCFD Terre Solidaire, manifestó que “a pesar de este importante revés, los jueces han reconocido, afortunadamente, la competencia del tribunal civil de París. Esta parte de la decisión está en consonancia con la reciente evolución legislativa, ya que el Parlamento francés ha puesto fin recientemente a una polémica sobre la competencia de estos tribunales, alimentada por los lobbies de las empresas que pretendían diluir el espíritu de esta ley”.