Herbeth Escalante/openDemocracy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fátima Gasca Chuc paga aproximadamente mil quinientos pesos ($75 dólares) por sus recibos de luz, una cantidad muy elevada para la región, que impacta directamente en el bolsillo familiar. Únicamente cuenta con un refrigerador, un par de ventiladores y un televisor, por lo que no entiende por qué la tarifa es tan cara.

Desde hace ocho años vive con sus hijos en el fraccionamiento Flamingos, a las afueras del municipio de Dzilam de Bravo. Su casa es humilde, no viven con lujos y se dedican a la venta de comida y pasteles para sostenerse.

Su vivienda se ubica justo enfrente del Parque Eólico Dzilam Bravo-Eólica Golfo 1, un megaproyecto que inició operaciones en 2018 para surtir de electricidad a empresas privadas. Fátima sólo tiene que abrir una de sus ventanas para observar cómo giran los aerogeneradores de 125 metros de altura, esas “veletas” que cambiaron el paisaje de dicho puerto yucateco.

"Es una contradicción que pusieran ese parque aquí para beneficiar a empresas de afuera para que paguen menos electricidad, y pasan los años y yo sigo pagando tarifas elevadas”, se quejó la mujer, de 46 años.

“Me da coraje, ese es mi dolor de cabeza, vivimos trabajando para pagar el recibo. ¡Así no podemos salir adelante!”, exclamó.

Fátima dijo que no tiene nada en contra del Parque, pero está consciente de que las empresas están obteniendo beneficios económicos a costa del territorio del pueblo y de sus recursos naturales. Los de afuera, sostuvo, están ganando mucho dinero, mientras la gente de Dzilam sigue padeciendo pobreza y no les alcanza para pagar la luz.

Las aspas de 100 metros de diámetro giran casi todos los días, aprovechando el viento que viene del mar. El zumbido le molesta a Fátima, la destantea sobre todo en las noches cuando se acuesta a dormir. El ruido se queda en su cabeza, aunque no estén girando. Ahí eligieron vivir, a unos kilómetros del mar, en donde las opciones de vivienda son acotadas. Logró tener esta propiedad con mucho esfuerzo y no tiene a dónde más ir. Llegó antes de que se construyera el parque eólico.

Y así seguirá al menos 20 años, tiempo del contrato de renta a particulares por los terrenos en donde se levantó. Para colmo, la población sufre las fallas del servicio constantemente, pues en ocasiones se va la luz dos veces por semana durante horas, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les explique las razones.

Un negocio entre privados sin beneficiar al pueblo

El Parque Dzilam Bravo cuenta con 28 aerogeneradores con una capacidad de 70 megawatts (MW), produciendo al año lo equivalente al abastecimiento de 170 mil hogares. Se trata del primer megaproyecto de este tipo en Yucatán.

La empresa mexicana dueña del Parque es Vive Energía, la cual se asoció con Envision Energy, una compañía internacional originaria de China que se dedica principalmente a la fabricación de aerogeneradores inteligentes. Uno de sus estandartes es la lucha contra el cambio climático, eliminar el uso de combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables.

La construcción y funcionamiento del Parque se enmarcó en la antigua Ley de Servicio Público de Energías Eléctrica de 1992, la cual permitía a productores privados generar energía en modo de autoabastecimiento para venderla directamente a empresas grandes.

La energía no es para Dzilam de Bravo, de hecho, es un sistema un poco perverso

Estas compañías recurren al autoabastecimiento para obtener beneficios económicos, pues al generar su propia energía, pagan una tarifa preferencial fija por el servicio de transmisión y distribución a la CFE, la cual les ahorra dinero.

Para el académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Rodrigo Patiño Díaz, la idea de producir energía limpia en principio suena bien, pero todo cambia cuando las obras impactan territorios en medio de un marco de negocio, sin generar beneficios reales para la comunidad y a la vez provocan riesgos ambientales

“La energía no es para Dzilam de Bravo, de hecho, es un sistema un poco perverso. Desde hace algunos sexenios se abrió la posibilidad de que privados puedan generar energía para hacer negocios, más allá de la idea original de la nacionalización eléctrica de suministrar a la población. En ese caso, el autoabastecimiento es vender energía directamente a empresas de cualquier lugar usando las líneas de transmisión de la CFE, sin importar si impactan entornos”, explicó.

Y es que durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se realizó la reforma a la mencionada Ley en el contexto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo el argumento de que para poder ser competitivas, las crecientes industrias requerían más energía y la CFE no tenía la capacidad suficiente para suministrarles. Fue el primer paso a la apertura a las empresas privadas, la cual finalmente se concretó en 2013 con la Reforma Energética, permitiendo la transferencia de la riqueza, los hidrocarburos, al extranjero.

Patiño, quien junto con otros académicos crearon la agrupación Articulación Yucatán para tratar de frenar los daños de los parque eólicos y fotovoltaicos, criticó que autoridades y empresas engañaron a la población con el discurso de que se requieren estas obras para mejorar el suministro eléctrico de la Península de Yucatán y con eso reducir las tarifas.

Riesgos a los ecosistemas

Articulación advirtió también, desde antes de su edificación, que el peso en toneladas de los aerogeneradores del Parque son una amenaza para el suelo kárstico de Yucatán, el cual consiste en roca caliza que se fragmenta con el paso del tiempo formando huecos, y en el que se filtra el agua de la lluvia con rapidez. Este tipo de suelo es más frágil en la zona costera, en donde se levantó dicho megaproyecto, y se corre el riesgo de que modifique las redes hidrológicas del subsuelo.

Además, las aspas provocan la muerte de aves endémicas y migratorias, así como de los murciélagos, polinizadores importantes en la región. De igual forma se fragmenta el hábitat de los animales y genera ruido y contaminación visual.

Existe un esquema de protección ecológica para el litoral yucateco que se creó en 2007 de la mano de académicos, autoridades y pobladores, el cual no contemplaba que se instalara la industria eoloeléctrica en ninguno de los municipios costeros debido a la fragilidad de sus ecosistemas. Se trata del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Yucatán, que la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) modificó en 2014 exclusivamente para abrirle la puerta a los parques eólicos y solares.

Ahora se permitía el desarrollo portuarios-marinos, aprovechamiento forestal maderable y no maderable, y la Industria eoloeléctrica.

Más de 70 académicos yucatecos que hace 14 años participaron en la elaboración del Programa estaban enojados y se pronunciaron en contra del cambio. Recordaron que los talleres y las consultas que se hicieron con la población en el pasado para determinar las vocaciones y los mecanismos de protección para los ecosistemas y las sociedades que viven en cada localidad, se fueron por la borda.

“El Programa que hicimos en 2007 planteaba restricciones porque el litoral está lleno de Áreas Naturales Protegidas y por su amplia biodiversidad. Se hizo el cambio en el gobierno de Rolando Zapata Bello (2012-2018) sin que se entablara un diálogo con poblaciones locales. Se hizo una supuesta consulta bajo el agua, de la que nadie se enteró”, criticó Patiño.

Aseguran que los impactos son menores

El director de Vive Energía, Benigno Villarreal del Río, contó que, como parte de su proyecto de crecimiento, Envision Energy decidió invertir en el mercado norteamericano y el primer paso fue vía México, por eso ambas empresas se asociaron, para impulsar de manera conjunta sus propios parques de energías renovables.

Dijo que como en el de Dzilam de Bravo generan energía limpia, la cual es más barata que la de los hidrocarburos, las empresas privadas que son sus clientes obtienen beneficios económicos importantes al reducir costos en sus procesos de producción. Es decir, obtienen un insumo estratégico que los pone en ventaja frente a sus competidores.

“Si bien es cierto que los tomadores de esa energía desde un punto de vista administrativo-económico son empresas privadas, lo más importante es que la energía que se produce ahí se queda en el sistema eléctrico peninsular, es decir, la energía física es consumida por las familias más cercanas al parque”, indicó Villarreal para justificar su modelo de negocio.

Al preguntarle sobre las quejas de la población por las elevadas tarifas y fallas en el servicio, enfatizó que esa no es responsabilidad de su empresa, ya que la ley faculta exclusivamente a la CFE para el suministro domiciliario. “Nosotros qué más quisiéramos poder proveer de energía directo a ellos, pues es un gran mercado”, agregó.

Y sobre las críticas de Articulación Yucatán, Villareal declaró que son voces aisladas, ya que la gran corriente científica a nivel global sostiene que los proyectos de energía renovable son las que menos impactan al medio ambiente.

Además, aseguró que en las regiones en donde se instalan estas megaobras se crean corredores biológicos y “oasis ambientales” para la reproducción y hábitat de especies endémicas, debido a las acciones ecológicas que implementan las empresas al cumplir con los permisos gubernamentales de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Como ejemplo de que los daños “son muy pequeños”, calculó que sólo entre 50 y 60 aves mueren al año impactadas por las aspas del Parque de Dzilam. “Mueren más en los cables de electricidad, en las carreteras o en los edificios que en un parque eólico”, enfatizó.

Es más, señaló que en el Parque cuentan con una torre de avistamiento de avifauna y que los biólogos del complejo tienen la facultad de pedir que se detengan los aerogeneradores cuando se acercan parvadas para evitar colisiones.

Pese a los dichos del empresario, el antropólogo Juan Carlos Encalada Gómez precisó en su investigación “Producción del Parque Eólico Dzilam Bravo. Estrategias para lograr el control y explotación de un espacio” , que al menos dos instituciones científicas de Yucatán criticaron en la opinión técnica de la MIA de dicho proyecto –elaborado en 2013- las medidas de prevención y mitigación con respecto a la fauna.

Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) señaló que no se presentaron las medidas de prevención para la avifauna, y que las correspondientes a la fauna terrestre no son aceptables en términos científicos. Incluso en ese Manifiesto no se registró la especie colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza), ave cuasi endémica de la Península de Yucatán y que está en peligro de extinción, la cual anida precisamente en la región de Dzilam de Bravo.

En la opinión técnica, indicó Encalada Gómez, también se recalca la ausencia de información sobre el ruido de los aerogeneradores e impactos a las poblaciones humanas por efectos de sombra y parpadeo.

No hubo un estudio regional

Actualmente operan cinco parques eólicos y solares en Yucatán, que en total tienen una capacidad instalada de 300 megawatts: dos en Progreso, uno en Peto, otro en Tizimín y el de Dzilam de Bravo. De acuerdo con el Gobierno del Estado, están en desarrollo otros 24, para los cuales se invertirán más de 84 mil millones de pesos.

Tan sólo de la Primera Subasta en la que se adjudicaron 18 proyectos, nueve fueron para la Península. A pesar de que se trata de una cifra elevada en una región específica, no se hizo un estudio de los impactos ambientales y sociales a nivel acumulativo y sinérgico.

La Ley dice que la Secretaría de Medio Ambiente debería hacer ese estudio a fin de entregar permisos a cada empresa antes de que empiecen a operar todas. En la práctica nunca lo hizo

Desde entonces se han realizado diversas protestas en algunos municipios de la entidad para tratar de frenar estos megaproyectos, sobre todo porque nunca se les consultó adecuadamente a los pobladores indígenas. Se han registrado manifestaciones de ejidatarios de Motul en contra de las empresas Aldesa y Aldener; de habitantes de Muna que se oponen a los parques solares Ticul A y Ticul B; y de pobladores de Valladolid, quienes incluso promovieron un juicio de amparo y consiguieron la suspensión definitiva del proyecto Yucatán Solar, propiedad de Lighting Park y Jinko Solar.

En la Ley de Transición Energética se menciona que para las zonas con alto potencial de Energías Limpias es necesario hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para valorar regionalmente los impactos ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y control a las que deben sujetarse los desarrolladores de los proyectos eléctricos.

A través de la EAE se tiene que establecer reglas específicas para evitar afectaciones severas como las ocurridas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, zona en donde también se instalaron decenas de parques eólicos. Ahí se han documentado conflictos sociales entre los pobladores por la propiedad de la tierra donde se ubica el recurso eólico, degradación de la calidad del paisaje, la pérdida de biodiversidad, y afectaciones a la salud por la generación de ruido mecánico y aerodinámico, entre otros.

“La Ley dice que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) debería hacer ese estudio a fin de entregar permisos a cada empresa antes de que empiecen a operar todas. En la práctica nunca lo hizo en la Península Yucatán y dio los permisos de manera individual”, lamentó Patiño Díaz.