OAXACA, Oax. (apro).- A un año de que la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presentó una demanda civil ante la Corte de París contra la empresa Electricité de France (EDF), la cual pretende imponer el parque eólico Gunaa Sicarú (Mujer Bonita), se realizó la primera audiencia en Francia donde argumentaron violación a sus derechos humanos como pueblo indígena.

Con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR en inglés), se realizó, el pasado martes 26 de octubre, la primera audiencia, la cual fue calificada como un hecho histórico al ser la primera demanda civil en su tipo iniciada por una comunidad indígena en Francia.

En la demanda civil presentada el 13 de octubre de 2020, ante la Corte de París, los comuneros zapotecos solicitan la suspensión del proyecto del “gigante energético” hasta que la firma francesa cumpla su obligación de respetar derechos humanos y se garantice el consentimiento libre, previo e informado entre los pobladores de Unión Hidalgo.

Alejandra Ancheita, fundadora y directora ejecutiva de ProDESC manifestó que “esta decisión es un primer paso en la búsqueda, desde las comunidades afectadas por actividades empresariales irresponsables, de la efectividad del enfoque preventivo de la Ley de Vigilancia, y con ello asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de México y el Sur Global”.

Detallaron que sus asesores legales se presentaron a la primera audiencia en cortes francesas de París en el marco de la demanda que esta comunidad del Istmo de Tehuantepec interpuso en octubre de 2020, la cual busca determinar la responsabilidad de la empresa EDF por violaciones a la ley de vigilancia francesa y abusos a los derechos humanos del pueblo zapoteco con motivo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

Durante esta primer audiencia, la comunidad, ProDESC y el ECCHR, acompañada además por su aliado CCFD- Terre Solidare, presentaron los primeros elementos para que la justicia francesa se pronuncie por ordenar a EDF a que suspenda la implementación de su proyecto de más de 115 aerogeneradores que tiene planeado y restituir los daños ya hechos a esta pequeña comunidad oaxaqueña.

En la audiencia incidental en el juicio, la jueza de la Corte Judicial de París que lleva el caso, escuchó argumentos orales de las abogadas que representan a la comunidad, así como a la defensa (EDF), en torno a excepciones procesales planteadas por EDF y a la medida de suspensión solicitada, como parte del enfoque preventivo de la Ley sobre el Deber de Vigilancia, aprobada en 2017.

Esta ley es la primera en establecer obligatoriamente la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y con ello prevenir abusos por parte de corporaciones francesas.

De acuerdo con la denuncia, EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado así como por ataques a activistas en defensa de los  derechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar los derechos humanos.

Cabe mencionar que la comunidad zapoteca tuvo que acudir a instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobierno mexicano.

Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.

EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de la comunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.

Finalmente consideran que la audiencia de este martes llevada a cabo en tribunales franceses abre el camino para el acceso a la justicia y representa una valiosa oportunidad para probar la efectividad de la ley del deber de vigilancia y prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por las conductas empresariales.