OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa desacató la sentencia de amparo dictada por la titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes, al suplantar a las autoridades federales para impulsar “consultas simuladas” en Unión Hidalgo y aprobar la construcción del parque eólico Central Eólica Gunaa Sicarú, promovido por filiales mexicanas de la multinacional francesa Electricité de France (EDF). Por tal razón, el coordinador del área de justicia del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz, informó que ya iniciaron “un procedimiento de queja ante el punto nacional de contacto en Francia por incumplimiento de la empresa EDF al violar los derechos humanos y los tratados internacionales de respeto a los pueblos originarios”. Añadió: “Estamos valorando iniciar algún otro procedimiento en Francia contra la empresa por violaciones a los pueblos originarios y ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque los procesos de consulta están plagados de irregularidades, además de que los y las defensoras han sido criminalizados”. Por su lado, la representante legal de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, denunció que esas empresas transnacionales “erosionaron el tejido comunitario de la región porque aumentaron los niveles de violencia, de amenazas y asesinatos”. Ambos abogados manifestaron su preocupación “de que pueda haber represalias contra la juez y defensores comunitarios en campo por documentar y exigir que la consulta sea libre, previa e informada”. En una conferencia realizada frente a los juzgados federales, reconocieron que por primera vez en la historia de México una consulta para la realización de un megaproyecto energético está siendo supervisada por la autoridad judicial federal. ProDESC y organizaciones aliadas hicieron un amplio reconocimiento a las decisiones tomadas por la juez Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes, quien al dictar una sentencia de amparo en favor de la comunidad Unión Hidalgo, Oaxaca, busca garantizar de manera efectiva la realización de una consulta informada y libre para que sea la comunidad la que apruebe o rechace la construcción del parque eólico Central Eólica Gunaa Sicarú. Consideraron que la determinación de la juez de resolver un amparo a favor de la comunidad --que por efecto de su sentencia deberá suspenderse la construcción de la Central Eólica Gunaa Sicarú-- va a contracorriente de la normalidad jurídica del país, que hoy día permite la violación sistemática de los derechos a la libre determinación, al consentimiento libre, previo e informado, y a la definición de las propias prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas. “Hablamos de un sistema que discrimina estructuralmente a los pueblos y comunidades indígenas, sumado a contextos de estigmatización, criminalización y violencia contra indígenas defensoras y defensores de derechos humanos, y favorece intereses de empresas transnacionales y de la iniciativa privada por sobre los de los pueblos y comunidades”, puntualizaron. A pesar de los amparos otorgados por la juez Franco Cervantes, subrayaron, la Secretaría de Energía, el gobierno del estado de Oaxaca y las autoridades del municipio de Unión Hidalgo continúan presionando para que la consulta se desarrolle de manera inadecuada, violentando con ello el derecho al consentimiento libre, previo e informado. En México, por experiencia de las organizaciones firmantes, son excepcionales los casos en los que se pueden prevenir las violaciones graves y los daños irreparables a las víctimas de megaproyectos. Es por eso que las resoluciones de la juez Franco Cervantes tienen una trascendencia mayúscula para fortalecer y aplicar en la realidad los derechos fundamentales de los más desprotegidos ante la voracidad de las grandes empresas trasnacionales como Electricité de France, explicaron. Además, los abogados denunciaron el alarmante aumento del hostigamiento y acoso contra los líderes comunitarios, con el objetivo de amedrentarlos para que los intereses de Electricité de France (EDF) en México se impongan sin respeto alguno a la ley y a los derechos humanos. La implementación de resoluciones, como la dictada por la juez Franco Cervantes, constituyen una oportunidad única para desarrollar procesos de consulta que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, como el caso de Unión Hidalgo en Oaxaca, finalizaron.