OAXACA, Oax. (apro).– Habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se manifestaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, porque ha retardado la sentencia para restituir sus derechos a comuneros que fueron falsamente dados por muertos para despojarlos de sus tierras.

Acusaron que Alma Morales Arias, en complicidad con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Registro Civil del estado de Oaxaca, dieron por muertos a más de mil comuneros del núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán para así eliminarlos del padrón de comuneros.

Los comuneros dados por muertos acudieron ante el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León a solicitar la nulidad absoluta de esos actos ilegales, sin embargo, a más de dos meses de haber concluido el juicio, no se ha dictado la sentencia.

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, agregó que los comuneros interpusieron otro juicio donde se está exigiendo la nulidad del acta de asamblea de fecha 17 de noviembre de 2017, mediante el cual Alma Morales Arias y sus cómplices incorporaron al programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) al núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán, sin que los legítimos comuneros dieran su consentimiento.

En esa asamblea también se autonombró una supuesta comisión negociadora ante el Cosamer para la venta de su territorio comunal, donde Alma Morales Arias y otras personas de la tercera edad se otorgaron estos poderes.

Por lo pronto, el programa Cosomer ya emitió los cheques con fecha 12 de marzo de 2020, que avala la cantidad de 12 millones 611 654 pesos, otros con fecha 18 de noviembre de 2020 que ampara la cantidad de 9 millones 475 mil 285 pesos y que en suma dan 22 millones 86 mil 940 pesos, los cuales solo pueden ser cobrados por Alma Morales Arias y demás integrantes de la comisión negociadora.

Pese a estas irregularidades, a más de dos meses de interpuesta la inconformidad, el citado Tribunal Unitario Agrario ha omitido pronunciarse al respecto.

Mientras tanto, los afectados constituyeron una asamblea permanente y en alerta máxima, desde donde denunciaron la tardanza del Tribunal Unitario Agrario para emitir su veredicto, por lo que comisionó a una representación de más de 40 comuneros para acudir al Tribunal para informarse de los motivos en la tardanza.

Cabe recordar que en agosto de 2021, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se comprometieron a resarcir los daños causados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, quienes están vivos.

Además, hicieron el compromiso de investigar y sancionar a los funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria involucrados en los hechos.

Con el objeto de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio indígena, funcionarios de esos tres órganos declararon como fallecidos y sepultados, pese a encontrarse vivos, a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).